La movilidad humana desde Venezuela hacia Latinoamerica se ha vuelto inevitable, así lo expresó un grupo de organizaciones, instituciones y colectivos de Derechos Humanos internacionales y venezolanos, que aunaron esfuerzos para presentar una lista de peticiones y planteamientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 163 periodo de sesiones de la CIDH tuvo una agenda marcada por la problemática que miles de venezolanos y venezolanas afrontan con más fuerza desde el 2015. Solo en este año la Organización Internacional para las Migraciones «estimó en 606.281 las personas que salieron de Venezuela», reveló Jorge Acero, Coordinador Regional de Servicios Legales y Enlace Comunitario de Asylum Access, una organización internacional enfocada en materializar los derechos de las personas refugiadas.
Durante la audiencia temática denominada “Protección de derechos de Personas Venezolanas en situación de movilidad humana en la región”, Acero, en compañía de Juan Carlos Murillo, especialista del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Syllieé M. Paredes, voluntaria de la ONG Unión Venezolana en Perú y peticionaria de asilo en Lima, y César Ruiz, Coordinador de la Oficina de Refugiados y Solicitantes de Asilo del Servicio Jesuita de la Solidaridad – ENCUENTROS, sustentaron el pedido de activación de mecanismos de no devolución. «No pueden [los migrantes venezolanos] ser obligados a retornar a Venezuela, dado que sería obligarlos a ser sometidos a tratos inhumanos y crueles al no poder acceder a servicios básicos y además a ser perseguidos», instó Acero.
El documento preparatorio leído durante la sesión reveló el incremento de la población venezolana alrededor de la región. Destacó por ejemplo que «solo en el año de 2015 ingresaron a Colombia 329.478 personas de nacionalidad venezolana». De este grupo, «más de 250.000 residen en el país, y de ellos solamente 45.000 se encuentran de manera regular».
Argentina es también otro caso a tomar en cuenta. «Un promedio de 30 venezolanos por día se radicaron en la Argentina en 2016. Fueron, en total, 11.298 los inmigrantes provenientes de Venezuela. Ese pico de migrantes hizo duplicar en apenas un año el tamaño de la comunidad venezolana en el país: pasó de 13.049 registrados hasta 2015 a 24.347 al cierre del año pasado, según el reporte histórico sobre residencias temporarias de la Dirección Nacional de Migraciones».
En el caso del Perú, «El embajador en Venezuela, Mario López, manifestó (en mayo de 2015), durante su visita a Maracaibo que en Perú estarían viviendo aproximadamente 15 mil venezolanos. Esto se evidencia superficialmente en la cantidad de extranjeros inscritos para obtener carnet de extranjería, en los últimos años e intentando obtener una regularidad en su situación migratoria, al aumentar de 180 (2013), a 550 (2014), 1,445 (2015) y 1,543 (2016)».
El equipo de peticionarios hizo énfasis en las drásticas medidas tomadas por Estados como Brasil, Colombia, Panamá y Ecuador, donde se han registrados un alto número de detenciones, deportaciones, discriminación, situaciones de precarización laboral, en resumen, un limitado o inexistente acceso a derechos por parte de esta población.
Frente a ello, los representantes de la sociedad civil venezolana presentaron una serie de recomendaciones en el que enfatizan «[ser] imprescindible que los países de la región desarrollen normativas, políticas públicas y prácticas estatales que permitan proteger la situación de las personas venezolanas». A continuación un extracto de los planteamientos presentados y peticiones.
Planteamientos:
- La existencia de una grave crisis humanitaria en Venezuela y las consecuencias en la vulneración de derechos humanos en la población, exige un cumplimiento estricto al principio de no devolución por parte de los estados, por las graves consecuencias que esto conlleva.
- El desarrollo de mecanismos de protección complementaria, por ejemplo las visas humanitarias, que permitan regularizar la permanencia de personas no refugiadas pero cuyo retorno no es posible o recomendable por razones humanitarias u otras de especial relevancia; específicamente para personas venezolanas y/o de otras nacionalidades.
- Evitar acciones unilaterales de cierres de pasos fronterizos y denegación de acceso a territorio, garantizando el derecho a la no devolución de personas en necesidad de protección internacional.
- La necesidad urgente de conocer con exactitud el número de personas venezolanas en los países de la región, así como su situación migratoria y su acceso a derechos; con el fin de que puedan ser adoptadas medidas adecuadas para la protección y garantía de los mismos, así como la regularización migratoria necesaria.
- La urgente y necesaria revisión y reestructuración de las políticas migratorias nacionales, de tal manera que estas sean coherentes con las necesidades de los flujos migratorios mixtos y las demandas de carácter institucional en materia de atención humanitaria y protección, especialmente en los territorios de frontera.
Peticiones:
- Que la CIDH realice un informe de situación sobre la migración y necesidad de protección internacional de las personas venezolanas en la región, a fin de conocer la realidad de estas personas, proceso con la participación directa de sociedad civil y académica de la región.
- Que la CIDH se PRONUNCIE sobre la necesidad de respetar los derechos humanos de la población venezolana desplazada en los países de la región debido a la crisis humanitaria en Venezuela; AFIRMANDO la necesidad de desarrollar mecanismos de protección adecuada para las personas que salen de sus países por razones de violencia o graves violaciones a sus derechos humanos; y EXHORTE a los países de la región y a las entidades supranacionales a respetar y cumplir las obligaciones y estándares internacionales y regionales en materia de movilidad humana, incluida la Declaración de Cartagena; a fin de garantizar los derechos de la población migrante venezolana en el exterior.
- Que la CIDH, en cuanto entidad consultiva de la OEA, proceda a informar a la misma, a fin de que pueda ser tratado el tema en Asamblea General y adoptados compromisos de respuesta adecuada a esta situación desde los Estados miembros.
- Que en su comunicado final tras este periodo de audiencias destaque la necesidad y urgencia de la respuesta de los Estados de la región para proteger y garantizar los derechos de las personas venezolanas que ante la crisis de su país de origen se ven obligadas a buscar protección en otros países de la región.
