14/03/2017

Debilitando la institucionalidad a favor de los Pueblos indígenas: Eliminación de la Dirección de Salud de los Pueblos indígenas del Ministerio de Salud

Las estructuras institucionales cambian de acuerdo a la reorientación de las políticas públicas y las decisiones que toman quienes las conducen. Realizar ajustes a la estructura funcional es parte de un proceso normal, pero al mismo tiempo, los resultados expresan orientaciones y prioridades. Desaparecer dos áreas técnicas como las mencionadas, reflejan la posición del MINSA frente a los Pueblos Indígenas. Se puede argumentar que ahora estarán incluidos como cualquier ciudadano en las políticas del sector y su atención no requiere de una estructura particular, pues recibirán las prestaciones que todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tienen. Esa visión en realidad va contracorriente de los debates de la nueva administración pública. Autores como Barzelay, Subirats, Osborn, entre otros, afirman que la orientación de la acción gubernamental no es ofrecer lo que tienes, sino lo que los ciudadanos y ciudadanas necesitan.

Por ello, la gestión por resultados pone el énfasis en entender que problemas, necesidades y expectativas tienen las personas usuarias. Ello orienta el diseño de lo que se quiere proveer para alcanzar los resultados. La variable étnica, la pertinencia cultural e incorporar en el diseño de políticas públicas estándares de equidad étnico-raciales, contribuyen a crear modelos de servicios más cercanos a las poblaciones. No se trata de brindar servicios sobre lo que tengo en “oferta”, la apuesta es por conocer y responder a la “demanda”, pero eso implica conocer que diferencia a esos ciudadanos de otros.

Esa es la línea por la que venía transitando el Estado peruano cuando aprobó la Política de transversalización del enfoque intercultural (DS 003-2015-MC), que establece la obligatoriedad de la incorporación de la variable étnica por los sectores. También de la Estrategia de Acción social con sostenibilidad (DS 003-2016-MIDIS) que señala como objetivo específico de la estrategia “ofertar servicios fijos e itinerantes de calidad y culturalmente pertinentes a la población de las comunidades nativas, es decir que cumplan con los estándares técnicos y éticos previstos por el Estado y que reconozcan el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”. Para lograrlo se definía un paquete de intervenciones basadas en el ciclo de vida y en el reconocimiento de intervenciones individuales y colectivas. La intervención del sector salud en esta estrategia es  central. ¿Cómo se logrará esto sin estructuras de soporte técnico al interior del sector? Tal parece que estas consideraciones no han sido parte de la discusión de los cambios que tomó el MINSA.

En la gestión pública las decisiones se toman no sólo mirando al propio sector, sino  revisando la congruencia de las decisiones en armonía con las políticas nacionales y pensadas en la acción multisectorial. Para ello existen al interior del Ejecutivo instancias de deliberación multisectorial, -como los Consejos de Ministros y de Viceministros- que permiten que todos los sectores opinen sobre las decisiones de los demás sectores en el marco de sus rectorías y competencias, existiendo la posibilidad de hacer observaciones y discutir para llegar a consensos.   Las rectorías institucionales se fortalecen no sólo por lo que la entidad hace, sino principalmente por la alineación de las otras entidades a sus mandatos. En estructuras estatales compartimentalizadas las rectorías buscan transversalizar políticas para cumplir con objetivos nacionales y no sólo sectoriales.

El enfoque intercultural como el de género son cuerpos teóricos que deben ser integrados a las intervenciones estatales; pero no son intervenciones en sí mismas, nos permiten comprender la realidad, problematizarla, pero no nos da soluciones operativas. La transversalización del enfoque no reemplaza, ni cubre la atención diferenciada a grupos de población específicos. Así como el enfoque de género no reemplaza las cuotas para las mujeres.

Cuando hablamos del acceso a bienes y servicios públicos por parte de la población indígena de nuestro país, es inevitable tener en cuenta que su acceso es desigual al resto de peruanos y peruanas. Estas inequidades se expresan en brechas, pero también en situaciones de desigualdad de poder, simbólico, económico, político y cultural. Por ello se trabaja en identificar la variable que marca esa diferencia y se aborda a través de dos tipos de políticas: las redistributivas que nos permiten cerrar esas brechas, y las de reconocimiento que tienen una vocación de transformación de esas relaciones de poder[1]. Señalar que el enfoque intercultural es suficiente para no tener políticas institucionales diferenciadas es un error de comprensión.

La evidencia es contundente, las desigualdades en acceso, cobertura, calidad de los servicios de salud hacía estos grupos son graves en un país multicultural como el nuestro[2].

El proceso de consulta previa de la política de salud intercultural, abrió una nueva ventana de oportunidad para incorporar la agenda de los pueblos indígenas en el sector, después de varios intentos fallidos. La coyuntura de los derrames de petróleo y otras emergencias en la Amazonía, un Viceministerio de Interculturalidad y la Defensoría del Pueblo, presionaron para que la política sea acompañada de un soporte en la estructura institucional que le permitiera tener recursos financieros y humanos suficientes

Las políticas sectoriales requieren estructuras donde sostenerse. Si las estructuras no funcionan la solución no es necesariamente desaparecerlas, sino preguntarnos ¿porque no están funcionando?, ¿qué necesitamos hacer para que logre los resultados que necesitamos?

A modo de conclusión quiero señalar dos cosas. Primero, como en un juego de espejos a la debilidad institucional del Estado le corresponde la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil y principalmente de las organizaciones indígenas. Estas deben fortalecerse y recuperar su capacidad de movilización y presión. Segundo, el tiempo que le toma al Estado estos procesos de deliberación de políticas y estructuras no permiten que estas maduren en el plazo de 5 años, y como comprobamos en este caso dejar políticas aprobadas  en medio de las transiciones de gobierno las hacen muy frágiles y con pocos actores con capacidad para protegerlas.

Escribe: Patricia Balbuena, ex-Viceministra de Interculturalidad y docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP.

(14.03.2017)


[1] La Política Nacional de Trasnversalización del enfoque intercultural lo plantea en su eje IV.

[2] Ver Línea de base de brechas sociales por origen étnico en el Perú. MINCU; 2014 y DS 003-2016-MIDIS “Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad”