Es claro que los procedimientos e instituciones llamados a preservar o restituir el orden de la comunidad política no pueden ser entendidos en un sentido puramente estratégico o instrumental, sino como procesos al servicio de la libertad y la dignidad humanas, así como una genuina reflexión sobre la paz ha de ser tributaria de una racionalidad que trascienda los límites del utilitarismo y del cálculo.
La reconciliación ha de guardar proporcionalidad con la magnitud de la ruptura social que enfrenta. Cuando ella ha significado desquiciar los mecanismos instaurados para sobrellevar normalmente los conflictos, entonces la solución no puede ser sino la tarea de restauración del tejido social y la recuperación de los vínculos interpersonales. Esa labor asumirá la forma de una reconciliación solo en la medida en que los miembros de la comunidad política se hagan partícipes y reconozcan sus responsabilidades directas e indirectas, sea en la comisión de crímenes, sea en la elaboración o la aceptación de una narración sesgada que los justifique, sea –finalmente– en la indiferencia frente al mal ocurrido.
Ese compromiso de la comunidad política en el caso peruano halla derrotero por el trabajo cumplido por la CVR que indica las tareas que deben ser asumidas por el Estado. Un primer deber ha de ser respetar el derecho a la Verdad y propiciar su conocimiento a través del ejercicio de una memoria ética que nos hable de aquello que ocurrió y de los factores que contribuyeron al conflicto; se requiere además establecer el imperio de la Justicia, entendida en el ámbito penal a través de la sanción de los autores principales de crímenes feroces, y también como Reparación material y moral del daño sufrido por víctimas inocentes.
Por otro lado se hace necesario iniciar la Reforma profunda de las instituciones públicas que no se comportaron a la altura de sus responsabilidades a lo largo de la tragedia padecida, comprendiendo que el ejercicio del poder ha de ser responsabilidad y servicio, y no gozo que implica dominar y apetito que lleva a buscar más poder. Más bien asumiendo en su sentido más pleno la vida pública y política, es deber de los gobiernos dirigirse al establecimiento de una sociedad de ciudadanos, iguales en naturaleza y dignidad, todo ello en un clima democrático y en el que el Estado de derecho sea una realidad.
Es claro también que la sociedad en su conjunto y cada uno de sus miembros han de ser partícipes en la construcción de una vida mejor para todos. Tarea que exige, como elemento esencial, un desarrollo pleno y de calidad en la Educación de nuestro pueblo, deuda pendiente, desde hace ya mucho tiempo, entre nosotros.
(04.09.2015)
