05/08/2019

Las promesas y deudas del Estado con las mujeres peruanas, por Andrea Carrasco

El último discurso del Presidente Martín Vizcarra causó revuelo en la escena política nacional. Frente a la polémica desatada, pasó desapercibido su pronunciamiento sobre la necesidad de reducir la violencia y garantizar los derechos humanos de las mujeres en un contexto, no solo convulsionado por actos de corrupción, sino también por casos de violencia machista.

Recordemos que la reducción de la violencia y la garantía de los derechos de las mujeres se erigen como objetivos estratégicos del Plan Nacional de Derechos Humanos del 2017 al 2021 respecto a las mujeres como grupo de especial protección, y se integra de manera transversal a distintas políticas públicas nacionales. A continuación, veremos brevemente las promesas realizadas y las deudas pendientes del Estado para con las mujeres peruanas, a propósito del discurso presidencial:

  1. Política Nacional de igualdad de género

“Elsa Salas De La Cruz, Gaby Vásquez Gómez, Micaela Laman Acho, Gloria Pacheco Yucra, Mary Huayllapuma Lima, Yudith Solis Leandro, Lucinda Vásquez Sánchez, Eyvi Agreda Marchena, Olga Aponte Mariño, Juanita Mendoza Alva, Mayra Pérez Gilberti, Dilma Suarez Jiménez, Estefany Taboada Mendoza y todas aquellas víctimas anónimas de feminicidio. No podemos permanecer en silencio un minuto más ante la grave realidad de la violencia hacia las mujeres”. Así empezaba Martín Vizcarra su discurso presidencial del 28 de julio del 2018 respecto a los temas de mujer y poblaciones vulnerables: recordando a las mujeres que habían sido víctimas de feminicidio.

Luego de ello, el Presidente señaló que una de las principales causas de la violencia es la falta de un enfoque de género en las políticas públicas, por lo cual prometió aprobar antes de terminado el 2018, la Política Nacional de Igualdad de Género, instrumento orientador del Estado. A pesar de dicha promesa, recién en abril de este año, se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género, mediante Decreto Supremo N° 008 -2019-MIMP. Esta política tiene 6 objetivos prioritarios: 1) reducir la violencia hacia las mujeres; 2) garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva; 3) garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones; 4) garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres; 5) reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres y 6) reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población.

Es importante señalar que dichos objetivos se alinean directamente con los objetivos estratégicos planteados por el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH)  sobre derechos de las mujeres e igualdad y no discriminación.

La Política Nacional de Género, al igual que el Plan Nacional contra la Violencia de Género del año 2016 al 2021, incluye como sujeto de la norma a las “mujeres en su diversidad”: niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, nativas, originarias, afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex; mujeres con discapacidad física o mental; mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas internas; mujeres viviendo con VIH; mujeres privadas de libertad; mujeres que trabajan en la prostitución; entre otras.

A pesar de que dicha inclusión supone un importante avance respecto al manejo conceptual y metodológico del “género” por parte del Estado peruano, que a su vez se intersecciona con otros elementos como la identidad de género, y orientación sexual, entre otros; no existen menciones expresas sobre cómo se garantizará el goce de una vida sin discriminación y violencia de las mujeres, y el acceso a los servicios de salud de las mujeres que pertenecen a la población LGTBI, así como el reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans, objetivos que fueron planteados como estratégicos por el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH).

  1. Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

En el discurso presidencial del 2018, Vizcarra también anunció la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Sistema Especializado de Justicia), en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Cabe señalar que este nuevo Sistema Nacional de Justicia forma parte del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Sistema Nacional), el cual tiene por finalidad coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas para la acción del Estado en la prevención, atención, protección y reparación de la víctima, la sanción y reeducación del agresor, a efectos de lograr la erradicación de este tipo de violencia. Esta Ley fue incorporada en el Plan Nacional de Derechos Humanos (en adelante PNDH), tomando en consideración los indicadores usados tanto en su texto como en su reglamento

El Sistema Nacional es presidido por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) creada mediante la misma ley. Esta comisión es integrada por 9 sectores del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. En el discurso presidencial de 28 de julio del 2018, el Presidente de la República manifestó que la CMAN es la instancia encargada de hacer seguimiento a las acciones adoptados para hacerlas sostenibles en el tiempo.

Es necesario resaltar que, desde su instauración en el año 2016, dicha Comisión solo ha sesionado en 9 oportunidades. Respecto al Sistema Especializado de Justicia, éste empezará sus labores desde este mes. En el discurso presidencial de este año, el Presidente Vizcarra manifestó que la meta de este año es cubrir 5 distritos judiciales y llegar a 20 para el año 2020.

Si bien dichas medidas suponen un avance en la materia, son también insuficientes y tardías para encarar el problema de la violencia contra las mujeres. Recordemos que en los últimos 4 años, se han registrado 471 feminicidios en el Perú, de acuerdo a un informe del Comité Estadístico Interinstitucional de Criminalidad (CEIC). Es decir, 10 feminicidios cada 3 días. Esta cifra nos advierte que estamos frente a una situación en aumento, sin visos de contrarrestarla en un corto plazo.

  1. Mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas

Un punto ausente del discurso presidencial fue la situación de las mujeres víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. No debemos olvidar que el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), dispuso la creación de una mesa de trabajo con representantes del Estado y la sociedad civil para analizar y resolver la problemática de las personas víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 a 2001. Las entidades responsables de dirigir esa mesa son el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables[1].

El 28 de setiembre del 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inauguró finalmente dicha mesa de trabajo con representantes del Estado y la sociedad civil. Sin embargo, tras el III Encuentro Nacional de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones, realizado en febrero de este año, las afectadas dieron a conocer que desde esa fecha la mesa de trabajo no ha vuelto a reunirse, razón por la cual exigen una programación anual de reuniones que asegura la participación de las y los actores involucrados. La garantía de los derechos humanos de las mujeres también debe alcanzar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas, y a las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, entre otras.

A la par de estas novedades y ausencias, el Presidente anunció la creación de nuevos Centros de Emergencia Mujer (CEM), el fortalecimiento del Servicio de Atención Urgente (SAU), la aprobación de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la inversión de 260 millones de soles en la lucha contra la violencia de género, entre otras medidas. A la par del discurso presidencial, Pamela Costa Paredes se convertía en la víctima número 96 de feminicidio en lo que va del año.

Las promesas y deudas del Estado peruano con las mujeres peruanas necesitan traducirse en acciones concretas que nos permitan celebrar otro día de independencia nacional con todas las mujeres, en sus diversidades, en el goce pleno de sus derechos civiles, económicos, sociales, culturales, sexuales, reproductivos, y políticos, de manera individual y colectiva, sin temor a perder la vida por culpa de la violencia machista que, en más de una ocasión, es perpetrada y legitimada por el propio Estado.

Andrea Carrasco es asistente de investigación del área Académica y de Investigaciones del Idehpucp. 

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