22/10/2012

Indulto, política y moral

Alberto Fujimori fue condenado en el año 2009 a cumplir veinticinco años en prisión por graves crímenes que alcanzan la categoría de delitos de lesa humanidad. No fue sentenciado, como a veces se pretende hacer creer, por el carácter autoritario de su gobierno, por más que este, en efecto, condensó muchos de los actos más abyectos de nuestra historia política reciente. Hoy sus familiares solicitan que se le otorgue la gracia presidencial del indulto humanitario. Aducen, para sustentar su pedido, que Fujimori atraviesa por una grave enfermedad de secuela fatal. Será necesario que los expertos en medicina convocados por el gobierno dictaminen con la máxima objetividad si tal condición, única que podría ameritar legalmente el beneficio, es realmente existente.

Pero, más allá de ello, el caso invita a reflexionar al menos sobre dos cuestiones importantes para el carácter de nuestra vida pública: la notoria ausencia de arrepentimiento entre aquellos que cometieron graves crímenes durante la época de la violencia armada, y la forma oportunista en que, en nuestra vida pública, se consideran asuntos que deberían ser mirados y evaluados desde una óptica moral.

En cuanto a lo primero, si algo se puede decir de los principales personajes del fujimorismo, empezando por el propio Alberto Fujimori, es que están muy lejos de haber reconocido el mal que hicieron a millares de peruanos y los crímenes y atropellos que cometieron, auspiciaron o encubrieron. Por el contrario, se insiste en defender sus crímenes y tropelías como algo necesario para el país. O, en otro giro repudiable, el fujimorismo adopta como justificación la tesis de que todos los peruanos somos igualmente inmorales e inescrupulosos, por lo cual no cabría hacer juicio ético alguno sobre la conducta de aquel gobierno. Se trata de una estrategia de igualación en la vileza que no debe ser aceptada. Por esas razones, una absolución del fujimorismo en términos políticos o en términos de justicia, bajo la forma de un indulto, aparece como contraria a los aprendizajes que el país debió hacer en los últimos años. Sin un sincero arrepentimiento, sin un pedido efectivo de perdón, toda lenidad frente al crimen aparece como una categórica afrenta a las víctimas. Nuestro Estado y quienes lo gobiernan deben aprender que el Perú no puede seguir siendo una sociedad pensada para favorecer a los poderosos y para escarnecer sistemática a las víctimas.

Esto nos conduce al segundo punto. La evaluación del indulto viene siendo presentada por algunos comentaristas como un problema político en el sentido más estrecho de la palabra: es decir, como un cálculo de las ganancias y pérdidas que el gobierno podría experimentar según la decisión que tome. Pero la política, sobre todo cuando versa sobre cuestiones tan graves como los delitos de lesa humanidad, no puede rebajarse a un simple cubileteo. Quienes han sido elegidos para conducir a nuestro Estado deben poder situarse por encima del simple cálculo de intereses. Los peruanos merecemos una política distinta, más lejana del cinismo y más cercana a los principios.

La República