Este hecho no debería pasar desapercibido, ya que se trata de un acto de violencia exacerbada, generado por estos jóvenes frente a las autoridades universitarias. Lo lamentable es que hasta el momento no se ha podido identificar a los responsables, ni iniciar las acciones judiciales pertinentes y, por el contrario, solo se ha repetido el mismo discurso que se mantiene desde hace algunos años: Que existe una presencia en crecimiento del MOVADEF en la universidad y que el riesgo es alto, ya que los jóvenes desconocen lo sucedido durante los años de violencia. Evidentemente, esta conclusión es muy superficial para analizar los problemas que subyacen a los conflictos de nuestras universidades. ¿Es que acaso todo problema de las universidades se reduce a la presencia de grupos que buscan la impunidad frente a crímenes violatorios de derechos humanos? ¿No hay un uso político en esta justificación? ¿Es que los jóvenes realmente no conocen nada de lo sucedido durante el periodo de violencia? Y si esto sucede, ¿Qué rol están cumpliendo nuestro sistema educativo, y nuestra sociedad, en general, para corregir estas deficiencias?
En una investigación que recientemente publicamos con Iris Jave y Mario Cépeda, exploramos cuáles eran las memorias de los jóvenes universitarios acerca del conflicto armado interno en dos universidades emblemáticas: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ambas sufrieron actos de violencia extrema durante los años del conflicto; en la primera incluso se tuvo una intervención militar y administrativa durante el gobierno fujimorista; y posteriormente, en ambas, la calidad educativa se encontró seriamente afectada, lo que se refleja en deficiencias de infraestructura, escándalos de corrupción, asepsia académica y demás problemas que son motivo de diversas protestas entre administrativos, estudiantes, docentes y sus autoridades universitarias.
Parte de los hallazgos de esta investigación enfatizó en el hecho de que sí existe una memoria del conflicto armado interno, pero que esta suele ser transmitida principalmente por la familia y los medios de comunicación, y en una menor dimensión, por el sistema educativo, ya sea desde el nivel escolar o el superior. Algo que no sorprende, pero que se confirma empíricamente, es que dichas universidades no han realizado institucionalmente una reflexión mayor sobre lo sucedido en aquellos años. Siendo uno de los principales objetivos de las universidades el fomento de la investigación y la discusión académica, es cuestionable que esta no se promueva frente a una realidad institucional vivida en años pasados. Nuestra explicación a esta ausencia llegó desde los propios estudiantes y docentes universitarios durante la investigación: “El tema de Sendero es un psicosocial, como una especie de chivo expiatorio con el cual, cuando quieres, puedes atacar a tu oposición”,“hemos visto en las últimas movilizaciones que hubo en la universidad, que lo primero que hizo un medio de comunicación fue tacharnos de miembros del MOVADEF”, “sí, bueno, en general, a Ayacucho mismo lo asocian con eso. Tú te vas a otros departamentos y dices que eres de Ayacucho y te dicen: <<ya, sí, de Sendero>>“, “Nosotros no lo hemos vivido. Y si sabemos muy poco, porque en la universidad no nos enseñan sobre eso. El motivo es que hablar de eso es peligroso”.
El silencio institucional sobre el conflicto que encontramos en dichas universidades nos ha demostrado que, por un lado, la memoria de lo sucedido suele ser politizada por algunas autoridades para ocultar los problemas de la gestión universitaria en la última década y; por otro lado, que no existe una política institucional para abordar el tema desde lo académico, por lo que prima la estigmatización amplificada desde los medios de comunicación que, ciertamente, colinda con una discriminación solapada. Esto último se deja ver en el tratamiento y la difusión de la información que se ha realizado acerca de la presencia del MOVADEF en dichas universidades. Reportajes, entrevistas y notas periodísticas han enfatizado en la “captura” de estas universidades por las ideologías terroristas de antaño, sin evidenciar también qué es lo que realmente se está haciendo o no para que esto no vuelva a suceder, sin poner el énfasis en los problemas que viven sus estudiantes y docentes al no contar con un gobierno universitario que fomente una calidad en la enseñanza y que no atiende sus demandas.
En esta investigación se ha encontrado que, efectivamente, existe una presencia del MOVADEF en la comunidad universitaria. Sin embargo, en uno de los casos, esta suele ser marginal y, en el otro, no tiene mayor visibilidad, por lo que no se puede identificar a sus miembros o a sus actividades. En ambos casos, se mencionó explícitamente que la narrativa de “MOVADEF en las universidades” ha servido para fines inadecuados: La politización y la estigmatización. El rechazo de esta agrupación es contundente en ambas universidades, desde nuestros hallazgos, tanto por su objetivo como por su identificación con el grupo subversivo Sendero Luminoso. [1] Cualquier incitación a la violencia debe ser sancionada y repudiada, peor aún si se busca la impunidad frente a crímenes violatorios de derechos humanos; sin embargo, debemos tener cuidado en no generalizar con la simple idea de que nuestras universidades se encuentran “capturadas” por esta organización. Un discurso politizado puede llevarnos a justificar acciones de “orden” que solo generen mayores actos de violencia y profundicen nuestras deficiencias en la educación superior.
Más allá de esto, consideramos que en contextos en los que se implementa una reforma, conviene también reflexionar sobre la política universitaria, sobre las identidades institucionales de nuestros centros de educación superior y los problemas que se viven dentro de ellos. La memoria del conflicto no solo busca recordar hechos acontecidos en nuestra historia, sino plantea el reto de reflexionar sobre las causas y secuelas que nos ha dejado lo sucedido. El estigma sobre estas universidades sigue presente en nuestra sociedad y el sistema educativo no está aportando lo que podría en esta materia. La crisis de representación que viven estas universidades sobre sus autoridades es algo similar a lo que vive nuestro país. Al parecer, se cumple nuevamente ese dicho que refiere que “San Marcos es el reflejo del país”: Reflejo de la decadencia de nuestro sistema universitario, de nuestra estigmatización y discriminación, de nuestra falta de reflexión sobre el conflicto vivido y los crímenes de violencia que siguen sufriendo familiares con juicios aún no culminados y a la espera de una verdad y reparación que los dignifique. Tal vez sea momento de que una reforma universitaria también nos confronte con estas otras problemáticas, que definitivamente afectan la institucionalidad universitaria.
Escribe: Diego Uchuypoma, investigador del IDEHPUCP. Columna publicada originalmente en Noticias SER.
(19.01.2015)
[1]Una encuesta aplicada y publicada por la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) este año muestra que el 78% de los estudiantes universitarios de la UNMSM considera que “las propuestas del MOVADEF son negativas para el país” y que el 40.2% de los encuestados opina que el “pensamiento Gonzalo es una ideología violentista”.
