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Opinión 8 de junio de 2017

Existe una cultura privada –y casi endogámica– en las Fuerzas Armadas que genera una serie de prácticas sociales, normas de convivencia y actitudes ante la vida. Esto abarca desde una cultura jerárquica que impone orden y disciplina para la convivencia social (y que en el pasado reciente toleró o permitió violaciones a los derechos humanos y un trato discriminatorio hacia las víctimas) hasta una cultura machista que configura un tipo de militar, hombre, con una fortaleza extraordinaria que debe probarse siempre ante los demás (ciudadanos comunes y corrientes que no están ‘preparados’ para tremendo desafío).

La cultura educativa de los institutos armados exacerba el machismo entre jóvenes que apenas han definido sus identidades en el mundo familiar y que rápidamente pasan a ser cobijados por una formación que privilegia la disciplina y el autoritarismo por sobre los principios básicos de convivencia social y ciudadana. Es en los cuarteles militares donde estas prácticas ‘privadas’ aún tienen lugar y en ocasiones llegan al maltrato físico o psicológico.

En el 2016, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo denunció el caso de Norio Jesús Huani Paima, quien sufrió maltrato físico durante el desarrollo de sus actividades en la Base Naval de Iquitos, donde cumplía el servicio militar voluntario. Estos hechos extremos inoculan un sentido de mayor distancia entre la sociedad y los militares, como si se tratara de mundos lejanos cuando en realidad son instituciones estatales cuya función también pasa por generar sentidos de pertenencia a un mismo espacio en el que todos somos ciudadanos.

El ministro de Defensa ha señalado la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de la muerte de los jóvenes soldados en Marbella y de permitir la investigación de la fiscalía. Esto ya es un avance en una institución que antes se consideró tutelar en términos políticos, y hoy pretende mantenerse en una esfera privada que impide una relación cercana y transparente con el resto de la sociedad.

El Perú es uno de los pocos países en América Latina que aún mantienen complejos de vivienda y colegios destinados solo a militares y sus familias. Justamente desde la educación, el espacio básico de formación de ciudadanía, sería más conveniente construir relaciones entre civiles y militares de manera equitativa y buscando reconocimiento en ambos sectores, sin necesidad de marcar distancias ni jerarquías. La muerte de estos cuatro jóvenes soldados debe servir para llamar la atención sobre la necesidad de repensar la formación que se viene impartiendo en los institutos armados no solo como un espacio militar sino humano y cívico.

“Nuestros muchachos tienen que ser entrenados, exigidos, pero cuidados”, ha dicho el ministro de Defensa. Nuestros muchachos en las Fuerzas Armadas merecen recibir una mejor formación en los institutos armados. Una formación basada en valores cívicos que les permita ejercer la ciudadanía como estudiantes y como soldados, conociendo sus derechos y valorando su condición de personas y de ciudadanos por sobre todo.


Esta columna de opinión fue publicada hoy 08/06/16 en la versión digital e impresa del diario El Comercio. 

* Iris Jave es investigadora senior y Coordinadora del área de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP.

(08/06/17)