30/07/2013

Memoria y Reconciliación para nuestros días

Saúl Isaac Cantoral Huamaní se desempeñaba desde 1987 como Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (“FNTMMSP”). Entre julio y diciembre de 1988 dirigió dos huelgas nacionales de su gremio para el reconocimiento del Pliego Nacional Minero. A inicios de 1989, Saúl anunció ante la prensa que se preparaba una tercera huelga nacional. Consuelo Trinidad García Santa Cruz era alfabetizadora. En 1984 fundó el Centro de Mujeres “Filomena Tomaira Pacsim, Servicios a la Mujer Minera”, en medio de estas actividades conoció a Saúl. En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”) dio por probado que ellos fueron secuestrados y posteriormente ejecutados durante la noche del 13 de febrero de 1989. Sus cadáveres fueron encontrados por el servicio de patrullaje de la Policía en la playa del estacionamiento del parque zonal Wiracocha.

Bernabé Baldeón García tenía 68 años cuando el 25 de setiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente, algunos militares procedentes de la Base Militar de Accomarca llegaron hasta su comunidad campesina, en Pucapaccana. Bernabé vivía con su familia y se dedicaba a la agricultura. Conforme con los hechos probados en la sentencia de la Corte IDH, Bernabé fue capturado y llevado hasta la iglesia de la comunidad, en donde “[…] fue golpeado, atado con alambres y colgado boca abajo de una viga, y luego fue sumergido en un cilindro de agua fría […]”. Bernabé murió la madrugada del 26 de setiembre de 1990, mientras se encontraba en custodia de estos efectivos militares.

Kenneth Ney Anzualdo Castro era un estudiante de 25 años de la Escuela Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao. El 16 de diciembre de 1993, salió de la casa de su padre con dirección a la Universidad. Ese día, el autobús en el que viajaba fue interceptado por un vehículo con tres individuos armados y vestidos de civil, presuntos agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, quienes se identificaron como policías. Desde esa fecha no se volvió a saber de él. De acuerdo con indicios analizados por la Corte IDH en su sentencia, Kenneth habría sido llevado a los sótanos del cuartel general del Ejército, donde posteriormente habría sido ejecutado y sus restos habrían sido incinerados en algunos de los hornos que existían en esos sótanos.

En estos tres casos la Corte Interamericana le ordenó al Estado peruano, entre otras medidas de reparación, la celebración de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional a favor de cada una de las víctimas y de sus familiares. Este acto se celebró el pasado 23 de julio. En la ceremonia de disculpas públicas participaron los familiares de las víctimas y algunos representantes del Estado. Pese a haber transcurrido varios años desde que estas medidas fuesen ordenadas, el ofrecimiento de disculpas fue importante en sí mismo porque dignificó la memoria de estas personas, quienes, en medio de su búsqueda de justicia y verdad, habían esperado durante años un reconocimiento de ese dolor que subyacía a las violaciones de las que fueron víctimas por parte del Estado. Es esto lo reparador: el simple hecho de hacerles sentir que, de una u otra forma, compartimos y lamentamos su pérdida.

Una revelación conmovedora, que nos invita a la reflexión acerca de lo que implica reparar a una víctima, fue ofrecida durante esta ceremonia por Marly Anzualdo, hermana de Kenneth, al sostener que para ella ![…] el Plan Nacional de la Búsqueda de Personas Desaparecidas […] no solamente significa[ba] recuperar huesos, significa[ba] restituir ciudadanos, derechos, reintegrarlos a nuestra familia, eso sería para nosotros reparación[…]”.

A la fecha, la Corte Interamericana ha ordenado esta medida en nueve casos seguidos contra el Perú. Además de los recientes reconocimientos de responsabilidad, el Estado ha realizado ceremonias similares en los casos de La Cantuta, Huilca Tecse, Hermanos Gómez Paquiyauri, Cantoral Benavides y Barrios Altos. Al día de hoy, solo resta cumplir el reconocimiento de responsabilidad ordenado en el Caso del Penal Castro Castro.

Si buscamos que prospere el proceso de reconciliación social en nuestro país, es necesario escuchar a las propias víctimas, conocer sus necesidades y procurarles una pronta respuesta. También es importante desarrollar una conciencia histórica crítica acerca del periodo de violencia que hemos vivido, cultivar la verdad y la memoria sobre los males pasados, reconocer los hechos sucedidos, establecer culpables y sancionarlos, todo esto nos permitirá que no sólo se dignifique la memoria de estas personas sino que también se sienten las bases para construir una democracia incluyente. Más allá de la importancia de cumplir con lo ordenado por una sentencia de la Corte IDH, estos reconocimientos de responsabilidad no deberían solo darse cuando una instancia internacional lo ordene, sobre todo si consideramos que muchas familias como las de Saúl, Consuelo, Bernabé y Kenneth siguen esperando que el Estado asuma su responsabilidad.

 Escribe: Luisa Castillo, investigadora del IDEH-PUCP

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1 Comentarios:

Manuel Piqueras

“Si buscamos que prospere el proceso de reconciliación social en nuestro país, es necesario escuchar a las propias víctimas, conocer sus necesidades y procurarles una pronta respuesta. También es importante desarrollar una conciencia histórica crítica acerca del periodo de violencia que hemos vivido, cultivar la verdad y la memoria sobre los males pasados, reconocer los hechos sucedidos, establecer culpables y sancionarlos, todo esto nos permitirá que no sólo se dignifique la memoria de estas personas sino que también se sienten las bases para construir una democracia incluyente. Más allá de la importancia de cumplir con lo ordenado por una sentencia de la Corte IDH, estos reconocimientos de responsabilidad no deberían solo darse cuando una instancia internacional lo ordene, sobre todo si consideramos que muchas familias como las de Saúl, Consuelo, Bernabé y Kenneth siguen esperando que el Estado asuma su responsabilidad.”.