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Opinión 13 de noviembre de 2013

En general, el debate giró en torno a las formas en las que los pueblos indígenas debían afrontar los retos actuales con el Estado y las empresas privadas de cara a su supervivencia de manera autónoma y sostenida. Se resaltaron los problemas que estas comunidades han enfrentado al no ser incluidas dentro de las narrativas oficiales, siendo excluidas de la vida pública y negándoseles el libre goce de derechos como ciudadanos peruanos. En ese sentido, las intervenciones planteaban la interrogante sobre la manera cómo se podían conciliar los intereses del Estado, las empresas privadas y los pueblos indígenas para lograr un verdadero desarrollo inclusivo y equitativo. Se trató pues de un largo debate de ideas que desde las ópticas, muchas veces enfrentadas, de las empresas y el movimiento indígena lograron encontrar puntos en común sobre el futuro de los pueblos originarios a partir de una relación más fluida entre todos los actores presentes en la cuenca amazónica, una relación marcada por el reconocimiento como similares y el flujo constante de información.

Coincidentemente, en el mes de octubre, el Ministerio de Cultura presentó la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios[1], importante herramienta para la implementación del mecanismo de Consulta Previa –la cual ha sido el fruto de una larga lucha de las organizaciones indígenas como la CARE para el respeto y preservación de su estilo de vida frente a las amenazas de un Estado que no los comprende, y si lo hace, no les presta mayor atención –. Esta base de datos ha identificado a 52 pueblos indígenas a nivel nacional a partir de criterios objetivos como la relación con el territorio y la organización social así como criterios subjetivos como las autoderminación, es decir, la construcción de la identidad como indígena.

Si bien esta herramienta es un importante avance en el reconocimiento de las comunidades indígenas como parte de la sociedad nacional, su alcance puede verse seriamente limitado por una serie de factores que van desde el aspecto metodológico –la forma cómo esta ha sido construida y cómo va a ser actualizada–; político –el contexto en la que esta nace, bajo una Ley de Consulta Previa no vinculante y que no logró satisfacer las expectativas del movimiento indígena–; y económico –lo que en el Octubre Asháninka se llamó las formas en las que se concilian los distintos intereses que actualmente se rigen sobre la Amazonía–. En ese sentido, se trata de una propuesta que debemos saludar pero que, a su vez, debemos mantener en atenta mirada pues podría constituir un instrumento más de estigmatización y de deslegitimación de las demandas de los pueblos originarios, esta vez, bajo un instrumento legal reconocido.

Por otro lado, esta base de datos no debe ser utilizada como un canon estricto con el que regir la identidad de las personas pues pensar que los pueblos indígenas han mantenido y mantienen su cultura de manera intacta e inmutable en el tiempo es un gravísimo error que perpetúa la incomprensión entre el mercado, el Estado y sus ciudadanos. Como se remarcó constantemente en el Octubre Asháninka, los pueblos indígenas se caracterizan por una historia y cultura propia, pero también, por las diferentes luchas contra la exclusión y discriminación de la que han sido víctimas.

Los pueblos indígenas no han vivo de espaldas al país –a pesar de que este muchas veces si lo ha hecho con ellos–, todo lo contrario, nos han enfrentado e interpelado de manera frontal, reclamando su derecho a ser peruanos, a no ser ciudadanos de “segunda categoría”. La vida política de sus organizaciones es sumamente activa, con organizaciones de base y cuadros que son muchas veces mejor institucionalizadas que los de muchos partidos políticos nacionales. Pensar que los pueblos indígenas son creaciones del pasado desfasadas de los intereses del mercado es un gravísimo error, en el constante reclamo por una educación de calidad para sus hijos y mejores servicios del Estado, encontramos el interés de los pueblos indígenas por ser parte de este país, la profunda comprensión que tienen sobre sus dinámicas, sobre sus canales de ascenso, sobre sus formas de constitución, en otras palabras, encontramos el vasto conocimiento que tienen sobre el Estado peruano.

El Octubre Asháninka ha sido una nueva oportunidad para tratar de comprender los profundos lazos que unen los intereses estatales, económicos e indígenas; lazos que muchas veces parecen fracturarse o distanciarse pero cuya existencia es innegable y se constituyen como la base para un verdadero desarrollo de la Amazonía y un ejercicio pleno de derechos por parte de las personas que en ella habitan. Para finalizar, queremos mencionar que desde nuestro instituto hemos querido aportar para estrechar estos vínculo pues estamos convencidos de que la academia no puede ser ajena a esta interpelación, en ese sentido, hemos venido trabajando y afianzando diversas alianzas con organizaciones de pueblos indígenas nacionales como la CARE o la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central (ARPI-SC) e internacionales como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), a partir de nuestra línea de investigación sobre pueblos indígenas, en especial respecto a los temas de consulta previa[2], construcción de liderazgos y empoderamiento político u organizacional[3].

Escribe: Mario Cépeda Cáceres, investigador del IDEHPUCP.


[1] La cual puede ser consultada en la siguiente dirección: http://bdpi.cultura.gob.pe/

[2] Véase «La consulta previa, libre e informada. La inclusión del interés indígena en el mundo de los derechos humanos» (https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/10/La-consulta-previa-VERSI%C3%93N-FINAL-INTEGRADO-28-08-2012-1.pdf)

[3] Como nuestros siguientes proyectos: