26/08/2016

El imperativo de no olvidar

SLFCVREste 28 de agosto se cumplen trece años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: un estudio sólido sobre los veinte años de violencia que los peruanos tuvimos que enfrentar. Además de ocuparse del conflicto y sus antecedentes, el texto planteó una serie de recomendaciones y reformas institucionales que consideró esenciales para el país. El Informe fue elaborado –a partir del mandato del propio Estado– con el objetivo de que fuera examinado y debatido en diferentes escenarios vinculados a la actividad política y a la construcción de opinión pública. Producir verdad, justicia y reconciliación es una tarea ardua que requiere del concurso de la ciudadanía entera, sobre la base de la necesidad de esclarecer los hechos, así como escuchar y reparar a las víctimas del conflicto. Se trata de un proceso moral y político crucial para la salud de nuestra democracia constitucional.

Lamentablemente, los “sectores dirigentes” de nuestro país –la mayoría de nuestros políticos y muchas autoridades sociales– no han estado a la altura de estas profundas exigencias morales de generación de memoria y justicia ante lo vivido. Se ha tratado de impedir que el tema sea discutido en la escuela y se ha debilitado todo esfuerzo por sacar adelante los mecanismos de reparación que las víctimas requieren y que les corresponden como ciudadanos. No se ha diseñado seriamente una política de derechos humanos para nuestro país. Se ha preferido “mirar hacia delante” y miles de peruanos siguen esperando que su Estado asuma un compromiso riguroso con su dolor y expectativas de justicia.

Resulta extraño que muchos políticos que se esforzaron por debilitar cualquier proyecto de justicia y reparación para las víctimas reivindiquen hoy la presunta causa de la “reconciliación” para resolver sus recientes avatares electorales. Ello mientras otros actores (de diversa filiación ideológica) invocan la “reconciliación” a partir de un inadmisible proyecto de amnistía. Se trata, evidentemente, de un concepto equivocado de reconciliación. No es posible la restitución de los vínculos comunitarios a través de la amnesia política y la desidia frente a la acción de la justicia.

El esfuerzo por reconstruir la memoria histórica y promover la justicia en materia de derechos humanos no solo pone de manifiesto un compromiso con las víctimas cuyas vidas e integridad no fueron respetadas durante el conflicto; se trata asimismo de un compromiso con las futuras generaciones de peruanos. Tenemos el deber de legar a los peruanos del futuro una sociedad justa e inclusiva, que no haga distingos absurdos y perniciosos entre ciudadanos de “primera” y de “segunda clase”, que no exponga a las personas a la violencia, a la exclusión social y a la pobreza. Debemos proteger a los peruanos del futuro con una comprensión del país por medio de estrategias educativas que transmitan el significado de la historia nacional y los valores democráticos que pregonamos, de modo que todos conozcan sus derechos y sean inmunes a la prédica de la violencia y del autoritarismo. Necesitamos formar ciudadanos dispuestos a corregir los errores del pasado y consolidar una comunidad política democrática. Y solo lo conseguiremos como lo señala el Informe de la CVR con el trabajo estricto de la memoria histórica y de la justicia.

Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP y expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para La República

(26.08.2016)