El Perú, en especial la ciudad de Lima, se ha visto atravesado por un fenómeno migratorio, aunque previsible, nunca antes visto. Las últimas cifras hablan de más de 800,000 personas venezolanas viviendo en el país, de las cuáles más del 80% residen en la capital. En los últimos dos años, el Estado peruano ha respondido a este movimiento principalmente con medidas de control migratorio. Si bien primero optó por implementar un mecanismo de regularización excepcional, el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), decidió a partir de agosto de 2018 limitar el ingreso de personas venezolanas tangibilizado en el fin anticipado del PTP, la exigencia del pasaporte y la imposición de una visa humanitaria. Es así que la preocupación por la migración se ha traducido casi exclusivamente en medidas dirigidas a “gestionar” el ingreso y la estadía de personas migrantes dejando de lado políticas integrales de inclusión.
Para pensar esas políticas aclaremos primero que la urgencia por dialogar alrededor de las políticas de control y sus impactos en la vida de las personas migrantes no ha desaparecido. Sin la existencia de la posibilidad de regularización migratoria, el reconocimiento de la condición de refugiado o la reagrupación familiar, no podemos estar hablando de inclusión. Las políticas que dejan en condición irregular a las personas migrantes generan un proceso de exclusión paulatino dejando a todo un grupo sin la posibilidad de acceder a derechos.
Adicionalmente a esta urgencia, se suma la necesidad de repensar el hecho migratorio. Debemos aproximarnos nuevamente a la migración como un fenómeno social con sus propias complejidades -no solamente vinculadas a problemas de documentación-. Es así que debemos ver las posibilidades y los mecanismos de inclusión en el país de acogida como se ha identificado en el estudio sobre procesos de inclusión presentado por el IDEHPUCP el martes 02 de julio, estas posibilidades están muy vinculadas a condiciones estructurales del país o ciudad de acogida. En el caso de Lima, los problemas estructurales de informalidad, precariedad, falta de acceso a servicios, centralización, discriminación y violencia de género estructuran la inclusión de personas venezolanas y su convivencia con la población nacional. Además de ello, otros factores propios de la migración, tales como los impactos psicosociales o los problemas de documentación, atraviesan el proceso de inclusión convirtiéndole en un proceso sumamente complejo y propio.
Pensar la migración más allá de políticas de control implica también que el conjunto de sectores del gobierno nacional y de los gobiernos locales integren la temática de la migración en sus políticas. ¿Cómo podemos seguir pensando la inclusión desde los sectores Interior y Relaciones Exteriores como principales responsables y no desde los sectores Salud o Educación? La transverzalización de la variable migrante es indispensable para construir políticas de inclusión integrales que tomen en cuenta las necesidades de todos y todas. Y es aún más necesario que las políticas a nivel local incluyan este grupo teniendo en cuenta la cercanía de este nivel de gobierno con la población.
Finalmente, sería ilusorio pensar la inclusión sin conocer las realidades y vivencias de las personas migrantes y sus comunidades de acogida. Por ello debemos apostar por construir políticas de inclusión con la participación de todos ellos y ellas.
* Cécile Blouin es responsable de la línea de Movilidad humana del Idehpucp, ha coordinado además varios proyectos que estudian los procesos alrededor de las personas venezolanas migrantes y refugiadas.
