03/12/2015

Día internacional de las personas con discapacidad. ¿Qué celebramos en el Perú?

PCD - El ComercioHoy 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, esta fecha, como tantas otras, no sirve para conmemorar ninguna conquista en materia de derechos humanos, sino para recordar lo lejos que aún estamos de vivir en una sociedad plenamente inclusiva.

En el Perú, de acuerdo con la Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012), viven más de un millón y medio de personas con discapacidad que representan el 5.2% de la población nacional. En su condición de minoría invisibilizada, ellos viven diariamente la violación sistemática de sus derechos por una sociedad que no ha sido diseñada de ninguna manera para que estas personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con el resto. Diariamente, la sociedad les discrimina en los ámbitos arquitectónico, comunicacional, actitudinal y jurídico.

La situación de exclusión de este colectivo llevó a que en el 2007 los Estados acuerden un tratado específico para sus derechos: la Convención sobe los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD). En el Perú, este tratado fue implementado a través de la Ley 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad (LGPCD), adoptada en diciembre de 2012, y su reglamento. En este instrumento jurídico, ambicioso en su planteamiento, ha reconocido una serie de derechos en favor de las personas con discapacidad. En tal sentido, dado que la discapacidad exige un abordaje multidisciplinario, la ley señala que son varios los órganos estatales los que deben tomar medidas al respecto. Adicionalmente, le otorga al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) la rectoría en materia de discapacidad.

Sin embargo, las propuestas de la ley exigen un trabajo multisectorial que no ha sido cumplido cabalmente por las instituciones estatales responsables. Es así que hacen falta medidas normativas y de política pública de parte de diversas entidades para la implementación de la ley así como una efectiva labor de CONADIS en la fiscalización de dichas obligaciones. Gran parte de los problemas de las personas con discapacidad provienen de la falta de acción estatal en la regulación de sus procedimientos o en la poca fiscalización sobre las actividades de los privados. En concreto, pueden señalarse como prioritarios los siguientes:

  • Implementación efectiva de la cuota laboral. Son pocas las instituciones públicas que han adoptado medidas para que el 5% de los trabajadores sean personas con discapacidad. Peor aún, ni la Autoridad Nacional del Servicio Civil ha tomado medidas para adaptar los procesos de incorporación ni el CONADIS ha establecido parámetros claros de fiscalización. En el ámbito privado, se está a la espera de los resultados de la fiscalización que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) realizará a inicio del 2016. Para logra eficacia, es necesario que el MINTRA vigile su cumplimiento y, a la vez, expanda las políticas públicas destinadas a capacitar laboralmente a las personas con discapacidad.
  • Combatir la discriminación en instituciones educativas privadas. Por más que la LGPCD ha señalado que no se puede discriminar por motivos de discapacidad en centros educativos, son varios los colegios privados los que se niegan a admitir estudiantes con discapacidad. Por otra parte, si bien la educación debe cumplir estándares de adaptabilidad, es mínimo lo que el Estado peruano destina a la modificación del entorno escolar para que los estudiantes con discapacidad puedan estudiar de manera óptima, por lo que corresponde elevar el presupuesto en este rubro. Asimismo, a falta de materiales en Braille, la nula capacitación de docentes en inclusión escolar y el poco presupuesto de los Servicios de Atención y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) terminan minando una política de inclusión educativa que aún no protege adecuadamente los derechos de los niños con discapacidad, por lo que corresponde también un incremento de presupuesto. Cabe mencionar que el panorama en la educación superior no es más alentador a pesar de la emisión de la Nueva Ley Universitaria. Aquí también corresponde que la Superintendencia Nacional de Educación vigile el cumplimiento de las normas de discapacidad en las instituciones superiores
  • Adoptar un Plan Nacional de Accesibilidad. El actual Reglamento Nacional de Edificaciones solamente toma en cuenta las necesidades de adultos usuarios de sillas de ruedas, excluyendo a colectivos con otras discapacidades así como a niños con discapacidad. Por ello es urgente formular y aprobar un nuevo plan. También se requiere que el MINTRA tome medidas urgentes para que los medios de comunicación masivos brinden información en formatos accesibles.
  • Prestación de seguros a personas con discapacidad. Debe mejorarse la fiscalización y regulación de las empresas de seguros que brindan servicios de salud, por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros para evitar la discriminación de la que son objeto las personas con discapacidad actualmente.
  • Modificación del Código Civil en materia de capacidad jurídica. De acuerdo con el articulo 9 la LGPCD, estas tienen igual reconocimiento a su capacidad jurídica que el resto de personas. A efectos de poner en práctica esta disposición, durante el año 2014 se elaboró un Anteproyecto de Ley para reformar el Código Civil a efectos de permitir dicho reconocimiento de capacidad jurídica, por ejemplo, a través de la eliminación de la figura de la interdicción o muerte civil por discapacidad intelectual o psicosocial. A la fecha el Proyecto de Ley se encuentra en trámite en el Congreso de la República.

Gran parte del cumplimiento de las disposiciones de la CDPCD y la LGPCD requieren acciones y compromisos estatales. Sin embargo, no debemos olvidar que una de las principales barreras que las personas con discapacidad enfrenta son las actitudinales, las que provienen de nosotros mismos cuando decidimos de manera arbitraria que la discapacidad es incapacidad.

El 3 de diciembre, lejos de ser una fecha de conmemoración, debe llevar a la reflexión acerca de cuál es nuestro acercamiento a la discapacidad, a las palabras que usamos para referirnos a este colectivo, y a los perjuicios que tenemos respecto de estas personas. Solo derribando dichos prejuicios, que son los mismos que nuestra clase política tiene, podremos algún día, construir una sociedad para todos.

Escriben: Renata Bregaglio y Renato Constantino, investigadores del IDEHPUCP

(Foto: Sebastián Castañeda – El Comercio)

(03.12.2015)