Ir al contenido principal Ir al menú principal Ir al pie de página
Notas informativas 9 de diciembre de 2013

El informe tiene como objetivo central presentar un diagnóstico nacional sobre la situación de la seguridad y el respeto a los derechos humanos, orientado de manera particular al análisis de esta situación en el sector extractivo del país teniendo como eje central las directivas señaladas por los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos (Principios Voluntarios).

Para cumplir este propósito, se revisó legislación nacional e internacional sobre uso de la fuerza por parte de agentes del Estado y empresas de seguridad privada. Asimismo, se realizaron entrevistas en profundidad a actores estatales, empresas de seguridad privada y sociedad civil organizada en tres zonas del Perú con presencia de empresas extractivas y en la ciudad de Lima.

Como contexto general, se encontró que la conflictividad social es un fenómeno de gran escala e importancia en la actualidad peruana, como lo corroboran los estudios realizados por la Defensoría del Pueblo y en los cuales se específica que los motivos principales de dichos enfrentamientos son socio ambientales. En estas circunstancias, una parte considerable de la población percibe que las entidades del Estado están asociadas con los intereses de las empresas por sobre los de la población. Al respecto, no existe una real comprensión de las necesidades, reclamos y percepciones de las poblaciones vinculadas a las zonas de actividades extractivas, especialmente fuera de la zona de influencia directa, teniendo en cuenta la falta de presencia del Estado en dichas zonas y la falta de confianza existente hacia el Estado y hacia la actividad privada por parte de estas poblaciones.

El capítulo I del presente informe presenta las principales regulaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA), en particular, lo referido a recursos humanos, equipamiento y regulación del uso de la fuerza

Se encontró que la atención policial se encuentra centralizada en Lima y no en las demás regiones del país. Ello resulta preocupante en tanto que las ciudades más afectadas por problemas de seguridad ciudadana y las regiones con mayores conflictos sociales no tienen las fuerzas policiales. Por esta situación, en momentos de convulsión social, en defecto de las Unidades de Servicios Especiales (USE), operan para el restablecimiento del orden interno las fuerzas de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DINOES), provenientes de Lima y entrenadas para otro tipo de labores, dado que su función principal es el apoyo a la lucha contra el terrorismo.

Durante los últimos años el boom del sector extractivo en el Perú, ha cambiado la configuración social y territorial de varias comunidades y el papel y presencia de la PNP en ellas. Una consecuencia de esta situación es que algunas empresas suscriben convenios con la Policía para contar con servicios de seguridad (de agentes en funciones o en días de franco).  Si bien esta fórmula no es ilegal, genera confusión en los ciudadanos, así como la deslegitimación de la función policial y el incremento de la desconfianza de la población en sus autoridades. La figura del convenio tiende a identificar a la policía con la seguridad privada de la empresa, de manera que la población siente que la PNP no los protege adecuadamente cuando se produce alguna alteración del orden público que involucre a una empresa extractiva.

Si bien es cierto que miembros de la PNP recibe formación en derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo a las entrevistas realizadas con los representantes del Ministerio del Interior, de la Defensoría del Pueblo y del Comité Internacional de la Cruz Roja, esta formación no resulta suficiente ni es constante a lo largo de todo el proceso formativo.

Asimismo, a pesar de existir un marco legal ambiguo, que permitiría su ingreso en situaciones de declaración de estado de emergencia motivada que no califican como conflicto armado, las FFAA tienen un bajo nivel de participación en los conflictos sociales.

El capítulo II del informe analiza la regulación nacional de las empresas de seguridad privada, y su relación con las fuerzas públicas en caso de situaciones de conflictividad.

No existe en la legislación nacional disposiciones que regulen el uso de la fuerza por parte de las empresas de seguridad privada. Se regula el tipo de armamento y municiones, pero no existe un protocolo de selección del personal, capacitación al mismo, y uso de la fuerza. Se espera que la recientemente creada Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) adopte las disposiciones necesarias para regular dicho vacío, de lo contrario la adopción de estas medidas solo dependerá de los contratos de las empresas de seguridad y las empresas a las que brindan estos servicios y no podrá ser una norma exigible a todos los casos. 

Además, si buen existe una práctica correcta de no armar a los agentes de seguridad privada de las empresas extractivas, dicha medida es tomada por exigencia de las propias empresas extractivas, sin que existn mecanismos adecuados de supervisión y capacitación de estas fuerzas privadas.

El Capítulo IIII presenta un análisis del rol de las fuerzas privadas y públicas en situaciones de conflictividad, así como las posibilidades de implementación de los Principios Voluntarios.

Un aspecto que vale la pena destacar en este punto es que el conocimiento existente en el Perú sobre la existencia de los Principios Voluntarios es casi nulo. En ese sentido, la adecuación normativa nacional es difícil si se tiene previsto hacerlo conforme a la relevancia que los principios puedan tener actualmente.

El documento culmina con la presentación de una serie de conclusiones y recomendaciones a fin de mejorar la situación en las materias abordadas en los tres capítulos arriba mencionados.

Este informe fue elaborado por encargo del Grupo de Trabajo sobre Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. El estudio fue coordinado por Socios Perú y financiado por la Embajada de Suiza. El equipo del IDEHPUCP estuvo encabezado por Renata Bregaglio, coordinadora académica y de investigaciones de nuestro instituto.