En los últimos años, el país ha atravesado por una paradoja con respecto al proceso posconflicto. Por un lado, desde el Estado, gracias a la bonanza económica de años pasados e iniciativa política de los gobiernos de turno, se ha venido implementando una serie de políticas derivadas de las recomendaciones de la CVR. Estas se han concentrado en la implementación de los programa de reparación o en la búsqueda de desaparecidos. No obstante, la decisión política de brindarle el indulto al ex presidente Alberto Fujimori ha puesto en tela de juicio la posición del Estado con respecto a las reparaciones, puesto que pareciera que éstas conviven con un llamado institucional al olvido y a la impunidad judicial.
En este contexto, el recientemente aprobado Plan Nacional de Derechos Humanos (2017-2021), que establece objetivos estratégicos e indicadores para mejorar, entre otros aspectos, el acceso a los programas de reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, presenta puntos y metas clave para incrementar el número de reparaciones. No obstante, dichos objetivos deben ir acompañados de planes de acción y cumplimiento en donde la debilidad política puede jugar en contra de su realización. A continuación, nos centramos en algunos aspectos importantes del objetivo del plan dedicado a las víctimas del conflicto.
- Búsqueda de personas desaparecidas
Una de las principales deudas del Estado peruano para con las víctimas es el derecho a la verdad: según el propio Plan, de 2002 a marzo de 2017 solo se han recuperado 3461 cuerpos, se han identificado a 2149 individuos, pero solo 1997 cuerpos han sido entregados a sus familiares de los millares de desaparecidos de aquella época. En ese sentido, uno de las primeras metas del plan es generar las herramientas necesarias para la investigación: una guía de investigación y un registro nacional de personas desaparecidas en el próximo año. No obstante, la meta no solo debe ser el cumplimiento del encargo de encontrar al 100%, sino de lograrlo garantizando el enfoque humanitario y el apoyo psicológico integral de dichos familiares.
- Reparación en educación
Como se ha demostrado en estudios anteriores[1], las reparaciones educativas ayudan a la reparación no solo del beneficiario directo, brindándole oportunidades para ejercer su proyecto de vida, sino también de su familia en conjunto, pues la educación en el Perú suele ser un proyecto colectivo. Por ello, es loable la dación del programa de becas REPARED, el cual ha brindado oportunidades de educación a más de 1,500 afectados hasta la fecha. No obstante, los constantes cambios administrativos en PRONABEC y la debilidad política del gobierno en el mantenimiento de su política educativa hace peligrar la ejecución de dichos objetivos en el futuro cercano.
- Reparaciones en salud
Dada la condición socioeconómica baja de un buen número de afectados por el conflicto, además de las secuelas físicas y psicológicas que dejó el mismo, hacen sumamente necesario que las reparaciones tengan un componente de salud. Sin embargo, el acceso al Seguro Integral de Salud no basta para medir que el derecho al acceso a la salud se esté cumpliendo. Es fundamental retomar el acompañamiento psicológico y el cuidado de la salud mental entre las víctimas, sobre todo en las regiones alto andinas, para lograr que una meta al 100% realmente refleje los objetivos del Plan.
De este modo, los objetivos temáticos que propone el Plan en materia de víctimas del conflicto armado interno son acordes a las necesidades de los afectados, lo cual proviene de un prolongado proceso de cabildeo e incidencia de las organizaciones de víctimas. Sin embargo, es innegable señalar que el principal problema dentro de esta agenda ha sido la falta de voluntad política de los gobiernos en hacer cumplir la implementación de los objetivos de derechos humanos, así como las deficiencias en la articulación intergubernamental que aqueja el Estado. Por ello, es necesario que políticas de esta índole sean reforzadas con ejes de coordinación claros entre distintos sectores: sea entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, en el caso de la búsqueda de personas desaparecidas; o en el caso de Pronabec con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, en el caso de las reparaciones en educación.
Finalmente, huelga decir que la paradoja inicial también se muestra, e incluso puede profundizarse, con la actual situación política, en donde la voluntad por reparar a las víctimas y generar espacios de memoria convive con la política de impunidad que conllevó al indulto a Fujimori. De este modo, la intención del gobierno de destinar 33 millones de soles en reparaciones luego de firmado el indulto[2] se asemeja más a una instrumentalización de las reparaciones que a una voluntad sincera para con las víctimas del conflicto, Una política nacional con indicadores claros y necesarios puede hacerse inútil si es que se impone una falsa reconciliación desde las altas esferas política y se deja de lado en el debate a los principales afectados.
* Henry Ayala, es investigador y miembro del área de Proyectos y Relaciones Institucionales del Idehpucp.
[1] Iris Jave y Henry Ayala (2017). La Beca Repared, oportunidad y derecho en el programa de reparaciones en educación para víctimas del conflicto armado interno. Lima: IDEHPUCP y KAS.
[2] https://peru21.pe/politica/mercedes-araoz-destinara-s-33-millones-reparacion-victimas-terrorismo-389872
