El nuevo escenario político nacional ha venido acompañado de una multiplicidad de análisis y propuestas de políticas públicas que el gobierno debería seguir para satisfacer las demandas sociales. Un consenso notable es que el gobierno debe estar más cerca de la gente y de sus necesidades pues se entiende que, frente a la inestabilidad de los actores políticos, una alianza con la ciudadanía podría dar fortaleza al gabinete de César Villanueva.
Esta idea parecería partir de la premisa de que existe “una” ciudadanía que tiene una voz común. Esto no es necesariamente cierto pues, en realidad, estamos frente a una amalgama compleja de demandas muchas veces contradictorias. No obstante, y más allá de la dificultad de identificar a los interlocutores que podrían brindar ese soporte político, creo que de lo que sí se trata es de solucionar las demandas esenciales de distintos sectores de la sociedad como, por ejemplo, las víctimas del conflicto armado interno y su lucha por la reparación y contra la impunidad, el reconocimiento efectivo de la igualdad para las mujeres, las demandas de los pueblos indígenas y su relación con las actividades extractivas, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la educación, la seguridad ciudadana, el transporte público, o las demandas por una vida libre de corrupción, entre otras.
Pero la razón más importante para prestar atención a todas estas demandas sociales es que estas tienen un claro referente en el ejercicio de derechos y, más concretamente, en el goce efectivo de derechos humanos. Prescindir de este referente ético y jurídico podría generar que las medidas y políticas que se adopten en los próximos tiempos sean oportunistas, meramente basadas en el cálculo político y, en definitiva, arbitrarias.
Los derechos humanos pueden ayudar a encauzar este nuevo momento político, pues ofrecen una base normativa muy sólida que encuentra sus referentes no solo en el plano jurídico nacional, sino también en estándares internacionales que el Perú ha asumido soberanamente. Además, los derechos humanos dotan de dirección y legitimidad a las políticas públicas pues ayudan a determinar una agenda prioritaria y repercuten directamente en su legitimidad y aceptación. En esta medida, demandas de salud o educación deben coexistir con pedidos de reparación por violaciones de derechos humanos o construcción de oportunidades para comunidades históricamente discriminadas como los pueblos indígenas.
En la práctica contemporánea de Naciones Unidas, por ejemplo, esta relación entre derechos humanos y políticas públicas ha generado que principios fundamentales como el de igualdad y no discriminación, el de participación e inclusión, y el de transparencia y rendición de cuentas deban tenerse en cuenta para la elaboración de políticas públicas con enfoque derechos. Esto además, no debe olvidarse, deviene un elemento que mejora las relaciones sociales y refuerza cotidianamente la inclusión de las personas o grupos focalizados.
Finalmente, la mejora de la educación en términos de disponibilidad, acceso y calidad, o proveer servicios básicos de agua y saneamiento a todos los peruanos o eliminar la violencia contra la mujer, entre otros, forman parte de los diecisiete objetivos del desarrollo sustentable que propugna Naciones Unidas y que nuestro país debe cumplir para el año 2030.
*Vía PuntoEdu
