28/02/2011

Crisis y alternativas de la universidad peruana

Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP, escribe sobre la crisis por la que viene atravesando la universidad peruana. En su artículo “Universidad: crisis y alternativas” publicado este domingo en el diario La República, el filósofo y ex rector de nuestra Universidad apuesta por la creación de un Sistema Nacional de Universidades, iniciativa que ha sido planteada por el Instituto sobre Estudios de la Universidad (INESU), pues considera que este velaría por el cumplimiento de estándares mínimos de calidad y mejoraría el proceso de descentralización al tomar en cuenta la dinámica cultural y las necesidades económicas de las regiones.

A continuación reproducimos el artículo completo: Universidad: crisis y alternativas*Por Salomón Lerner Febres

Corren tiempos difíciles, de crisis, para la universidad en general. Se podría afirmar que el conocimiento ha perdido su valor intrínseco y, afincándose en el terreno de lo utilitario, ha mutado convirtiéndose en una “mercancía” manejada por el mercado.

En el Perú esta crisis se expresa en las llamadas universidades-empresa, donde el conocimiento ha sido reemplazado por el saber capitalizable o el cientismo redituable, a lo que habría que sumar la penosa situación por la que atraviesa la universidad pública: abandonada por el Estado y las clases dirigentes, la autonomía que ella proclama y los altos valores que en el discurso defiende se traducen, en la realidad, en baja calidad académica, ineficiencia administrativa, inestabilidad institucional y pérdida de contacto con la sociedad por la pugna a su interior de intereses mezquinos. El resultado es el reforzamiento de nuestra crónica desigualdad social, pues los peruanos de pocos recursos reciben una educación de baja calidad en estos centros, y aquellos que más poseen acceden a una mejor formación en algunas instituciones privadas.

Reconocer lo anterior no significa resignarse a certificar una pérdida irreversible de los valores originarios de la universidad y abandonar, por tanto, todo intento de recuperación de su espíritu. Implica, más bien, entregarse de modo responsable a la tarea de reflexionar sobre el ser y el deber ser de una institución que ya ha sabido adaptarse con éxito a periodos de transformación social no menos desafiantes de los que hoy vivimos.

Es que la universidad, desde sus orígenes, ha sido una comunidad de personas unidas por la vocación de transmitir y renovar el conocimiento, un saber que no solo se despliega en el ámbito teorético, sino que ha de proyectarse al mejoramiento material y espiritual de la sociedad a la que representa y sirve. En ella se preparan profesionales, es cierto, pero, sobre todo, se forman seres humanos, hombres y mujeres libres y autónomos, pero también conscientes de sus compromisos con sus semejantes. De allí que se suela afirmar, y con razón, que la universidad es también escuela de ciudadanía.

Revalorar estos conceptos, analizar las dificultades que afronta la universidad peruana, y buscar los caminos y reformas que podrían adoptarse para su resolución es una tarea que, entre nosotros, resulta no solo necesaria sino urgente. A ella se ha abocado el Instituto de Estudios sobre la Universidad (INESU), institución que agrupa a personas vinculadas al quehacer universitario y a la cual me honro en pertenecer. Fruto de su trabajo es la formulación de un Proyecto de Ley que busca una mejora sustancial de los aspectos administrativos y académicos de la universidad, colocando el acento en los temas de docencia e investigación.

Dicho proyecto se inicia postulando la necesidad de un Sistema Nacional de Universidades, que sería integrado por las universidades públicas y privadas del país. El se encargaría además de establecer, de y entre las primeras, un número razonable de universidades macrorregionales que, constituyéndose en centros de excelencia, servirían de polos de desarrollo en el país, al mejorar el actual proceso de descentralización al brindar mayor dinamismo a la cultura y la economía de las regiones.

El Sistema velaría también por el cumplimiento de los criterios de calidad y pertinencia. Uno de los medios más seguros para ello es el de una seria acreditación que obligaría, por un lado, a que las universidades busquen perfeccionarse y haría, por otro, que las instituciones que no respondan a los niveles mínimos de seriedad académica –entre ellas, las que son meras empresas con fines lucrativos–dejen finalmente de funcionar.

Otro de los aspectos centrales de esta propuesta es la reforma de la organización académica. Entre las medidas que se sugieren se halla la restitución de los estudios generales como medio para asegurar la formación integral y favorecer la maduración vocacional de los estudiantes; la práctica sostenida de la investigación en todos los niveles; el establecimiento de requisitos más exigentes para el acceso a la carrera docente y, vinculado con ello, el fortalecimiento de los estudios de posgrado.

Tema importante en este proyecto es, por supuesto, el de las universidades públicas. Su mejora dependerá de dos acciones específicas: la reforma de su régimen de gobierno y el aumento de su presupuesto. Para lograr esto último se debería incrementar el monto que se les asigna en el Presupuesto General de la República, pero también el buscar otros medios de financiamiento, como las donaciones con un régimen especial y fiscalizado de exoneración y beneficios tributarios para los donantes, y también la tributación, bien estudiada, de sus egresados con miras a formar un fondo.

Estas y otras ideas deberán ser sometidas, sin duda, a debate, comentario y crítica. Y eso es precisamente lo que necesitamos, pues el diálogo en torno a la educación superior universitaria es uno de los grandes temas olvidados –incluso dentro de las propias universidades– y que, sin embargo, resulta fundamental para que lleguemos a ser mejores.*Artículo publicado el 27 de febrero del 2011 en La República.

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