En tal sentido, debemos felicitarnos porque se hayan adoptado decisiones muy importantes relativas a antiguos miembros del Ministerio Público incluyendo quien en su momento fuera Fiscal de la Nación. Esta conducta supone un hito para la institución, y ello porque implica dos fenómenos importantes que se espera marquen la ruta para el futuro.
De un lado, implica que la institución se halla decidida a replantear el perfil de sus más altos funcionarios a fin de evitar que personas con serios cuestionamientos puedan estar al frente de la misma, para así eliminar posibles trabas para la aplicación honesta de la justicia. Investigaciones rigurosas e imparciales han de integrarse entonces como política institucional dentro del Ministerio Público, como modo, ya normal, de examinar a todos sus funcionarios para desterrar de tal suerte inconductas que la ciudadanía rechaza y que ya se hicieron presentes. Recordemos: en la década de los noventa hubo una señora que desempeñaba la máxima autoridad en la institución y que fue sentenciada por enriquecimiento ilícito.
De otro lado, se ha abierto también una oportunidad. Al interior del Ministerio Público existen profesionales de gran valía que pueden emprender lo que, a todas luces, se vislumbra como una labor de reconstrucción de la institución. Dicha labor no solo requiere eliminar cualquier vestigio de corrupción dentro de las esferas del MP –lo que supone, por cierto, fortalecer los mecanismos de control interno–, sino también reforzar algunas cuestiones esenciales al interior de la organización: que los fiscales de menor jerarquía puedan ser blindados frente a la posible intromisión en sus fueros por parte de sus superiores jerárquicos, así como reducir la provisionalidad en sus puestos, labor esta última que compete al CNM. Asimismo, aparece la exigencia de tener un reglamento para la elección del Fiscal de la Nación, a fin de evitar que este proceso suponga, como ha sucedido en los últimos años, una reunión a puertas cerradas, sin contemplar planes de trabajo y donde podría primar la simpatía o el interés.
Pero, por sobre todo, se requiere que los fiscales y personal auxiliar comprendan la importancia de la misión que la sociedad les ha asignado: poder ayudar a alcanzar justicia, sobre todo en el ámbito penal, y para ello es necesario investigar con las garantías del debido proceso y procurar establecer con rigurosidad si se ha cometido una inconducta pasible de sanción. Trabajo que deberá realizarse con precisión técnica, conocimiento jurídico y, sobre todo, una comprensión ética sobre la propia profesión que ha de ser mantenida en todo momento. Solo así podremos contar con un Ministerio Público que cumpla eficientemente con el encargo dispuesto por la Constitución.
