Cristina Blanco, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP, intervino en este evento, enfatizando en la necesidad de contar con un Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos en nuestro país. Desde su punto de vista, este debe ser un tema prioritario en la agenda de derechos humanos en el Perú, dado que tiene una fuerte relevancia en ámbitos como la conflictividad social, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, entre otros.
En esa medida, los Princpios Rectores marcan el inicio de una nueva etapa, en la que los retos están vinculados a lograr su implementación y efectividad en los contextos nacionales. «Esta es la tendencia mundial sobre una nueva manera de hacer negocios, en la que el respeto de los derechos humanos determina un éxito empresarial basado en criterios de sostenibilidad, competitivad e innovación», anotó.
Blanco señaló que estamos ante una materia donde se requiere de una articulación entre diversos actores para poder avanzar. «El Estado debe ser el ente que articule a empresas y asociaciones empresariales, sociedad civil organizada y academia, y a las distintas entidades del ejecutivo relevantes». En esa medida, felicitó el liderazgo del Ministerio del Interior en el impulso a estos temas, pero indicó que se requiere involucrar a otras entidades clave como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, la Defensoría del Pueblo, entre otras. También saludó el compromiso expresado por el actual ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, para implementar un Plan Nacional de Acción, tarea que debe ser asumida por el próximo gobierno con seriedad, para darle continuidad a lo ya avanzado. «Colombia es el único país de la región que ha adoptado ya un plan, colocándose a la vanguardia. Hay varios otros, como Chile y México, que están en camino. En el Perú debemos iniciar también este proceso», sostuvo.
El PNA, a su criterio, permitirá que los Principios Rectores se transformen en políticas públicas, de modo tal que se incorpore el enfoque de derechos humanos en la interrelación entre Estado y empresas. A criterio de nuestra coordinadora académica y de investigaciones, las experiencias comparadas y las pautas internacionales sugieren que el proceso de elaboración del Plan debe ser participativo, transparente y convocante. Asimismo, debe contarse con una comisión multisectorial con presencia de todos los sectores relevantes, apuntar a tener coherencia con los demás instrumentos de política pública, disponer competencias claras y directas por cada uno de los sectores involucrados, contar con indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación, así como, por supuesto, dotarlo de presupuesto.
Sobre el contenido del Plan, Blanco indicó que se espera que este sea un documento que incorpore un enfoque basado en pautas transversales y generales para los distintos rubros de la actividad económica, complementado con pautas concretas por sector, pues presentan desafíos distintos para los derechos humanos. «Debe priorizarse o ponerse especial atención a rubros como el extractivo, que tienen una alta implicancia en el ejercicio de derechos. Es aconsejable también que se tenga un enfoque diferencial, en función a la problemática y derechos específicos, por ejemplo, de mujeres, niños, personas con discapacidad o pueblos indígenas», acotó.
Por su parte, Dante Pesce, miembro del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, nos manifestó que todos los países del mundo vienen desarrollando, con distintos niveles de velocidad y entusiasmo, sus marcos de políticas públicas para operacionalizar los acuerdos internacionales sobre empresas y derechos humanos. Remarcó la necesidad de contar con un Plan de Acción Nacional sobre la materia que involucre a todos los sectores gubernamentales concernidos, así como mecanismos de diálogo y la incorporación de distintas visiones pensando en su implementación. A su criterio, es necesario que el Estado incorpore estos estándares tanto a las empresas estatales como a mecanismos de contrataciones públicas y que involucre al sector privado a través de un marco regulatorio que combine obligaciones legales con incentivos. «Con un gobierno nuevo, se tiene la posibilidad de iniciar un proceso que no se ha llevado a cabo en nuestro país», remarcó el especialista.
El IDEHPUCP tiene, dentro de sus líneas de trabajo, el vínculo entre empresas y derechos humanos, trabajando desde la investigación, específicamente con un enfoque de asesoría a las empresas en una lógica de prevención. Es difícil poder señalar a priori si existen empresas más o menos responsables con los derechos humanos, si es que no se cuenta antes con indicadores que permitan medir la gestión de las empresas con respecto a este tema. Por ello, la apuesta del Instituto es desarrollar tales indicadores, que puedan luego servir luego para tener certeza respecto al cumplimiento y la manera de cumplir los derechos humanos en las empresas
(20.07.2016)
