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Opinión 9 de junio de 2018

El Perú se ubica como el segundo país del mundo, después de los Estados Unidos, que más solicitudes de refugio recibe de personas venezolanas, con un total de 36,997 hasta abril 2018. Solo entre enero y febrero de este año, han ingresado 40,000 personas venezolanas al territorio peruano. En marzo de 2018, de acuerdo con los registros oficiales, un total de 100,000 venezolanos habían ingresado al país, mientras que, para el 19 de abril de 2018, la Superintendencia de Migraciones registró a más de 200,000 ciudadanos venezolanos en el territorio nacional.

El Perú, al igual que otros países de la región, como Brasil, Chile o Argentina, ha adoptado un mecanismo de regularización excepcional, el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que busca responder a un flujo nunca antes visto y que sigue aumentando.

Este fenómeno lleva consigo una serie de cuestiones relacionadas con los motivos y las perspectivas de los propios migrantes, sus trayectorias, así como las distintas caras de esta migración. Por un lado, se encuentran las respuestas jurídicas a estos flujos que encasillan a las personas en categorías no siempre del todo adecuadas; de otro lado, está quizás uno de los aspectos más importantes: se trata de las fronteras geográficas, pero también simbólicas, las que muchas veces no solo diferencian, sino que imposibilitan el ejercicio de derechos de las personas migrantes.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 24.4% de los migrantes venezolanos en Lima ha dado a conocer que se han sentido discriminados de diversas maneras y el 88.6% de ellos ha informado que fue por su nacionalidad. En cuanto al trabajo, el 27.7% de las personas migrantes venezolanas encuestadas en Lima Metropolitana ha trabajado o desempeñado alguna actividad sin recibir algún pago o menos de lo establecido. En un informe preparado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) y más de 30 instituciones de América Latina, que se presentó el viernes 11 de mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se identifica una serie de obstáculos para el acceso a la salud y educación de esta población migrante.

¿Cómo puede justificarse que el acceso a derechos básicos, como la salud, dependa de una nacionalidad o de una condición migratoria regular? ¿Cómo ciertos factores estructurales en la sociedad peruana, como la informalidad, ponen a los migrantes a la merced de empleadores poco escrupulosos? ¿En qué medida la discriminación opera en el contexto de esta ola migratoria?

La academia tiene un rol central en promover espacios de reflexión interdisciplinarios acerca de la migración venezolana que parten no solo de los estudios teóricos en la materia, sino también de las propias voces de los migrantes. En ese marco, el IDEHPUCP, en alianza con Flacso-Ecuador y otras tres universidades de la región, convoca a todos los interesados e interesadas al call for papers “Migración de personas venezolanas en América Latina” abierto hasta el 2 de julio. Descarga las bases aquí.