¿Los niños y las mujeres primero? La prevalencia de la desnutrición infantil y la anemia femenina en el Perú

El Día Mundial de la Alimentación se conmemora desde 1979 con la intención de llamar la atención a los países y gobiernos sobre la situación de hambruna y desnutrición en el mundo. Si bien muchos de los indicadores nacionales en países en desarrollo como el Perú han mejorado en los últimos años, (por ejemplo, la desnutrición infantil en el Perú ha disminuido en casi 10 puntos  en los últimos 5 años) aún hay mucho por hacer. Cabe mencionar que, cuando hablamos del derecho a la alimentación, no nos referimos solo a la necesidad de una ingesta calórica mínima (en torno a dos mil calorías por persona al día) sino además de alimentos con alto impacto en los procesos de desarrollo infantil (proteínas, vitaminas, consumo de hierro).

Por ejemplo, la evidencia muestra que, en promedio, el 17% de los niños y niñas en el Perú se encuentra desnutrido crónicamente, proporción que se duplica en el caso de los niños rurales, en donde casi el 32% se encuentran retrasados en su proceso de crecimiento[2]. Esta situación se vuelve crítica en regiones como Huancavelica o Cajamarca, en donde la proporción supera el tercio de los infantes (casi 43% y 36% respectivamente[3]). Asimismo, este proceso de disminución sería menos acelerado en cerca de 10 regiones, en donde se habría disminuido menos de 6 puntos respecto a la media nacional. Es decir, a pesar de la tendencia a la baja de la desnutrición crónica infantil, enfrentaríamos importantes brechas en el territorio que no han sido suficientemente atendidas.

Al mismo tiempo, tenemos una grave situación de anemia: se calcula que 1 de cada 2  niños menores de 6 años (el 47% de menores de 3 años, y el 44% menores de 6) no tiene suficiente hierro y vitaminas en la sangre[4]; proporción que puede llegar a ser de casi el 70% en regiones como San Martín, Puno o Pasco. De las 24 regiones, 12 se encuentran por encima del promedio nacional.  Los niños y niñas peruanos también tienen bajo peso al nacer (menos de 2.5 kilos) ya que si bien el promedio nacional por debajo de este este indicador es de 7%[5] lo cierto es que existen regiones en los cuáles el promedio casi se duplica, como en Loreto y Apurímac donde se alcanza el 13% o Cajamarca y Huánuco, con 11%.[6] Esto se acompaña de la constatación que 1 de 4 mujeres gestantes tiene anemia, cifra que puede llegar a duplicarse en regiones como Puno o Huancavelica, en donde la cifra llega a el 49% y 46% respectivamente.[7]

Es decir, dentro del conjunto de peruanos, hay grupos en especial situación de vulnerabilidad a la desnutrición y la sub-alimentación: las mujeres y los niños (y me atrevo a decir que las personas de la tercera edad pero hay muy poca información al respecto), en especial, de las zonas rurales del país, al interior de cada región. En ese escenario, los especialistas señalan que uno de los factores claves para entender los niveles de desnutrición es la pobreza extrema, característica de los distritos más vulnerables en su dimensión más integral: la monetaria, ya que el carecer de recursos para cubrir una canasta de alimentos hace que se adquieran menos; y la estructural, ya que se estima que el 48% de viviendas carecen de servicios de desagüe, el 93% de las viviendas tienen piso de tierra y 71% no tienen servicio de electricidad[8]. Esta evidencia nos lleva a una constatación: el impacto diferenciado de la desnutrición y la inseguridad alimentaria en el Perú no se da sólo por condición de pobreza sino además corresponde a un perfil por zona de residencia, regional, productivo (campesinado) e incluso étnico. A esto habría que sumarle los bajos niveles de desarrollo de una cultura alimentaria que permita un correcto uso de alimentos desde un punto de vista nutricional.

