A menos de dos meses para las elecciones del Congreso 2020, uno de los temas menos analizados en medios es la representación política de los pueblos indígenas. Invisibilizados por los medios, estos grupos esperan una mayor representación, pues se encuentran directamente afectados por problemas territoriales y ambientales.
Conversamos con Alicia Abanto Cabanillas, Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (e) en la Defensoría del Pueblo, sobre qué tan lejanos se encuentran del parlamento y qué agenda esperan impulsar en los próximos años.
En general, ¿cómo han analizado la representación de candidatos ligados directamente con pueblos indígenas en los últimos ciclos electorales?
En opinión de la Defensoría del Pueblo, en el Perú los 55 pueblos indígenas identificados hasta el momento no han logrado tener representación en el Parlamento Nacional. Por ello, es necesario que este tema sea abordado en la reforma política. Con las normas actuales no se ha logrado que los partidos políticos nacionales incluyan de manera adecuada a los representantes indígenas ni que estos logren ser elegidos, a excepción de algunos casos puntuales. Con respecto al nivel regional y local, el sistema de cuotas no ha dado los resultados esperados, especialmente en la zona amazónica, por lo que corresponde mejorar el mecanismo.
¿Cuáles han sido los principales problemas o temas de agenda política que demandan los pueblos indígenas y que hayan sido trasladados a los candidatos?
La agenda de los pueblos indígenas no ha encontrado eco en la mayoría de los partidos políticos. Son escasas las organizaciones políticas que recogen las propuestas y necesidades de la población indígena. Por ello no resulta extraño que la agenda legislativa en materia indígena durante los últimos diez años se haya reducido a la aprobación de la Ley de Consulta Previa. En esos mismos años, el Poder Ejecutivo ha mostrado mayor interés en el desarrollo de políticas públicas favorables para los pueblos indígenas. Sin embargo, en algunos casos su implementación es muy lenta, en particular cuando se trata de servicios públicos, y a veces es contradictoria, por ejemplo si nos referimos a aspectos como la implementación de la consulta previa.
«Nuestro país debería avanzar en el desarrollo de impuestos ambientales que desincentiven el consumo de aquellos bienes o servicios que causan mayor contaminación».
Durante los últimos años hemos visto distintos movimientos regionales que mantienen un discurso de apoyo a los grupos indígenas. ¿cómo ha sido su desempeño en el caso de aquellos grupos políticos que han logrado ganar las elecciones?
Aunque la Defensoría no ha realizado una investigación integral sobre este aspecto es notorio el descontento de la población indígena porque sus expectativas no han sido atendidas por los diversos grupos políticos regionales y nacionales. Ello se evidencia especialmente en los conflictos socioambientales, donde las comunidades y las organizaciones indígenas no dependen de los partidos políticos nacionales ni de los movimientos regionales para negociar con el gobierno. Los líderes indígenas tienen un poder territorial que es la base de su capacidad política frente a las empresas y el Estado. Ello no significa que no sea necesario que los grupos políticos incorporen la agenda indígena y contribuyan a hacer efectiva la representatividad de este sector de la población, como lo señalé en la primera pregunta.
En Ecuador observamos cómo el movimiento indígena dejó de ser un grupo culturalmente asimilado a convertirse en la más importante fuerza social. ¿Por qué en Perú no hemos visto un caso similar?
Esta es una pregunta de tesis doctoral. No tengo certeza de las causas. No obstante, en opinión de la Defensoría es importante que la sociedad civil y especialmente las organizaciones indígenas tengan una mayor fortaleza institucional. Esto es clave para garantizar que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a la participación política. En tal sentido, resulta imprescindible que el Estado Peruano propicie el empoderamiento de los líderes y las lideresas en los procesos de diálogo y además que cuenten con todos los instrumentos para alcanzar sus objetivos. A propósito del caso Las Bambas, por ejemplo, hemos señalado que toda comunidad tiene derecho a contar con asesores, para negociar en condiciones más seguras y equitativas, correspondiendo al Estado el deber de facilitar dichos asesores o equipos especializados para disminuir la asimetría de poder.
Por otro lado, un tema en agenda es el cambio climático. ¿Cuáles son las propuestas concretas que espera escuchar de los candidatos?
Los candidatos y candidatas deben entender que el cambio climático ya está ocurriendo y por tanto hay que actuar sin demora. Nuestro país debe adaptarse rápidamente y prepararse para afrontar dichos cambios. En esta situación la ignorancia o la negación son muy perjudiciales si se trata de quienes van a gobernar el país. Las propuestas de los grupos políticos tienen que orientarse a proteger los bosques, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, adaptar todas las actividades económicas, garantizar la prevención de desastres y la reconstrucción con enfoque de derechos. Por ejemplo, la Defensoría ha pedido que la reconstrucción de todo lo que ha sido destruido por el fenómeno del Niño se realice teniendo en cuenta el cambio climático.
¿Cómo viene afectando el cambio climático a los pueblos indígenas? ¿Qué cambios normativos cree que se debería tomar en cuenta?
Durante estos últimos años somos testigos de la intensificación de los fenómenos climáticos. Las heladas y friajes han afectado a miles de personas indígenas que no cuentan con las condiciones materiales para enfrentar la inclemencia del clima. Otro aspecto preocupante, es la pérdida de glaciares tropicales que pone en riesgo a la población por el aumento de caudal de las lagunas, tal como ocurre en Áncash. En tal sentido, se requiere implementar la Ley de Cambio Climático y aprobar su reglamento que ha sido sometido a un proceso de participación ciudadana y consulta previa. Además de ello, nuestro país debería avanzar en el desarrollo de impuestos ambientales que desincentiven el consumo de aquellos bienes o servicios que causan mayor contaminación.
