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Opinión 29 de diciembre de 2017

La decisión del presidente Kuczynski de poner en libertad a Alberto Fujimori resulta profundamente perturbadora para todos aquellos que abrigábamos la expectativa de avanzar en la consolidación de una genuina democracia en el Perú.

Si el fondo de la cuestión, esto es la legitimidad de esta medida, es muy cuestionable, también lo son, y de modo particular, las circunstancias en las que ella se ha producido. Como es público y notorio, el indulto a Fujimori es, de alguna manera, el resultado de las gestiones hechas para evitar que el Congreso declare vacante la Presidencia de la República por incapacidad moral permanente. (lakegenevaadventures) Es cierto que ese intento del Congreso también obedecía a motivaciones subalternas con claros tintes antidemocráticos. Pero, según todos los indicios, el acto de ofrecer el indulto como moneda de cambio para eludir la vacancia expresa una estimación bastante precaria de los valores centrales de la democracia.

A ello hay que añadir, ciertamente, el hecho de que el presidente Kuczynski fue elegido, en una ajustada contienda con el fujimorismo, precisamente por su promesa de hacer respetar las instituciones democráticas, lo cual incluía el compromiso específico de no otorgar un indulto a Alberto Fujimori sin que existiera la única causa que podría hacer aceptable tal medida: que se tratara de una decisión genuinamente humanitaria ante un grave deterioro de la salud del preso. Pues bien, esa condición dista de haberse cumplido. El gobierno aduce para justificarse la existencia de una recomendación formulada por una comisión médica evaluadora. Sin embargo, cualquiera que haya observado la composición de tal comisión –la cual incluye a alguien que ha sido médico personal de Fujimori– concluirá que se trata de una evaluación espuria.

Y, finalmente, como parte de las circunstancias que agravan la condición antidemocrática de esta decisión se halla la marginación completa de las víctimas. Fujimori fue condenado por una serie de crímenes que alcanzaban el estatus de delitos de lesa humanidad: nos referimos a crímenes atroces con víctimas reales. Durante largo tiempo, los familiares de las víctimas estuvieron solicitando una audiencia al presidente Kuczynski quien, cuando candidato, señaló que no concedería el indulto. Es desmoralizante saber que el presidente de la República nunca atendió ni por un minuto a las víctimas. Esa indiferencia reedita de manera dolorosa ese aspecto de nuestra sociedad que necesitamos superar urgentemente: el desdén de los poderosos a los ciudadanos humildes; la cultura jerárquica y marginadora que ha desacreditado secularmente a nuestras instituciones.

Se pretende asociar esta medida de impunidad con una presunta reconciliación del país. Creemos se trata de un uso bastante desafortunado del concepto Reconciliación. En verdad nuestro país requiere la paz social, la erradicación de los hechos discriminatorios, el entendimiento entre todos los ciudadanos. Para ello es indispensable la democracia y la legalidad. La paz y la concordia construida sobre la igualdad ante la ley, el respeto de la dignidad de todos y la garantía de los derechos. El indulto a Alberto Fujimori es, lamentablemente, la negación de todo lo que hemos señalado.