18/04/2017

La derogación del D.L. 1323 sobre crímenes de odio supone un retroceso en la defensa de DD.HH.

El Decreto Legislativo 1323 creado por el Ejecutivo para reforzar la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, corre peligro. La supresión de toda referencia a orientación sexual e identidad de género expone a una situación de desprotección y discriminación a poblaciones vulnerables como la comunidad LGBTI. La Congresista por el Frente Amplio y presidenta de la Comisión de la Mujer, Indira Huilca y Karen Anaya, asesora legal de Promsex analizan en Tiempo Global las implicancias de estas modificaciones aprobadas en la Comisión de Constitución el 4 de abril. Queda pendiente debatir esta propuesta en el Pleno, donde se definirá si procede o no.

Para Huilca, el D.L. 1323, antes de su derogación parcial, era una de las medidas con las que el Congreso podía subsanar la falta de normas que atienden a sectores específicos de la sociedad. “El problema es que no todos tienen las mismas condiciones de vida, algunos tenemos una mayor vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres o pertenecer a una comunidad indígena, por el hecho de ser lesbianas o gays, entonces sí se hace necesario que el gobierno haga un reconocimiento de esa vulnerabilidad y legisle particularmente para proteger a estas personas. En ese marco es que se dio esta legislación”.

Los hallazgos recogidos por organizaciones de la sociedad civil son elocuentes sobre la condición desfavorecida que atraviesan comunidades como la LGBTI. “Hemos encontrado que el solo hecho de manifestar algún tipo de afecto a tu pareja hace que tú seas sacada del espacio público, a pesar de que tengas derecho a estar allí como cualquier otra pareja heterosexual. ¿Con qué idea? Bajo el prejuicio de que las personas homosexuales, trans, etcétera son escandalosas o que afectan a niños y niñas alrededor, aunque la CIDH ha dicho que el principio de interés superior del niño no puede ser usado para discriminar a las personas”, detalla Karen Anaya, asesora legal de Promsex. Los casos expuestos por Anaya dan cuenta de actos que afectan la integridad de la persona al punto de asesinarla.

“Es interesante señalar también que no solo se trata de discriminación o violencia ejercida por parte de particulares, pues hemos encontrado que las personas trans, especialmente las mujeres trans vinculadas al trabajo sexual, son en su mayoría violentadas por las personas que pertenecen al Serenazgo o a la Policía Nacional”, asegura la abogada, al describir una práctica sistemática y condenable que aún no se atiende debidamente.

El debate en el Pleno respecto a la derogación parcial del D.L. 1323 aún no tiene fecha exacta. Por el momento se sabe que, a más tardar, se llevará a cabo en las próximas dos semanas. Para la representante del Frente Amplio, Indira Huilca, de repetirse en el Parlamento el resultado que se obtuvo en la Comisión de Constitución, el Congreso provocará “un tremendo retroceso en materia de DD.HH.”. Además, empeoraría su imagen al comunicar mediante sus actos que “no reconoce que hay gente en nuestro país que sufre discriminación de forma más dura que otros”, explicó.

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