Por: Claudia Lovón, asistente de Investigación.
El pasado 11 de noviembre, se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas que desde hace varias semanas acontecen en Chile. La audiencia fue convocada de oficio por la CIDH a fines de octubre, y participaron en ella organizaciones de la sociedad civil, órganos autónomos y representantes del Estado. A continuación, se desarrollarán tres puntos clave para entender lo discutido en este espacio.
- ¿Qué se denunció durante la audiencia?
Las organizaciones de la sociedad civil y los órganos autónomos denunciaron que en el marco de las protestas se habían cometido numerosas violaciones de derechos humanos, que calificaron como “graves, sistemáticas y generalizadas”. En ese sentido, presentaron a la CIDH cifras alarmantes. Por ejemplo, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile informó de 1015 denuncias que había recibido hasta el 7 de noviembre, que incluían casos de lesiones graves provocadas por impactos de proyectiles balísticos y no balísticos, torturas, apremios ilegítimos y detenciones judiciales.
Asimismo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se refirió a las acciones judiciales que había iniciado por violaciones de derechos humanos, entre las cuales destacó 53 casos vinculados a actos de violencia sexual como desnudamientos. Además, esta institución reportó que cinco personas habían sido asesinadas “por acción directa de agentes estatales” y que existían para ese momento 197 casos de trauma ocular, provocados por el uso de escopetas o el lanzamiento de bombas lacrimógenas[1]. Por su parte, la Defensoría de los Derechos de la Niñez comunicó sobre las 174 denuncias que había recibido por vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se reportaron hechos que constituirían una vulneración al derecho de acceso a la justicia, como la negativa de las autoridades de brindar acceso al registro de detenidos o el impedimento a abogados de reunirse con estos en las comisarías.
«La audiencia ante la CIDH fue un espacio importante para visibilizar y denunciar los posibles abusos que se estén cometiendo en el marco de las protestas en Chile»
- ¿Qué pidieron a la CIDH las organizaciones de la sociedad civil?
Frente a este preocupante panorama, las organizaciones de la sociedad civil realizaron cuatro pedidos a la CIDH. En primer lugar, le solicitaron que exigiera al Estado chileno cesar las violaciones de derechos humanos e iniciar acciones para “conocer la verdad, establecer a los responsables y reparar a las víctimas”. En segundo lugar, le pidieron realizar un informe de país tras la visita in loco que en las próximas semanas realizarán algunos de sus miembros. Este tipo de visitas es uno de los mecanismos que tiene la CIDH para monitorear la situación de los derechos humanos, y requiere de la participación de al menos dos de su Comisionados. Para su realización, se necesita la anuencia del Estado que será visitado, que en el caso chileno fue dada a conocer el mismo día de la audiencia, y respondió a una solicitud realizada por la Comisión.
En tercer lugar, los representantes de la sociedad civil pidieron a la CIDH evaluar la posible inclusión de Chile en el Capítulo IV de su Informe Anual. Esta sección recoge información sobre los Estados con situaciones de derechos humanos que causan preocupación a la Comisión. Finalmente, le solicitaron la creación de un grupo de trabajo que, como hacen actualmente el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) o el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) con otros países, haga seguimiento a la situación en Chile.
- ¿Cuál fue la respuesta del Estado chileno?
Durante la audiencia, los representantes del gobierno chileno enfatizaron que la actuación estatal había sido proporcional a los hechos de violencia cometidos durante las protestas. En esa línea, durante su presentación, se refirieron a los daños ocasionados en las estaciones de metro, los incendios provocados intencionalmente, y los saqueos que sufrieron supermercados y otros comercios. Asimismo, remarcaron la existencia de una alta cifra de carabineros heridos (aproximadamente 1200), y precisaron que estos no hacían uso de perdigones de acero como había sido señalado en ciertas denuncias. En cuanto a las medidas “correctivas” adoptadas, informaron de la realización de más de 300 investigaciones sumarias, y de la implementación de un programa integral de reparación ocular que brindaría atención médica, estética, funcional y psicológica gratuita a las víctimas.
Sin duda, la audiencia ante la CIDH fue un espacio importante para visibilizar y denunciar los posibles abusos que se estén cometiendo en el marco de las protestas en Chile. En contextos como ese, no se debe perder de vista, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, que “aunque los participantes en una reunión no actúen de forma pacífica, y como resultado de ello, pierdan el derecho de reunión pacífica, conservan todos los demás derechos, con sujeción a las limitaciones normales” (párr. 175). Seguramente, ello será evaluado por la CIDH en su próxima visita in loco, para la cual una delegación de este órgano se encuentra en Chile esta semana realizando los preparativos. Pronto, conoceremos el análisis que haga la Comisión al respecto y las recomendaciones que efectúe al Estado para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos.
[1] En el reporte del INDH del 18 de noviembre, estas cifras se incrementaron. Las acciones judiciales presentadas por violencia sexual se elevaron a 66; y el número de casos de personas con lesiones oculares, a 222.
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