28/11/2017

[EDITORIAL] Amenaza al orden democrático

Hace veinte años, cuando gobernaba Alberto Fujimori, la mayoría oficialista del Congreso de la República destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional por haber dictaminado que la denominada “ley de interpretación auténtica” –una lectura arbitraria de la Constitución que permitía ilegalmente una segunda reelección de Fujimori—no era aplicable al entonces presidente. Ese fue un incidente emblemático y particularmente grave dentro de un periodo marcado por repetidas transgresiones a la letra y el espíritu de la ley y de las instituciones democráticas por parte del gobierno.

Cuando, al concluir las últimas elecciones generales, se constató que Fuerza Popular dominaría cómodamente el Poder Legislativo, muchos previeron un quinquenio difícil para nuestra democracia. Hubo quienes sostuvieron que esos temores carecían de base o que estaban fundados en el prejuicio. Se decía que el grupo liderado por los hijos de Alberto Fujimori era algo distinto de la organización corrupta que había gobernado el país dieciséis años antes. Pero los hechos desmintieron de inmediato esa lectura, pues desde el primer día de la nueva Legislatura, Fuerza Popular ha estado llevando a cabo una sistemática tarea de obstrucción a los procedimientos de la gobernabilidad democrática y propiciando la inestabilidad política del país.

Hoy día esa fuerza política reedita el comportamiento antidemocrático de la década de 1990 amenazando con destituir al Fiscal de la Nación y a cuatro miembros del Tribunal Constitucional con argumentos sin asidero que no llegan a ocultar el verdadero interés de esta arremetida autoritaria.

Tres ministros censurados y un gabinete de ministros tempranamente derribado eran, hasta hace poco, el saldo visible de esa tendencia a la confrontación. Hoy esa determinación de poner en vilo la institucionalidad del país se ha hecho más patente y riesgosa. Los intentos de descabezar al Ministerio Público con argumentos arbitrarios y de diezmar al Tribunal Constitucional con razones falaces son perturbadores, pues muestran un uso del poder que ya no intenta siquiera simular legitimidad.

La arremetida contra el Fiscal de la Nación no tiene otro motivo que entorpecer las investigaciones fiscales que afectan intereses del fujimorismo, mientras que la decisión de expulsar a miembros del Tribunal Constitucional por una decisión judicial legítima obedece a la intención de reemplazarlos con otros miembros cercanos al fujimorismo.

Hay mucho que decir sobre esta demostración autoritaria de Fuerza Popular, pero quizá valga la pena resaltar ahora solo este elemento: estas acciones que erosionan la arquitectura institucional del país no reflejan posiciones de interés público sino intereses de grupo así como un subsistente malestar por el reciente fracaso electoral. La opinión pública y las autoridades del país deben ser conscientes de esta realidad que es, hoy en día, una clara amenaza al orden democrático que recuperamos hace apenas diecisiete años.