El viernes 15 de marzo, diversas organizaciones de familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, entregaron a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un informe que recoge las expectativas de los familiares de víctimas sobre la implementación de la Ley de búsqueda de personas desaparecidas en el periodo de violencia (1980 – 2000).
Este documento, presentado durante el evento «II Encuentro de actores sociales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú», organizado por el Idehpucp y EPAF, se realizó con la finalidad de que sea un insumo para la elaboración de planes y/o estrategias de la DGBPD.
La elaboración de este material se realizó a partir de las actividades realizadas en el Primer Encuentro de actores sociales, realizado en enero de 2019, en el que a través de una metodología participativa, líderes y lideresas de organizaciones de víctimas, representantes de ONG’s de Derechos Humanos que trabajan el tema y funcionarios públicos, compartieron sus expectativas en torno a la implementación de la política pública y al seguimiento a las recomendaciones del Comité de la ONU.
En el informe, estas expectativas han sido organizadas en tres grandes temas: a) Gestión del proceso, b) Información y comunicación, c) Acompañamiento psicosocial para los actores que intervienen en la búsqueda y sensibilización y c) Reconocimiento de la problemática de parte de la sociedad.
Respecto a la gestión del proceso de búsqueda, los familiares solicitan que la intervención de búsqueda de personas desaparecidas se amplíe a las regiones Junín, Huánuco, San Martín y Huancavelica, ya que estas son las que poseen mayor número de casos de desapariciones.
Por otra parte, los familiares expresaron que la información que manejan sobre la Ley de búsqueda de personas desaparecidas es insuficiente y poco clara. En el Encuentro se pudo observar el desconocimiento de los alcances de la Ley, especialmente en lo que implica una búsqueda con enfoque humanitario y aquellos casos que se encuentran judicializados. Todavía se mantienen dudas sobre si es que la búsqueda por dicha vía no permite judicializar el caso o si un caso judicializado no puede acceder a la búsqueda con enfoque humanitario.
Sobre el acompañamiento psicosocial que deberían recibir los familiares que intervienen en el proceso de búsqueda, se ha detectado que el sistema presenta deficiencias por la alta rotación del personal que se encarga de ello, más aún en las comunidades alejadas de las capitales de las regiones.
Finalmente, los familiares resaltaron la falta de reconocimiento simbólico por parte del Estado Peruano, ya que ellos esperaban que con el proceso de búsqueda, este reconozca los crímenes cometidos y se otorguen disculpas públicas por parte de los perpetradores. Si bien se han realizado algunas de estas ceremonias, es necesario que el gobierno asuma una posición que reconozca este tipo de reparación para los familiares.
Algunas de las recomendaciones que presenta el informe es la introducción de nuevos métodos de recolección de información en el proceso de búsqueda. Este podría realizarse a través de la construcción de mapas de posibles sitios de entierro o la integración de las declaraciones de los procesados en casos judiciales como fuente para la búsqueda.
Por otra parte, se necesita que los familiares estén informados sobre los alcances de la búsqueda a través del banco de datos genéticos, y conocer sobre los casos que pueden ser judicializados y la protección de testigos en casos no judicializados. Además, es primordial abordar el proceso de búsqueda desde la empatía, considerando el dolor, la indignación y la lucha de los familiares para no seguir revictimizándolos.
Puedes acceder al Informe sobre las expectativas de los familiares de víctimas respecto de la implementación de la Ley de búsqueda de personas desaparecidas en el periodo de violencia (1980 – 2000) de manera completa aquí.
