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Notas informativas 27 de agosto de 2019

La política de reparaciones en el país inició con una ley aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente del Congreso de la República (Ley N° 28592) el 2005, que creó el Plan Integral de Reparaciones. La propuesta nació en el marco del proceso de justicia transicional -que se inició en el Perú con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003)-, que trajo consigo un enfoque novedoso en las forma de intervención en materia de derechos humanos que privilegiaba el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. La justicia transicional plantea diversas medidas estatales para emprender procesos de recuperación en sociedades con pasados violentos, como los programas de reparaciones.

La centralidad de las víctimas en los procesos de reparación y dignificación implican  –a  la luz de la experiencia nacional e internacional- una acción decidida de parte del Estado (reparaciones individuales y colectivas; salud, educación, vivienda), pero, sobre todo, un reconocimiento a la afectación sufrida de parte de todos, el Estado y la sociedad. Este reconocimiento ha sido denominado como “reparación simbólica”, para expresar cualquier tipo de intervención que busca dignificar la memoria de las víctimas a través de lugares (sitios), procesos de memorialización u objetos que dan cuenta del daño sufrido de manera emblemática.

En el Perú, se ha desarrollado un proceso continuo y sostenible al mantener un presupuesto anual del Estado para la dación de las reparaciones, donde se ha avanzado sobre todo con la entrega de reparaciones individuales y colectivas. La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), encargada de la implementación de las reparaciones, había atendido hasta el 2017 a 2620 comunidades afectadas por la violencia, esto es el 45% del total inscritas en el Registro único de Víctimas (RUV). Ciertamente, las cifras no nos hablan de los procesos y/o de los resultados de reconocimiento que plantea un programa de reparaciones.

Y es que el programa de reparaciones, aunque se ha instalado como una política pública sostenida de los últimos tres gobiernos, todavía presenta desafíos en su implementación. Primero, se ha priorizado un enfoque de desarrollo por sobre el de derechos, es decir el sentido reparador casi no aparece en las políticas de reparación dirigidas a las víctimas, como hemos visto en el programa de reparaciones en educación REPARED[1]. En segundo lugar, la reparación simbólica, que fue implementada durante los primeros años a través de lugares de memoria, y que llegó a contabilizar hasta 107 iniciativas[2], hoy va adquiriendo una mayor importancia para las víctimas, en tanto reconocimiento de su condición de víctimas y ciudadanas. Es decir, no basta con la inclusión –como ocurre con las políticas de desarrollo-; se busca un sentido reparador, que va acompañado de un reconocimiento y dignificación de su dolor, pero también de su lucha y, principalmente, de sus derechos. A ello, ha contribuido la trayectoria de las organizaciones de víctimas que, desde diversos espacios han desarrollado una agencia que les ha empoderado en sus demandas por reparaciones justas y les ha fortalecido –o evidenciado- su condición de ciudadanas.

*Iris Jave, responsable de la línea Memoria, democracia y postconflicto.

[1] Jave, I. y Ayala, H. (2017). La Beca REPARED. Oportunidad y derecho en el programa de reparaciones en educación. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Fundación Konrad Adenauer.

[2] Reátegui, F. (coord.) (2010). Los sitios de memoria. Procesos sociales de la conmemoración en el Perú. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Fundación Konrad Adenauer y Quinteros, V. (2012). Temas de derecho penal y violación de derechos humanos. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.