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Notas informativas 18 de junio de 2019

La reciente edición del Boletín Anticorrupción y de Justicia Penal del IDEHPUCP cuenta con tres interesantes investigaciones académicas. Una de ellas es el artículo «Perspectiva criminológica y políticas anticorrupción», elaborado por Lucía Nuñovero, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Criminología por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), y Magíster Avanzado en Salud Pública y Desarrollo por la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad Católica de Lovaina.

Nuñovero, quien también es docente de la facultad de Derecho PUCP, realiza una aproximación criminológica a las conductas de corrupción y analiza las estrategias que desde el Estado se pueden tener en cuenta para hacer frente eficazmente a este fenómeno criminal.  A continuación, presentamos un extracto de este artículo. Puedes leer la versión completa en el último número del Boletín Anticorrupción del IDEHPUCP (*).

«El origen etimológico de la palabra crimen proviene del griego krimein, que se encuentra también en palabras como discriminar, y refiere una acción de separar, escoger, dar un tratamiento aparte, así como juzgar o acusar propiamente, como se entiende en la posterior locución latina criminis. Por otro lado, la noción de política, presupone la idea de una polis, es decir de un grupo humano que converge en la toma de decisión con respecto a los asuntos de su interés. Conectando ambas realidades, Émile Durkheim, uno de los primeros sociólogos en abordar el fenómeno del crimen desde el funcionalismo, encontró que en todo grupo social existe delincuencia, así como la sanción de la misma. La primera, como patología de lo social y la segunda, como expresión de los valores en los que convergen los individuos, y que los lleva a separar y sancionar aquellas conductas que consideran dañosas o contrarias a dichos valores.

Así, se entiende que autores como Roxin o Kaiser, desde la corriente de la Dogmática Penal, consideren que el Derecho Penal se encuentre especialmente influido por la Política Criminal, consistiendo ésta en la respuesta del Estado frente al fenómeno criminal, la misma que ha de basarse en estudios criminológicos, es decir en una aproximación empírica a la realidad, capaz de sustentar políticas eficaces y racionales.

Hoy en día las sociedades contemporáneas se han visto transformadas y complejizadas, por una globalización de crecientes flujos de información y capital, en la cual emergen dinámicas migratorias, medioambientales y cambios tecnológicos, y con estas, nuevos riesgos para la vida en sociedad. En este contexto, uno de los retos que enfrentan países como el Perú es el fenómeno de una corrupción vinculada al crimen organizado, al poder político y económico, y a mercados ilícitos de carácter global.

1. La liberación de atavismos ideológicos

Una de las características más interesantes que ofrece la perspectiva criminológica para proveer el sustento a la política criminal, es el ser una disciplina eminentemente empírica y que requiere por lo tanto, una constante actualización e innovación en sus teorías y postulados, como lo muestra la historia misma de la criminología contemporánea.

A manera de ejemplo, cabe recordar que si bien en 1931 Edwin Sutherland había ya culminado su obra “White Collar Crime”, esta fue recién publicada en 1949, debido a la polémica que suscitó el analizar información de delitos cometidos mediante operaciones empresariales, criminalidad a la cual Sutherland denominó “de cuello blanco” para distinguirla de la delincuencia común, que venía siendo estudiada en torno a los fenómenos migratorios y de marginalidad que experimentaba la ciudad de Chicago.

La noción de una delincuencia económica o “de cuello blanco”, de defraudaciones, delitos tributarios u otros delitos cometidos por profesionales en el ejercicio de sus funciones, ha sido recogida por numerosos juristas. No obstante, no siempre se rinde cuenta del contexto político criminal en el cual surgió, al sufrir la costa este de los Estados Unidos la aparición de organizaciones criminales vinculadas a funcionarios corruptos, y dedicadas al contrabando, tráfico de armas, proxenetismo, etc».