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Opinión 16 de octubre de 2018

Este año el Premio Nobel de la Paz ha sido entregado a dos valerosos luchadores contra la violencia sexual y, más particularmente, contra la insostenible práctica de la violación sexual de mujeres como arma de guerra en situaciones de conflicto armado.

Los premiados han sido Nadia Murad, activista iraquí de origen yazidí, quien fue víctima del llamado Estado Islámico, y Denis Mukwege, médico congolés dedicado desde hace décadas a atender a víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo.

El uso de la violencia sexual como estrategia de guerra es una de las derivaciones más atroces que adoptan los conflictos armados. Y es, por ello, imprescindible llamar la atención de la comunidad internacional sobre esa práctica criminal, así como fortalecer cada vez más el marco jurídico y las instituciones judiciales de modo que se pueda sancionar no solamente a los perpetradores directos sino a quienes, estando en posición de mando, alientan o permiten esas prácticas que bien pueden ser considerados como un crimen contra la humanidad.

Hay que decir también que en el Perú la violencia sexual contra mujeres fue una práctica recurrente entre los actores armados durante el conflicto armado interno. Es un tema muy poco comentado y apenas tocado por el sistema de justicia. Y, sin embargo, fue un aspecto dramático de la violencia documentado, analizado y condenado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

En su Informe Final la CVR señaló que “considera que la violencia sexual en general y, en particular, la violación sexual de una mujer, constituye una violación de derechos fundamentales e inderogables de la persona humana, esto es, una forma de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por ello, aunque esta deplorable práctica delictiva no ha sido expresamente mencionada en su mandato, ella se encuentra incluida entre los hechos que, de acuerdo con el mismo, deben necesariamente ser investigados por la Comisión.”

La Comisión también afirmó que “(a) lo largo del conflicto armado que se vivió en el país, se produjeron numerosos actos de violencia sexual contra las mujeres peruanas por agresores provenientes tanto del Estado como de los grupos subversivos. Esto ha sido destacado por organizaciones internacionales, enfatizándose cómo durante el conflicto, ambas partes enfrentadas violaban sexualmente a las mujeres y abusaban de ellas durante sus incursiones en las zonas de emergencia o durante las detenciones e interrogatorios”.

Hoy podemos apreciar como los crímenes cometidos por Sendero Luminoso y por agentes del Estado no han sido adecuadamente juzgados como tales. Solo en tiempos muy recientes se inició un juicio por el caso Manta y Vilca, referido a la violación masiva de mujeres en esas bases militares hacia 1984. Más allá de eso, se puede decir que prevalece una generalizada ignorancia sobre este tema en la sociedad así como una profunda indiferencia de parte de las autoridades.

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Dania Murad y a Denis Mukwege constituye no solamente un merecido reconocimiento a dos trayectorias valientes y abnegadas, sino también una necesaria señal de alarma a la comunidad internacional para que estos crímenes no queden en el olvido ni en la impunidad ni sus víctimas deban permanecer invisibles para el mundo.