28/08/2017

14 años de la entrega del Informe Final: La memoria de las víctimas, por Iris Jave

Escribe:

Iris Jave Pinedo

Coordinadora

Un 28 de agosto de hace 14 años, se daba a conocer el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003), que trajo la más completa sistematización y análisis de los hechos de violencia ocurridos en el país entre 1980 y el 2000 en base a la producción académica, institucional y periodística que se había producido en esos años. El gran aporte de la CVR fue organizar un relato para comprender la complejidad de la violencia pero sobre todo, revelar los rostros de las personas víctimas de la mayor tragedia ocurrida en nuestra historia republicana. En esta fecha, quiero recordar la centralidad de las víctimas en las políticas públicas como un elemento clave del quehacer de la memoria. Las víctimas que esperan por una justicia que identifique y sancione, pero sobre todo que recupere la verdad así pasen 14, 20 o más de 30 años como el reciente fallo del caso Los Cabitos.

El conflicto armado interno (CAI) dejó como saldo más de 69 mil víctimas, de ellas el 75% tenía como lengua materna el quechua. Las cuatro regiones más afectadas por el CAI fueron Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco, considerados los lugares más pobres del país (INEI 1994; PNUD 2002). En la región Ayacucho, se reportó el mayor número de víctimas (40%). Fue también en esta región donde apareció la primera organización en defensa de las víctimas de la violencia: la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), creada en 1983 y promovida por mujeres quechua-hablantes, madres o esposas de los primeros detenidos a causa del conflicto. La ANFASEP, junto a otras organizaciones de víctimas, cumplió una labor pionera de denuncia de las violaciones a los derechos humanos en condiciones de temor, inseguridad e indiferencia de parte de la sociedad y las autoridades, en pleno conflicto armado.

La creación de la CVR, en el 2001 trajo consigo una ventana de oportunidad para las organizaciones de víctimas, logrando una participación más activa en un proceso que les hizo ir descubriendo la importancia de su papel en el manejo de una nueva relación Estado-sociedad para la concreción de sus demandas a partir de procesos concretos de política pública: el propio trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003), la formulación de un Plan Integral de Reparaciones (2003-2004), la dación de la Ley de Reparaciones (2005); la implementación de una de sus políticas: el Programa REPARED (2012), dirigido a dotar de becas educativas para las víctimas o la reciente Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia (2016). Esta agenda política ha sido un proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades para la participación, diálogo y negociación desde las trayectorias políticas de sus organizaciones que ha permitido establecer una nueva relación con el Estado, en el ámbito local, regional y nacional.

En medio de los afanes de actores políticos –tanto fujimoristas como partidarios del Movadef- por negar la historia y seguir construyendo un relato que favorece el olvido o peor aún, que se vale de mecanismos de posverdad para distorsionar el recuerdo, las víctimas participan. Activan su recuerdo para traer a la memoria colectiva a sus seres queridos, trabajan para que ese recuerdo sea reconocido por el Estado y la sociedad; para que la memoria tenga sentido en la educación, la salud o la vivienda de las nuevas generaciones. Las víctimas han ido construyendo su empoderamiento a partir de reconocerse ciudadanas, a partir del reconocimiento de su propia identidad. No ha sido fácil, no lo es. Tampoco lo fue hace 30, 20 o 14 años pero hoy saben cómo intervenir y su memoria es más fuerte.

*Iris Jave, coordinadora del área de Relaciones Institucionales y Proyectos

 

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