Desde los años 90 del siglo pasado, la universidad pública peruana no crece, se ha quedado cuantitativa y presupuestalmente congelada en los años 70. Ofrecen el mismo número de vacantes porque el presupuesto que les asigna el Estado solo cubre parte de sus costos operativos. Tienen las mismas aulas y no pueden contratar más docentes. Están literalmente congeladas. Sus presupuestos se incrementan en un porcentaje menor al crecimiento del presupuesto de la República. Al parecer, el Estado no está dispuesto a invertir en la educación universitaria pública y espera que el crecimiento de la demanda por estudios universitarios lo absorba la oferta de universidades privadas. Esta oferta es de muy variada calidad y en algunos casos muy mala. A la universidad privada se le da ventajas; se la exonera de impuestos a las utilidades, se les permite dar títulos a nombre de la Nación a pesar de no garantizar su calidad.
La educación universitaria pública es un derecho ciudadano y el Estado teóricamente tiene la responsabilidad de ofrecerla a los jóvenes talentosos de limitados recursos económicos. La universidad no es para todos; ni aquí, ni en ninguna parte del mundo. Pero dado que el talento no es privilegio de una clase social, es una de las mejores inversiones que hace el país para asegurar capacidades indispensables para un desarrollo sostenible. Todos los países que crecieron desde los años 60 en AL invirtieron fuertemente en sus universidades y en la formación de sus profesionales en las mejores universidades extranjeras. Basta mirar Brasil, Chile y México para apreciar los resultados.
Una buena formación universitaria es un derecho ciudadano consustancial con una democracia auténtica porque fomenta una sana y equitativa movilidad social. Contrariamente, el abandono de la educación superior universitaria genera espacios y escenarios propicios para el desarrollo de discursos políticos radicales y conductas autoritarias.
¿Para qué existe la universidad pública? Las hay aquí y en el mundo entero. No solo para formar profesionales, sino para que mediante la investigación contribuyan activamente al desarrollo cultural y tecnológico del país. Profesionales que sean ciudadanos comprometidos con sus familias y con el desarrollo sostenible de nuestro país. Y para eso se necesita personal calificado y abundante. A pesar de sus limitaciones, las universidades públicas no se encuentran ubicadas en los últimos lugares de los rankings nacionales. Más aún, como una demostración de que no existen fallas institucionales, la universidad pública ocupa los primeros lugares en casi todos los países de América Latina, como lo indican los rankings más confiables.
La universidad pública peruana es gratuita por mandato constitucional. Sin embargo, el Estado no cubre los costos reales que esta educación gratuita demanda. Los ingresos de los docentes son mínimos. Por ejemplo, un profesor auxiliar, que eventualmente irá ascendiendo hasta convertirse en principal y conducir la universidad, recibe un ingreso bruto de S/. 2,070. ¿Puede permanecer en la universidad pública un profesional joven con grados avanzados con ese ingreso?: NO. Es decir, en pocos años la universidad pública se quedará sin profesores de calidad que le aseguren un futuro. Lo previsible es que la universidad pública se irá despoblando y se quedarán solo los mediocres. Es legítimo preguntarse: ¿Es ese el futuro que quiere el Estado para la universidad pública? ¿Es justo y democrático ofrecerles a los jóvenes de bajos recursos una formación universitaria mediocre?
La sociedad espera que la universidad pública sea tan buena como la privada. Ahora, lo es y en algunos casos es mejor. Pero podría ser mejor aún si sus docentes estuvieran dedicados íntegramente a investigar, publicar y enseñar. Para eso es indispensable que el Estado les reconozca un ingreso mínimo que les dé tranquilidad y horizonte de futuro. Por eso una nueva ley universitaria, tan necesaria, no basta para resolver el problema de la educación superior universitaria. Hace falta que el Estado se decida invertir en ella.
