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Notas de prensa 12 de enero de 2018

Ante el indulto humanitario al ex dictador Alberto Fujimori otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la Sección Perú de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) pronunció su rechazo en el siguiente comunicado:

Hacemos de conocimiento a la comunidad internacional nuestro más profundo y enérgico rechazo al indulto por razones humanitarias dado por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski, el 24 de diciembre, al ex dictador peruano Alberto Fujimori en el contexto de pedido de vacancia presidencial promovida por la mayoría fujimorista en el parlamento de Perú.

Entendemos que la vacancia ha sido promovida como parte de una estrategia golpista del fujimorismo que busca hacerse del poder y copar las instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la Nación y Corte Suprema) ante sus iniciativas de investigar y sancionar diversos casos de corrupción que involucran a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y su partido político, como a gran parte de las élites políticas peruanas, incluyendo el expresidente Alan García Pérez y el presidente actual Pedro
Pablo Kuczynski.

En tal sentido, denunciamos que el indulto sella un acuerdo de impunidad entre el Fujimorismo y el gobierno peruano, que busca encubrir los casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y de violaciones de derechos humanos de las últimas décadas. Denunciamos serios vicios en el procedimiento y la decisión de otorgamiento del indulto humanitario.
En tal sentido señalar:
1. Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por secuestro agravado (del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer) y por crímenes de lesa humanidad (caso Cantuta, asesinato de 9 estudiantes universitarios y un catedrático y caso Barrios Altos, asesinato de 15 personas). De acuerdo a legislación peruana no procede el indulto en casos de secuestro agravado. De igual modo, la CIDH ha establecido que no proceden ni amnistía ni indulto para casos de graves violaciones a derechos humanos.
2. En Perú solo aplica el indulto por razones humanitarias a sentenciados que tienen enfermedades terminales; o que no siendo terminales se encuentran muy avanzadas o son incurables; o cuando las condiciones penitenciarias pongan en grave riesgo la vida y salud del sentenciado. No es el caso, pues Fujimori goza de salud estable y atención medica permanente y sus condiciones carcelarias son óptimas, además de únicas (que otros presos no poseen).
3. La CIDH estableció que para el caso la Cantuta, de progresar un pedido de indulto los familiares debían ser informados previamente para poder designar un médico en la junta médica evaluadora. Esto no ha sido respetado.
4. Fujimori, además, fue sentenciado –y cumplió sus condenas- a 7 años por peculado (entrega ilegal de 15 millones de dólares de las arcas nacionales a su ex asesor Vladimiro Montesinos); a 6 años por delitos de corrupción, espionaje telefónico, compra de congresistas tránsfugas y línea editorial de medios; y a 8 años por desviar fondos de Fuerzas Armadas y Servicio de Inteligencia Nacional para financiar ‘diarios chicha’ desde donde se atacó y denigró a opositores.

Por lo dicho, el indulto dado por el presidente Kuczynski a Fujimori viola la ley y responde única y evidentemente a un pacto infame con el fujimorismo, no solo para mantenerse en el cargo por lo que queda del periodo presidencial, sino para evitar ser investigado por negocios que la empresa de su propiedad realizo con la transnacional Odebrecht cuando era funcionario de Estado beneficiándose económicamente. Llamamos a las instancias nacionales e internacionales correspodientes de revertir esta decisión nefasta. Particularmente, hacemos votos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia en los casos Barrios Altos y Cantuta, declare nulo el indulto a Fujimori.

Finalmente, solidarizarnos con el pueblo peruano que lucha hoy en las calles por recuperar el Estado, la democracia y la economía (secuestradas por más de 25 años por élites, mafias y tecnocracias neoliberales) para ponerlas al servicio de las grandes mayorías.