26/01/2012

El desarrollo desde los derechos humanos

Escriben: Elizabeth SALMÓN, directora del IDEHPUCPRenata BREGAGLIO, docente del Departamento de Derecho de la PUCP

El derecho al desarrollo no se encuentra recogido como tal en ninguno de los tratados de derechos humanos. Más bien ha emergido en las últimas décadas del aporte de instrumentos y resoluciones de organismos internacionales. En 1968, la Proclamación de Teherán resaltó la estrecha relación que existe entre la realización de los derechos humanos y el desarrollo económico. Asimismo, uno de los primeros documentos que, aunque de manera incipiente, planteó la idea del derecho al desarrollo fue la Resolución 1161 (XII) de la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual señaló que un desarrollo económico y social equilibrado e integrado contribuiría a fomentar y mantener la paz y la seguridad, el progreso social y un mejor nivel de vida, esbozando el derecho al desarrollo como medio para alcanzar una serie de metas relacionadas con el bienestar de la sociedad. Años más tarde, en 1986, el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo aprobaría la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Si bien este es, sin duda, el instrumento de referencia en torno al derecho al desarrollo, su redacción es un tanto vaga, por lo que para comprender cabalmente este concepto se debe recurrir necesariamente a ideas posteriores.De acuerdo con el preámbulo de esta declaración, el desarrollo se configura como derecho humano inalienable, entendiéndolo como el “proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan”. También el artículo 1 de la Declaración lo postula como un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo, y a disfrutar de él.Según Arjun Sengupta, experto independiente sobre el derecho al desarrollo, son tres los principios básicos que pueden extraerse de este panorama: a) se trata de un derecho humano inalienable; b) de un proceso particular de desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos; y c) de un derecho por el cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en ese proceso particular de desarrollo. [1]En cuanto a los titulares, el artículo 2 de la Declaración establece que el ser humano es el sujeto central del desarrollo y debe ser no solo beneficiario, sino también participante activo. Es más, se propugna una responsabilidad compartida con los estados, que son los que tendrán el derecho y el deber de crear las condiciones de realización de este derecho y formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar el bienestar de la población. Lo más novedoso y específico de este derecho es que lo define como un proceso particular de desarrollo que busca la realización plena de todos los derechos humanos. Esta perspectiva ciertamente plantea un cambio en la visión que hasta entonces se tenía del desarrollo, entendido como un desarrollo económico, cuyo objetivo era básicamente el incremento de la producción de bienes y servicios, y con el que se esperaba, como objetivo secundario, el logro de todos los demás objetivos del desarrollo social y humano. Asimismo, deja de lado la perspectiva del derecho al desarrollo como derecho “síntesis” de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales existentes en tratados internacionales, por lo cual, el derecho al desarrollo, y la tesis de que como tal, el derecho al desarrollo no aportaría nada nuevo.“Tal vez sea adecuado diseñar algún mecanismo para supervisar a los estados y los organismos de la comunidad internacional con el objeto de asegurar que cumplan con su obligación de realizar el derecho al desarrollo”BIENESTAR GENERALConsecuentemente, el desarrollo como derecho humano apuesta por ser un proceso que incluya no solo el desarrollo o crecimiento económico, sino algo más amplio, llamado “bienestar general”, concepto íntimamente relacionado con el de “equidad” y “justicia”. El derecho al desarrollo, por tanto, incorpora tanto el enfoque basado en el desarrollo humano como el enfoque basado en los derechos humanos. De acuerdo con Sengupta, mientras que el enfoque basado en el desarrollo humano tiene por objeto la realización de las libertades de la persona al hacer del fomento de sus capacidades el objetivo de las políticas de desarrollo, el enfoque basado en los derechos humanos tiene presente principalmente “cómo” se logran los efectos de los mecanismos sociales, si los Estados partes u otros titulares de obligaciones las han cumplido y si los procedimientos seguidos son coherentes con el enfoque del desarrollo basado en los derechos. [2]Creemos que este enfoque resulta de fundamental trascendencia para abordar las políticas de lucha contra la pobreza. Bajo esta mirada, la pobreza deja de ser un fenómeno económico (ausencia de recursos), para pasar a ser un fenómeno multidimensional. Así lo ha señalado el Grupo de Expertos ad hoc de Naciones Unidas al decir que existe cierto consenso sobre el concepto de “extrema pobreza”, entendido