26/03/2012

Valentía para una memoria integral

La práctica de la memoria frente a un pasado violento constituye un ejercicio de valentía y también de dignidad. Es un acto colectivo por el cual los miembros de una sociedad miran de frente los abusos que se cometieron, reconocen los crímenes perpetrados, asumen las responsabilidades correspondientes y manifiestan su arrepentimiento y su respeto a las víctimas. Al hacer memoria, una comunidad de personas busca hacerse más honesta, rehúye a la autocomplacencia y, por eso, rechaza toda cómoda selectividad: no criba los recuerdos para quedarse sólo con los que la complacen, rechaza, disimula o suprime los hechos que la avergüenzan y le exigen enmendarse. La memoria es, asimismo, cuando se aborda desde las esferas del Estado, señal de liderazgo democrático, de espíritu ciudadano y de superación del cinismo y la demagogia.Se hace necesario tener presente lo mencionado frente a la reciente propuesta de miembros del Ejecutivo en el sentido de impulsar una ley contra el “negacionismo”, es decir, una norma que sancione como delito la negación de los crímenes cometidos por SL. Se trata de una iniciativa que tal y como se ha presentado, desafortunadamente, exhibe precisamente inconsecuencia, carencia de valentía política y muy limitada comprensión de la tarea de memoria histórica que el país aún tiene por delante. Es, si cabe decirlo, una propuesta oportunista que finalmente hace daño, tergiversándolo, al proceso de reconocimiento de la verdad que todavía no hemos llevado a buen término.Es evidente que los atroces y masivos crímenes cometidos por SL –asesinatos, masacres, secuestros, actos de sabotaje y muchos más– no pueden ni deben ser olvidados por los peruanos. Precisamente para que eso no ocurra, tales crímenes fueron investigados a fondo por la CVR y expuestos públicamente al país en su informe final presentado en el año 2003: ese mismo informe que, desde entonces, ha sido ignorado, cuando no manipulado groseramente, por muchos de quienes hoy reclaman recordar los delitos de la organización terrorista. Nunca está de más insistir en ello: esos delitos deben ser conocidos por todos, para que nunca se olviden los extremos de inhumanidad a los que nos puede llevar la expansión de una ideología totalitaria, de rasgos mesiánicos, cuyos ejes son el desprecio de la vida humana y la ciega glorificación de la violencia.Dicho eso, sin embargo, resulta no sorprendente, pero sí llamativo, que esta invocación a la memoria, que este rechazo a la negación de la verdad, sea hecho por el mismo Estado y por los mismos sectores sociales que, desde hace 10 años, han decidido ignorar el otro aspecto de esa verdad. Peor aún, por aquellos que se dedican a denostar o a menospreciar el esfuerzo de reconstrucción de una verdad completa y compleja. Y es que es indispensable reconocer que también los agentes del Estado cometieron en ocasiones crímenes horrorosos, y en escala masiva, contra la población a la cual ellos estaban obligados a proteger: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual son algunos de los crímenes cometidos y ampliamente documentados por la CVR y, antes de ella, por otras organizaciones. Negar eso o quitarle importancia es, desgraciadamente, tan contrario a la verdad, tan denigrante e insensible frente a las víctimas de esos atropellos, como lo sería la negación de los horrores de SL.La memoria de la violencia no puede ser una práctica destinada a reconocer a unas víctimas, y a borrar de nuestra conciencia pública a otras. Proceder así sería incurrir en una práctica falaz y antidemocrática; sería reiterar los hábitos de exclusión y de negación de la ciudadanía que subyacen a las violencias pasadas y presentes; sería, en suma, convertir la hemiplejía moral en política de Estado, y ayudaría muy poco a reconocer y superar las graves fallas históricas que nos aquejan.Hay que repetirlo: la actuación criminal de SL se cuenta entre los episodios más abominables de nuestra historia contemporánea, no podemos ni debemos olvidarla. Pero nuestro Estado y quienes gobiernan nos deben algo más que una memoria parcial, timorata y de conveniencias: debemos abrirnos a una memoria que se halle a la altura de la verdad y de las obligaciones morales que ha de asumir la sociedad peruana frente a su pasado.Nota: Artículo publicado el 25 de marzo de 2012 en el diario La República.

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