Se clausuró el Curso de Especialización en Justicia Transicional, Políticas Públicas y Búsqueda de Personas Desaparecidas organizado por el Idehpucp y el CICR en Ayacucho
El conflicto armado interno en el Perú (1980-2000) dejó como saldo un aproximado de 69,000 personas asesinadas y desaparecidas[1]. La situación de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera particular, ha sido dramática. Sin una base de datos unificada y con un Estado incapaz y sin conocimientos para abordar esta problemática de manera integral, aún existe una gran deuda con los familiares a casi 20 años de haber culminado el conflicto. Recientemente, el Estado peruano dio un avance importante para abordar la problemática de las personas desaparecidas durante este período en materia de políticas públicas.
En junio de 2016 se promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas Durante el Período de Violencia 1980-2000[2], mientras que en diciembre de ese mismo año se presentó el Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. El principal aporte de la ley y del plan es su enfoque humanitario destinado a promover la búsqueda, identificación y restitución de los restos de las personas desaparecidas y dar una respuesta a la necesidad de información de los familiares respecto al paradero de sus seres queridos; además de permitir la creación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ente encargado de implementar la política. Adicionalmente, la política incorpora el aporte de los familiares a lo largo de todo el proceso de búsqueda a través de su participación en distintas etapas –desde la investigación hasta la restitución de los restos-, lo que implica reconocer a los familiares y a sus organizaciones como sujetos activos en la implementación de la política y también como ciudadanas/os.
En ese contexto, para una implementación eficaz y de forma coordinada entre las distintas instituciones del Estado que intervienen, así como entre éstas y las organizaciones de la sociedad civil, y principalmente, las asociaciones de víctimas de la violencia, es imprescindible que los distintos actores, en primer lugar, conozcan el marco en el que se inserta la política –el de la justicia transicional- y, en segundo lugar, puedan construir puentes y diálogo entre sí para la realización de acciones conjuntas y planificadas estratégicamente; todo ello siempre teniendo como foco las demandas y necesidades de los familiares.
Es por ello que el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP y el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR diseñaron e implementaron el Curso de Especialización en Justicia Transicional, Políticas Públicas y Búsqueda de Personas Desaparecidas en la ciudad de Ayacucho, como una forma de fortalecer las capacidades, conocimientos y herramientas de los actores que intervienen en la política. El programa de formación estuvo dirigido a fiscales, peritos del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y representantes de ONG de derechos humanos y asociaciones de familiares de Ayacucho, que fue además la región más golpeada por la violencia durante el período 1980-2000 y la que tiene el mayor número de personas desaparecidas[3].
El curso tuvo una duración de 60 horas lectivas y fue realizado entre los meses de mayo y agosto del presente año, en la sede de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, teniendo un total de 23 participantes. La malla curricular constó de 4 módulos en los que participaron docentes de la PUCP y externos especializados en la temática: i) Justicia transicional y políticas públicas para la búsqueda de personas desaparecidas; ii) Comunicación política y estratégica; iii) Participación e incidencia para la búsqueda de personas desaparecidas; y iv) Enfoque psicosocial y gestión de conflictos en el proceso de búsqueda.
En una ceremonia emotiva, la clausura del curso fue realizada el día viernes 6 de septiembre en el auditorio de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN, sede Ayacucho, en la que participó en representación del IDEHPUCP, Iris Jave, Coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos, y en representación del CICR, Gisselle Canales. El evento sirvió para entregar los certificados de culminación y constancias de participación a los y las estudiantes y darle la palabra a algunos de estos.
Así, la Dra. Jhousy Aburto, Fiscal Provincial de Ayacucho, quien ha sido una figura importante en materia de judicialización por violaciones a los derechos humanos en la región, agradeció haber tenido la posibilidad de asistir al programa formativo y reflexionó sobre la importante que fue reunir a los distintos actores del Estado –Fiscalías, Equipo Forense Especializado, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- y de la sociedad civil –organizaciones de derechos humanos y asociaciones de familiares- en un mismo espacio a dialogar, discutir y entender las competencias, roles y aportes de cada uno en procesos de búsqueda, pues solo se forma coordinada puede responderse al objetivo final que es dar respuesta a los familiares.
Yuber Alarcón, por su parte, quien es el Coordinador regional de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel en Ayacucho, reconoció el aporte del IDEHPUCP y del CICR por continuar apostando por la formación y desarrollo de los actores del Estado y de la sociedad civil en las regiones más golpeadas por el país y enfatizó en que la deuda pendiente para las víctimas no se reduce a un solo aspecto, sino que debe ser integral y, por tanto, la respuesta del Estado debe ser de la misma, por lo que programas formativos como estos contribuyen a que pueda surgir el diálogo entre los distintos actores.
El IDEHPUCP reconoce que aún falta mucho por reparar a las víctimas de la violencia y de sus familiares y por reconocerlos como ciudadanos con iguales derechos. Somos conscientes, también, que el Estado ha venido dando pasos para satisfacer esta necesidad de las víctimas por ser escuchadas, por encontrar justicia y por participar más activamente. Sin embargo, reconocemos que estos esfuerzos no deben ser aislados o independientes entre sí, sino por el contrario que sean el producto de una conjugación de fuerzas y relacionamiento constante dentro del Estado y entre éste y la sociedad civil, y aún más cuando se trata de una problemática que tiene largo tiempo sin ser resuelta. El compromiso existe.
*Eduardo Hurtado, investigador del IDEHPUCP, es actualmente miembro del Área de Proyecto y Relaciones Institucionales.
[1] Comité de entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: IDEHPUCP, MISEREOR
[2] Ley N° 30470
[3] De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro – RENADE, el número de personas desaparecidas de Ayacucho ascendía a 9,903 al año 2018.