Una cuestión especialmente importante pata atender esta problemática tiene que ver con la necesidad de aplicar un enfoque de género en el diseño de políticas de seguridad alimentaria. Ello porque de un lado, las mujeres son directamente afectadas por la problemática de la desnutrición y la anemia, cuestión que a su vez trasladan a sus hijos durante el periodo de gestación. La desnutrición se transmite también de forma intergeneracional. Pero, de otro lado, son ellas además las responsables de los hogares (25% de hogares en el Perú son monoparentales, bajo la responsabilidad de una mujer)[9] y en la mayoría de los casos de la elaboración de la dieta familiar, y la responsable de la combinación de alimentos y la distribución de los mismos al interior de los hogares. Pero las mujeres no cumplen sólo un rol reproductor. Son también productoras y en serias condiciones de desventaja. En el Perú, el número de productoras de alimentos mujeres se ha duplicado en los últimos 20 años, pasando de 357 000 en 1994 a casi 700 000 el 2012, presencia que es mayor en la sierra donde más de un tercio de productores son mujeres.[10] A nivel de unidades agropecuarias, más del 20% son dirigidas por mujeres.[11]

Estas mujeres enfrentan inequidades de género vinculadas a la propiedad de la tierra –tres de cada cinco productoras son minifundistas con superficies menores de tres hectáreas[12] y sólo el 4.7% de las productoras rurales tiene su título de propiedad[13]– y con bajísimos niveles de instrucción – 26% son analfabetas, frente al 9% en varones, y nunca fueron a la escuela[14]. Es decir que las mujeres productoras cuentan con menos activos de capital humano para conducir adecuadamente sus predios.[15] Si tomamos en cuenta que cerca de la mitad de los alimentos en el mundo son generados por mujeres[16], y que son ellas además las responsables de la alimentación dentro de los hogares y del cuidado de los familiares dependientes –niños y personas de la tercera edad- cualquier estrategia de seguridad alimentaria, y en particular, la destinada a productores agrícolas, debe incorporarlas como sujetos activos tanto en los procesos de diseño de la intervención como como beneficiarias directas de las mismas.

¿Cómo empezar a atender esta situación? Lo primero es mencionar que al interior de las regiones ya se viene haciendo esfuerzos importantes en torno a Planes de Acción por la infancia, y que con el impulso central de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ha logrado comprometer a autoridades locales, regionales y nacionales en la materia. Hay lecciones que sacar de este proceso en torno a como es posible hacer política pública descentralizada, con mirada territorial, con procesos de participación y mediante el ejercicio de la concertación. Es fundamental construir desde lo que ya sabemos que funciona. En ese importante conocer cuánto del proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que en principio está siendo discutido en el seno del Concejo de Ministros, ha incorporado a los actores sobre terreno, y en particular, aquellos vinculados con las organizaciones de mujeres y productoras. Lo mismo en el caso de la Comisión Intersectorial de seguridad alimentaria, ¿cuánto se está incorporando a las mujeres en sus procesos no sólo de consulta sino en la presentación en un espacio como este?

Esta discusión es importante en un escenario en el que, también en principio, la Mesa del Congreso ha enviado a Presidencia de la República la ley de Seguridad Alimentaria para su promulgación; ley que formaría un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como espacio consultivo y ejecutivo para el desarrollo de estas políticas. En ese sentido, la incorporación de un enfoque de género supone no sólo las atienda en las necesidades de las mujeres en los campos de producción de alimentos y en el seno mismo de la reproducción familiar sino que además las incorpore como agente en el propio diseño e implementación de las políticas. Y para ello es necesaria la inclusión de metodologías de investigación que vayan desde la problemática macro (la elaboración de índices por ejemplo) a entender el mundo de lo “lo micro”, de las divisiones en al interiores de los hogares -quién come qué, cuándo, en qué dimensiones, por qué y cómo se producen los procesos de ajuste en casos de situaciones de crisis- y que mirando lo privado, pueda plantear estrategias eficaces, eficientes y sostenibles para la erradicación de la desnutrición y la mal nutrición de niños, niñas y mujeres en el país.

Escribe: Carmela Chávez Irigoyen, investigadora del IDEHPUCP