Hace 24 años, la Constitución Política que hoy nos rige creó el Consejo Nacional de la Magistratura como entidad autónoma encargada de la elección de jueces y fiscales a nivel nacional, así como también de su evaluación y ratificación cada siete años. Asimismo, en casos extremos, el Consejo podría determinar el cese de un juez en sus funciones. Sin duda, estas calidades brindan al Consejo una gran importancia en el tema de la conformación del Poder Judicial y del Ministerio Público, entidades que deben cumplir un rol fundamental para la vida cotidiana, y que, con frecuencia, son dura y legítimamente criticadas por sus yerros y distanciamiento de la ciudadanía.
Recordemos que para evitar cualquier viso de injerencia política, fenómeno que caracterizó a la elección de magistrados en el pasado, se optó por una conformación del CNM que combinara la presencia de representantes judiciales y fiscales con miembros de la sociedad civil, electos a través de los Colegios de Abogados, Facultades de Derecho y Colegios profesionales. Así constituido es bueno que tengamos en consideración que el CNM ha pasado por épocas de sojuzgamiento, durante el régimen fujimorista, pero que él ha tenido también consejeros de valía, habiendo emitido decisiones muy importantes a lo largo de sus más de dos décadas de vida institucional. Así, en su momento, pudo retirar a un Fiscal de la Nación que tenía importantes cuestionamientos funcionales, y lo ha hecho también con magistrados cuya trayectoria no era la más adecuada para el ejercicio de sus delicadas tareas.
Lo señalado empero no puede hacernos olvidar que el CNM no ha sido ajeno a la casi generalizada crisis institucional que nos afecta. En particular, como lo ha hecho notar el Instituto de Defensa Legal, han sido notorios los problemas surgidos en el proceso de elección de sus representantes, la falta de fiscalización sobre sus integrantes y, en general, la ausencia de mecanismos de transparencia para promover su honestidad y mejora.
Por lo mencionado, resultaba de especial interés que el Presidente de la República, según lo señalara en la campaña electoral, presentara una propuesta de reforma dirigida a que esta entidad mejore y así recobrara los bríos que mostró en algunos momentos. Tal cosa pareció ocurrir cuando, en el mensaje presidencial de Fiestas Patrias, el señor Presidente anunció en su mensaje a la Nación la existencia de un proyecto de ley para modificar la conformación del Consejo.
Sin embargo, ingrata ha sido la sorpresa al saber que el proyecto en cuestión no solo eliminaba la presencia de la sociedad civil, sino que retomaba al esquema anterior en el cual el poder político tenía capital intervención en el organismo encargado de elegir a los magistrados. Así, tanto el gobierno como el Congreso tendrían, en esa propuesta, un asiento en el CNM. En suma, pensamos, se está planteando un retroceso a un esquema que, hace ya un cuarto de siglo, demostró no ser el más adecuado para el sistema judicial peruano.
Ya que el Poder Ejecutivo ha puesto en agenda el tema, creemos que es el momento propicio para que se formule una saludable rectificación sobre la materia y se decida presentar una propuesta que corrija los defectos que hemos señalado, de manera tal que se puedan enfrentar con honestidad, seriedad y eficiencia los problemas de fondo que aquejan al CNM. Nos encontramos a tiempo de hacer un gran e importante cambio que beneficiaría a todos los ciudadanos. No lo desperdiciemos.
Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP.
