El viernes 11 de mayo, en el marco de su 168º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia regional para abordar el tema: “Situación de derechos humanos de personas venezolanas en el contexto de la movilidad humana en las Américas”. Esta audiencia dio inicio con las palabras de bienvenida de Luis Vargas (Relator sobre los Derechos de los Migrantes), quien estuvo acompañado por Francisco Eguiguren (Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos), Antonia Urrejola (Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) y Soledad García (Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA).
Desde la sociedad civil, Ligia Bolívar (Venezuela) introdujo las principales causas y perspectivas de la crisis de la migración forzada venezolana. Señaló que Venezuela atraviesa una fuerte crisis socio-económica y político-institucional, la cual resulta en una emergencia humanitaria y obliga a sus ciudadanos a migrar en busca de mejores condiciones de vida. Así, se ha identificado como principales razones para migrar la falta de empleo, de medicamentos y de alimentos, así como la violencia e inseguridad existente en su país de origen.
Por su parte, Guillermo Robayo (Ecuador) se refirió al acceso de documentación de la población venezolana. Muchos países de la región exigen pasaporte o apostillamiento de documentos para la regularización migratoria de personas venezolanas, quienes tienen que lidiar con su alto costo económico y la espera de meses —e incluso años— para obtenerlos en Venezuela. Robayo presentó a Ana Rodríguez (venezolana que reside en República Dominicana), quien solicitó a los Estados que sus procesos se ajusten a la ley —sin detenciones o expulsiones arbitrarias— y otorguen permisos temporales, dado que el gobierno venezolano no tiene capacidad ni disponibilidad para otorgar los documentos solicitados. Robayo cerró su intervención advirtiendo que los Estados no están aplicando la Declaración de Cartagena para brindar protección especial a quienes abandonan su país por la violación masiva de derechos humanos, ni a la Resolución 2/18 de la CIDH que aborda la migración forzada.
Posteriormente, Clayton Abreu (Brasil) reportó que en su país existe una respuesta militarizada para la gestión del flujo migratorio que va en contra de los derechos humanos. Asimismo, informó sobre los pedidos de cierre de frontera en Brasil y Ecuador, así como la problemática especial de los pueblos indígenas fronterizos. Abreu mencionó también los límites de acceso al trabajo, lo cual ha devenido en precarización laboral de personas venezolanas, quienes son víctimas de explotación laboral y no reconocimiento de beneficios sociales.
Por otro lado, Xavier Gudiño (Ecuador) destacó algunas prácticas positivas de los Estados, como los permisos temporales otorgados en Colombia, Brasil y Perú; no obstante, enfatizó que estos deben brindarse bajo los principios de accesibilidad, legalidad, garantías de no retorno y otros derechos. También resaltó la aplicación unilateral del otorgamiento de visas de Mercosur para la regularización de personas venezolanas en Argentina y Uruguay. Por último, destacó la aplicación de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena en México, así como la adopción del Plan de Acción y los 100 Puntos de Brasilia en Brasil.
Florencia Reggiardo (Argentina) inició su intervención evidenciando la necesidad de negociar y consensuar un acuerdo regional sobre la migración forzada venezolana. De este modo, solicitó a la CIDH lo siguiente: i) instar a los Estados a la adopción de una respuesta regional; ii) utilizar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para el monitoreo de migrantes, identificación del flujo migratorio y garantía de un enfoque de derechos para la asistencia técnica; iii) instar que la Sección de Cooperación Técnica y Políticas Públicas priorice la Resolución 2/18 como parte de sus actividades de promoción; iv) instar a los Estados a recopilar, generar y monitorear información estadística sobre la migración venezolana; y, v) trabajar conjuntamente con la Relatoría de Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas de Naciones Unidas para esta problemática.
La última intervención estuvo a cargo de Marco Romero (Colombia), quien notó que si bien hay avances en la materia —como la ratificación de la Declaración de Cartagena; el proceso de ciudadanía regional en Mercosur, Unasur, Región Andina y Región Centroamericana; y, los lineamientos desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sobre migrantes—, se deben reconocer que las respuestas son precarias y asimétricas entre los Estados. Señaló que la Declaración de Cartagena se aplica muy excepcionalmente, y que la Corte Constitucional colombiana ha reconocido que el problema no es el reconocimiento formal de derechos, sino su goce efectivo.
Luego de estas intervenciones, el Comisionado Vargas expresó que esta situación requiere el compromiso y esfuerzo de todos los países de la región, a fin de que las personas migrantes venezolanas sean reconocidas como sujetos de protección internacional. Señaló que así como la Corte Constitucional colombiana declaró un estado de cosas inconstitucional en el tratamiento de su población migrante, se podría generar un espacio para adoptar una Declaración del SIDH que declare un estado de cosas inconvencional. Además, hizo especial mención a la trata de personas, puesto que las principales víctimas de este fenómeno son justamente migrantes —en especial, niñas, adolescentes y mujeres venezolanas—.
Por su parte, el Comisionado Eguiguren comentó que la CIDH siempre ha visto que debe haber un tratamiento regional y unidad de criterios, que deben aspirar a no ser políticas de reacción, defensa o bloqueo, sino a buscar un trato homogéneo que tengan en cuenta los derechos de esta población en riesgo. La Comisionada Urrejola se refirió a la situación de doble gravedad de los pueblos indígenas transfronterizos en Brasil y Venezuela, dado que tienen que abandonar su territorio ancestral y puede causar la extinción del pueblo.
La Relatora Especial García rescató la importancia de continuar con el diálogo y el envío de información para monitorear la situación de personas venezolanas. Asimismo, hizo énfasis en tomar en consideración al Resolución 2/18 para la implementación de medidas de integración social y la garantía de los DESCA, incluyendo acceso al trabajo, a la educación y a la seguridad social, que son derechos de especial preocupación para su Relatoría. También advirtió revisar las medidas o políticas adoptadas por los Estados para garantizar la integración de las personas venezolanas y prevenir la xenofobia y la discriminación.
Los representantes de la sociedad civil reiteraron algunas cuestiones relativas a la necesidad de una solución regional consensuada entre los gobiernos y las organizaciones internacionales. Adicionalmente, recalcaron la problemática de la regularización de la situación migratoria de las personas venezolanas, así como la falta de acceso y goce a los DESCA en varios países de la región. Finalmente, el Comisionado Vargas dio por concluida la audiencia, no sin antes resaltar su carácter emblemático y paradigmático por la gran cantidad de representantes de la sociedad civil que participaron. Además, afirmó que se continuará con la recopilación de información ante una situación regional cada vez más dramática en materia de derechos humanos.
EL IDEHPUCP participó de forma activa al informe sobre la situación en Perú con Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad del Pacifico. Revisa el informe completo aquí.
* Escribe: Francisco Mamani, integrante del área Académica y de Investigaciones del Idehpucp.
