Nicolás Maduro no es más bienvenido en la VIII Cumbre de las Américas. El Gobierno peruano, con el apoyo del Grupo de Lima, dio a conocer ayer la decisión de “reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela” por el “deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela”. La declaración hace alusión al duro informe que publicó este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH sobre “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, en el que presenta un extenso análisis de la grave situación de derechos humanos y democracia del país. Es altamente positivo que este informe haya sido recogido por representantes de los catorce Estados que suscriben la declaración, aunque no deja de resultar incoherente para el gobierno peruano que cuestiona duramente a este mismo órgano en otros temas. Pero ¿qué dice el documento?
Se trata del tercer informe que realiza la CIDH sobre Venezuela, quizás el que llega en el momento más crítico. La CIDH tomó la decisión de hacerlo por “la alteración del orden constitucional” que atravesó el año pasado, con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de marzo de 2017 que dejó gravemente mermada a la Asamblea Nacional y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente altamente cuestionada. Esto generó una crisis económica, política y social, y una ola masiva de protestas sociales en todo el país. La represión de tales manifestaciones es lo que le ha merecido a Venezuela la apertura de un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La institucionalidad democrática ocupa gran atención de la CIDH. Se documenta cómo el Ejecutivo ha realizado “serias injerencias” en los otros cuatro órganos en que está distribuido el poder público en Venezuela. Por primera vez la Comisión afirma que los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano (Ministerio Público y Defensoría) se han visto cooptados y han declinado a importantes funciones constitucionales. La Comisión concluye, con absoluta claridad, que el Ejecutivo ha desconocido gravemente el principio de separación y equilibrio de poderes, propio de todo Estado democrático de Derecho.
La situación de la oposición política es absolutamente alarmante. La Comisión afirma expresamente que “no son casos aislados” sino que existe “un patrón de graves violaciones de derechos humanos de quienes manifiestan o asumen públicamente posiciones de disenso”. Se reportan decenas de casos de persecución contra autoridades electas en diversos cargos y de dirigentes políticos, como Antonio Ledezma, Henrique Capriles y Leopoldo López. Para noviembre de 2017, habían además más de 300 personas detenidas por motivos políticos. Hostigamientos, destitución de cargos públicos, inhabilitación política, quebrantamiento de inmunidad, allanamientos irregulares, detenciones arbitrarias e incluso la muerte, son algunos de los actos que han sufrido quienes disienten con el gobierno.
Uno de los puntos documentados a mayor detalle por el informe es la represión de las masivas protestas sociales que tuvieron lugar entre abril y julio del año pasado tras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. La respuesta del Estado a estas manifestaciones es calificada como “represiva, arbitraria y contraria a derechos humanos”. Lo que ocurrió en estos cuatro meses es terrible: alrededor de 130 personas muertas y 4 mil heridas producto de armas de fuego y uso indebido de armas menos letales. Más de 5 mil manifestantes detenidos arbitrariamente, entre los cuales se reportan denuncias de tortura y otros tratos crueles. Estos actos incluyen “palizas en todo el cuerpo con instrumentos como palos, barras de metal, cascos y armas”; descargas eléctricas; ahogamiento con bolsas impregnadas con sustancias químicas; utilización de gas en zonas como el rostro y genitales, entre otros que se relatan en el documento. Hay también varias denuncias de personas privadas de libertad que fueron víctimas de diversas formas de violencia sexual, incluyendo violación, por parte de agentes estatales.
La situación de pobreza y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no son menos preocupantes. Todas las cifras disponibles son alarmantes y dan cuenta de que la situación es en extremo crítica. Solo por citar alguna, para el 2016 en Venezuela 8 de cada 10 hogares vivían en situación de pobreza, y 5 de 10 en pobreza extrema. No hay condiciones para la atención mínima de salud; y la escasez crónica de alimentos y el desabastecimiento generalizado se agudizaron a niveles sin precedentes. Pero lo que es más condenable en este contexto, es que se advierten en el informe casos en que se estaría condicionando el acceso de servicios de salud y alimentación a la pertenencia o afinidad con el partido oficial.
No son nuevos –aunque sí más graves- muchos de los problemas de derechos humanos que advierte la CIDH en este informe ni tampoco el seguimiento que hace este organismo a Venezuela. Sí lo es el nivel de documentación y análisis, y la rotundidad con la que la CIDH califica la situación del país. Se presentan 76 recomendaciones que buscan revertir la grave situación. Pero nada puede resolver la CIDH por sí sola.
El documento es una herramienta que se pone a disposición de los Estados, sociedad civil y la comunidad internacional en general, para aumentar la presión internacional sobre este país. Es una buena señal la declaración del Grupo de Lima, sobre todo en un momento clave para el país como son las elecciones presidenciales anunciadas para este año. Los comicios fueron adelantados arbitrariamente para el 22 de abril y no ofrecen las garantías suficientes de un proceso electoral. Esto lo ha denunciado ya la propia oposición venezolana y varios países, incluyendo el Grupo de Lima. Esperamos que la presión internacional no cese y sea suficiente para no volver a ver otras elecciones fraudulentas en Venezuela.