como “una negación de los derechos fundamentales de la persona humana [que] impide la realización efectiva de los derechos humanos”. ([3]) Desde este enfoque, la pobreza aparece como la ausencia o negación del desarrollo humano, en la medida en que éste es un desarrollo que otorga prioridad a los pobres, ampliando sus opciones y oportunidades. Se entiende a la pobreza ya no en términos de “pobreza en los ingresos”, sino de “pobreza humana”, relacionada con la falta de capacidades básicas (nutrición, salud, educación, etcétera). Esta fue también la postura adoptada por Amartya Sen, quien considera que la pobreza, antes que una situación de bajos ingresos, debe ser vista como una privación de las capacidades básicas, aunque reconociendo que es la falta de ingresos una de las principales causas de la pobreza.El desarrollo como derecho es un proceso dinámico en el que los elementos que lo constituyen son interdependientes. No es un concepto global o la suma de un conjunto de derechos, sino que el resultado del proceso de desarrollo es de por sí un derecho humano que entraña obligaciones. Sin embargo, el derecho a ese proceso es distinto del derecho al resultado. A esto se refiere Sengupta con el término “metaderecho”. El metaderecho a algo (x) se puede definir como el derecho a unas políticas p(x) que persigan genuinamente el objetivo de hacer que el derecho a x sea realizable. Aun cuando el derecho a x quede sin satisfacer o no pueda realizarse de inmediato, el metaderecho a x podrá ser un derecho plenamente válido en tanto que puedan especificarse claramente todas las obligaciones conexas a p (x). [4]MECANISMO DE EXIGIBILIDADUna crítica que se opone al desarrollo como derecho humano es la ausencia de mecanismos de exigibilidad. No obstante, si bien la falta de un mecanismo de control constituye una desventaja, la no existencia de éste no priva a los derechos humanos de su naturaleza. Tal vez sea adecuado diseñar algún mecanismo para supervisar a los estados y los organismos de la comunidad internacional con el objeto de asegurar que cumplan con su obligación de realizar el derecho al desarrollo, pero ello no deberá ser ciertamente condición para aceptar la existencia del derecho humano al desarrollo.Por otro lado, en relación con el argumento de que el derecho al desarrollo no es tal, dado que no existe un instrumento convencional que lo reconozca, Sengupta ha señalado que “el consenso sobre el derecho al desarrollo como derecho humano se obtuvo finalmente en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, a la que asistieron casi todos los Estados miembros”. [5] En este sentido, la Declaración y el Programa de Acción de Viena reafirmaron el derecho al desarrollo como “derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales”, añadiendo que “el carácter universal de esos derechos y libertades no admite duda”.Finalmente, respecto a la vaguedad del contenido, aún subsisten ciertos inconvenientes derivados de esta forma de comprender el derecho al desarrollo. Uno de ellos es el hecho de que para dar cumplimiento a este derecho será necesaria la utilización de recursos económicos, razón por la que se ha planteado que el proceso a través del cual se realiza debe ser gradual, acompañado por el crecimiento de la economía nacional e internacional. Debe tenerse en cuenta que si bien un aumento de la renta por habitante o el empleo no lleva automáticamente a un mayor nivel de los otros elementos (salud, nutrición, longevidad o educación), un mayor nivel de renta por habitante o de empleo sí facilita la mejora de los otros elementos, si se adoptan las medidas adecuadas. Se podrá entonces considerar a ciertos derechos como indicadores mínimos del derecho al desarrollo, que serán el derecho a la alimentación, el derecho a la atención primaria de salud, y el derecho a la enseñanza primaria. [6] Estos indicadores guardan relación con el concepto de “desarrollo humano” y con los Objetivos del Desarrollo del Milenio.Su reconocimiento, sin embargo, no deja de ser polémico. No obstante, ya sea que se lo reconozca como un derecho autónomo o como el proceso de satisfacción de todos los derechos, el debate contribuye a poner en agenda la idea de que el desarrollo de una sociedad pasa por el reconocimiento, respeto y garantía de una serie de condiciones mínimas de existencia: los derechos humanos.—–[1] E/CN.4/2001/WG.18/2, de 2 de enero de 2001, parágrafo 4.[2] E/CN.4/2002/WG.18/2, de 20 de diciembre de 2001, parágrafo 7.[3] E/CN.4/Sub.2/2005/20 del 6 de julio de 2005, parágrafo 27.[4] E/CN.4/2002/WG.18/2, de 20 de diciembre de 2001, parágrafo 16.[5] E/CN.4/2001/WG.18/2, de 2 de enero de 2001, parágrafo 19.[6] E/CN.4/1999/WG.18/2, de 27 de julio de 1999, parágrafos 67 y siguientes.
NOTA: Este artículo ha sido tomado del suplemento de análisis legal Jurídica del diario El Peruano. Lima, martes 24 de enero de 2012, pág. 2-3.Ilustración: El Peruano

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