04/05/2015

La libertad de los distintos

IMG_1750Hace unos días, un programa de televisión decidió transmitir en cadena nacional una secuenciaen la cual un equipo, conformado por la conductora, un psiquiatra y un grupo de paramédicos, decidía drogar a una mujer con discapacidad psicosocial para internarla sin su consentimiento en un centro de salud psiquiátrico. Ante tal atropello, la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público – Sección Discapacidad y Derechos Humanos de la PUCP (proyecto conjunto de la Facultad de Derecho y el IDEHPUCP) emitió un comunicado en el que lamentábamos tal hecho y señalábamos por qué lo ocurrido estaba mal, en tanto iba contra normas nacionales e internacionales.

Las personas con discapacidad han sido y siguen siendo discriminadas por una sociedad que las excluye. Dentro de este colectivo, es posible decir que las personas con discapacidad psicosocial son las más discriminadas. La opinión general es que son peligrosas y que están enfermas. Tal apreciación es estereotipada y errónea desde el modelo social de la discapacidad, puesto que esta no surge únicamente de la persona sino que aparece de la interacción de su deficiencia biológica con las barreras que enfrentan en la so-ciedad.

Una de las tantas barreras existentes es la exclusión de garantías. La libertad solo puede privarse en casos de delito flagrante u orden judicial. Y eso no está en discusión para las personas sin discapacidad. No obstante, cuando se habla de personas con condiciones psicosociales, matizamos la norma. Así, la comunidad suele justificar estas actitudes por el bien de la propia persona o por el bien de otros.

La primera de estas premisas se cae por el evidente paternalismo existente. Solamente la propia persona puede decidir qué es lo mejor para ella.Pensar que los parientes o losmédicos deben decidir por uno es una condena atroz. Solo basta imaginar cómo sería la vida si los padres o un funcionario público tomase todas las decisiones por uno para tomar conciencia de lo cruel que es señalar la obligatoriedad de un tratamiento médico para una persona.

La segunda premisa tiene que ver con el bien de la comunidad. Y es una preocupación real. Nadie tiene derecho a dañar a otro. No obstante, la respuesta a esto no puede ser la represión preventiva de todas las personas con sospecha de tener problemas de salud mental. Eso se convierte en discriminatorio. Una real postura igualitaria nos lleva a señalar que las personas solo podrán ser sancionadas luego de cometer una falta, al igual que el resto de personas. Probablemente, su reclusión deberá incluir medidas de salud mental, pero eso no puede llevara concluir que todas las personas con discapacidad psicosocial deben ser recluidas en hospitales que se convierten en cárceles. En el caso concreto, posiblemente, el cambio de tenencia hubiese sido la mejor medida para el bienestar del menor sin afectar otros derechos de la madre. 

En el Perú, aún se nos hace difícil tolerar y comprender al distinto. Estas fallas de entendimiento se han traducido, muchas veces, en exclusión y discriminación. El grupo de personas con discapacidad psicosocial tiene derecho a que la sociedad derribe esas barreras. Todas estas personas tienen derecho a ser libres, optar por los métodos de salud que prefieren, contratar y casarse. Hasta el momento, como bien señala Foucault, los hemos convertido en los“anormales”, a los que nadie quiere. Falta mucho para que eso cambie. Pero un primer paso es denunciar los hechos que los privan de su humanidad al quitarles todas las garantías que les corresponden.

Escribe: Renato Constantino, investigador del IDEHPUCP. Publicada originalmente en Punto Edu.