15/03/2016

La trata no da tregua: ¿Cuáles son los principales retos que el nuevo gobierno debe asumir?

trata personasEntre las disputas y retiros de candidatos presidenciales, hace pocos días pasó casi desapercibida una noticia. Aymee Pillaca, una joven de 21 años, fue asesinada en La Pampa, un campamento minero ilegal en Madre de Dios, por ayudar a escapar a una niña de 15 años. Horrorizada, al ser testigo de la violación de esta niña por una decena de sujetos, la habría ayudado a huir del prostibar “La Rica Miel,” administrado por una red de tratantes. Este lugar fue objeto de dos operativos en 2014 y 2015, pero no fue clausurado definitivamente.

Como este, hay cientos de casos en nuestro país. Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público de 2014, se denunciaron 501 casos con 782 víctimas, de las cuales cerca del 80% eran mujeres. Estas cifras reflejan  parcialmente nuestra realidad pues se trata de los casos denunciados y se sabe que existe un alto nivel de subregistro por motivos que van desde temores de represalia hasta la falta de percepción como víctimas. Un dato alarmante es que, según el Global Slavery Index, el Perú ocupa el sexto lugar en la región de personas víctimas de esclavitud moderna, con un número aproximado de 66,300 víctimas probables, solo después de Haití, Surinam, México, Colombia y Guyana.

La trata de personas – entendida como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a alguna forma de coacción, con fines de explotación – representa una grave afectación de derechos humanos. Coloca como objeto de cosificación al ser humano y afecta su dignidad, libertad e integridad. Genera en las víctimas secuelas físicas, emocionales y psicológicas que pueden tardar años en ser superadas o incluso, no serlo nunca.

Pero esto parece no importar lo suficiente a los candidatos presidenciales. Solo uno de los ahora catorce candidatos presidenciales considera en su plan de gobierno una mención a los instrumentos de política pública más importantes en la materia. En efecto, únicamente el partido Peruanos Por el Kambio plantea “diseñar e implementar con los recursos necesarios un nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas para el periodo 2016-2021”. Esto enmarcado “en la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus diversas Formas de Explotación, las leyes nacionales e internacionales vigentes y, bajo una perspectiva de prevención y protección de los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes de este delito”. Por su parte, otros tres partidos tienen menciones bastante escuetas e imprecisas. Fuerza Popular enuncia la creación de una instancia del más alto nivel para vigilar el cumplimiento de los planes nacionales de trata; Frente Amplio señala la regulación de la trata de personas como medida para luchar contra la trata con fines de explotación sexual; y Perú Posible afirma que tendrá un rol más activo contra la trata de personas.

Esto resulta poco alentador si lo que se pretende es continuar y fortalecer los avances dados en nuestro país. Es conveniente señalar que el Estado peruano ha desplegado esfuerzos importantes en la lucha contra la trata de personas y es parte del Protocolo de Palermo, instrumento internacional que establece el compromiso de prevenir y perseguir el delito, y brindar protección y asistencia a las víctimas. En el año 2007 se promulgó la Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (Ley 28950), y se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas (GTMPTP). Desde entonces contamos con dos instrumentos de política pública importantes: el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 y la Política Nacional contra la Trata de Personas, aprobada en 2015. Asimismo, el pasado mes de febrero se aprobó un nuevo Reglamento de la Ley, que otorga mayor claridad sobre las competencias específicas de cada sector y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (puede consultar un resumen aquí). El funcionamiento de esta Comisión será de vital importancia para que el futuro gobierno tome en consideración los avances logrados hasta la fecha y encare los desafíos pendientes. Pero, ¿cuáles son los retos principales que deberá enfrentar el siguiente equipo de gobierno? Veamos algunos.

Plan de Acción contra la Trata 2017-2022 basado en diagnóstico situacional

Este año llega a su fin el PNAT 2011-2016. Esto exige, de un lado, realizar una evaluación seria sobre su nivel de cumplimiento, acompañada de una reflexión sobre el rol que ha venido cumpliendo y debe cumplir cada sector. De otro lado, requiere la elaboración de un nuevo Plan de Acción, que ya ha empezado a gestarse en la Comisión Multisectorial. Es importante dar continuidad a esta tarea y asegurarse de incorporar indicadores y metas claras y medibles. Para ello consideramos que se hace necesaria la elaboración de un diagnóstico situacional que permita conocer con solidez las principales rutas de trata, el perfil de las víctimas y tratantes, y los principales factores que favorecen esta práctica. Esta es una tarea pendiente e impostergable si se quiere asegurar que el nuevo plan responda a la realidad y se tomen decisiones políticas basadas en información confiable.

Presupuesto suficiente

Uno de los problemas más grandes para el cumplimiento del PNAT 2011-2016 ha sido y sigue siendo la falta de presupuesto. Según el tercer informe alternativo sobre la situación de trata en el país, en el 2015 se incrementó el presupuesto en un 0.0034%, alcanzando los 9 millones de soles aproximadamente, esto es el 0.0059% del presupuesto general de la República. Pese a ello, la realidad demuestra que resulta aún muy insuficiente de cara a las enormes tareas pendientes, además debe evaluarse la capacidad de ejecución del gasto.

Albergues para brindar asistencia a las víctimas

Entre el 2009 y el 2013, solo 1 de cada 23 víctimas menores de edad pudo ser atendida en un albergue especializado. Ninguna de las 527 víctimas adultas recibió atención. A pesar de que se cuentan por cientos las víctimas de trata, en el país solo tenemos dos establecimientos especializados, en Lima y Madre de Dios. Estos tienen además una capacidad de acogida y herramientas de atención muy limitadas. Dada la ausencia de albergues especializados, las víctimas se alojan o son acogidas en centros de atención para menores infractores, víctimas de violencia familiar u otros. Debe, entonces, impulsarse seriamente el establecimiento de albergues especializados y que cuenten con una infraestructura adecuada y los elementos necesarios para brindar  atención médica, psicológica y legal a las víctimas. Esto pasa por promover que gobiernos regionales y locales se sumen a este esfuerzo.

Articulación e incorporación transversal para la reintegración

Parte importante de la erradicación de este fenómeno está en garantizar a la víctima su reintegración en la sociedad, es decir, dotarle de los elementos y capacidades necesarias para evitar que vuelva a caer en manos de tratantes. Por ello, el nuevo gobierno no solo debería ampliar significativamente la cantidad y calidad de centros de acogida, sino también fomentar la reintegración de las personas víctimas de trata de manera articulada a través de los distintos sectores. Por mencionar algunos elementos, ello requiere, en materia de salud, brindar atención especializada y no solo su incorporación al SIS; en educación, incorporar un protocolo, ruta o programa específico para continuar la formación educativa de las víctimas de trata; en el ámbito laboral, contar con un sistema de capacitación laboral y reinserción al mercado formal; en el ámbito social, incorporar a través del MIDIS a víctimas de trata como beneficiarias de programas sociales, considerando su situación específica de vulnerabilidad.

La trata se produce comúnmente en contextos donde están presentes condiciones de precariedad socioeconómica y vulnerabilidad. Muchas veces va ligada a otras formas delictivas – como la minería ilegal o el narcotráfico- y expresa, a su vez, deficiencias propias de la institucionalidad pública y la gobernabilidad –como corrupción e informalidad. Exige, por tanto, un compromiso del más alto nivel y un trabajo coordinado y decidido del aparato estatal. La trata no da tregua, esperamos que el próximo gobierno tampoco.

Escriben Cristina Blanco, Coordinadora Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP, y Alessandra Enrico, asistente de investigación

(Foto: La República)

(15.03.2015)