25/12/2017

Indulto es insulto a la memoria de las víctimas, por Gisela Ortiz

El 07 de abril del 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el doctor César San Martín, sentenció a 25 años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y las detenciones arbitrarias de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti.

El juicio a Fujimori fue público con participación de sus familiares, allegados y partidarios y con las garantías del derecho a la defensa a través de sus abogados y de él mismo. Este juicio, así como los demás en los que tiene sentencias, fue posible tras ser extraditado de Chile y admitidos los casos por la Corte Suprema de Chile para ser juzgados.

Desde 1992, los familiares del caso Cantuta, denunciamos a los responsables de la desaparición del profesor Hugo Muñoz y los nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Durante los años 90 fue difícil alcanzar justicia con instituciones intervenidas por el co-gobierno de Fujimori y Montesinos que no garantizaron el derecho a la justicia de las víctimas menos el derecho a la verdad sobre lo ocurrido. La información sobre los hechos, así como los nombres de algunos miembros del grupo Colina, responsable de este y otros crímenes, la conocimos por la investigación de medios de comunicación como La República, Revista Caretas y Revista Sí.

La primera información de la existencia de este escuadrón de la muerte dentro del Servicio Nacional de Inteligencia del Ejército (SIN), la dio el grupo clandestino COMACA (Comandantes, mayores y capitanes); un grupo de militares en funciones que conocían de las acciones de muerte del grupo Colina, sus nombres y grados, y que lo denunciaron a través de un documento entregado al Congresista Henry Pease en marzo de 1993 cuando se iba a formar una Comisión investigadora en el Congreso Constituyente Democrático (CCD) para investigar la desaparición de las 10 víctimas de La Cantuta.

Las vinculaciones del grupo Colina con la cúpula militar así como con Fujimori, se conocieron a través de las declaraciones de los propios agentes de inteligencia que formaron parte de este grupo criminal. Por eso, los familiares, aceptamos la sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Fujimori como el principal responsable de la muerte de nuestros seres queridos y pensamos que con esta sentencia, recobraríamos la tranquilidad que perdimos hace 25 años.

Sin embargo, desde que Alberto Fujimori llegó a nuestro país extraditado de Chile y durante el juicio, una y otra enfermedad que ha presentado han sido pretexto para pedir un indulto. Son casi 10 años manipulando su salud física para acogerse a un beneficio que no le corresponde, como es el indulto humanitario. No negamos la edad avanzada que tiene Fujimori, la misma edad que tienen muchos de los padres de las víctimas de Cantuta, algunos de ellos con las mismas enfermedades cardiovasculares o de presión alta; pero el beneficio de indulto humanitario tiene requisitos que se deben cumplir, como: tener una enfermedad terminal, enfermedades graves o en estado avanzado  o enfermedades mentales. Ninguno de estos casos aplica para Fujimori.

Si bien el Presidente de la República tiene la facultad para otorgar este indulto, no puede hacerlo pisoteando el derecho que tenemos las víctimas a la justicia y la condena a Fujimori es un acto de justicia. Ni puede otorgar el indulto atropellando las condiciones que la propia norma establece.

Los crímenes cometidos contra nuestros seres queridos, son crímenes graves. La desaparición forzada es una tortura constante, que se acrecienta día a día. Nosotros tenemos a cinco desaparecidos cuyos cuerpos no han sido devueltos después de los juicios ni se ha hecho mayor gestión para buscarlos.

Durante 25 años, desde el 18 de julio de 1992, los familiares hemos luchado permanentemente por alcanzar justicia, por saber la verdad de lo ocurrido, porque se haga memoria sobre estos graves delitos, porque se señalen a los culpables para que estos hechos no se repitan nunca más en nuestro país. Hemos dedicado gran parte de nuestra vida para recuperar los restos de nuestros familiares y llevar a prisión a sus asesinos. Sabemos de qué nada de lo que hagamos nos devolverá con vida a nuestros hermanos, hijos, esposos o padres, pero algo de justicia hemos alcanzado con esfuerzo y dedicación, por eso, rechazamos cualquier forma de impunidad para los asesinos y sus cómplices.

Indultar a Fujimori sin merecerlo es un atropello a la memoria de cada una de las víctimas de Cantuta, Barrios Altos, Sótanos del SIE, Pedro Yauri, campesinos del Santa, el caso Pativilca y todas las víctimas del grupo Colina.

Regalarle el indulto a Alberto Fujimori para congraciarse con una mayoría fujimorista en el Congreso, no le dará gobernabilidad a nuestro país sino generará un clima de incertidumbre e inestabilidad cuando no se respetan los fallos judiciales.

Indultar a Fujimori es ofender el dolor de los familiares y la larga lucha por alcanzar justicia durante años, aún contra el propio Estado que no supo defender nuestros derechos a tiempo y enfrentándonos al estigma de ser llamados “terroristas” sin que nadie nos pida perdón por ello.