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Opinión 1 de septiembre de 2017

A Mamá Angélica con amor y respeto. Se han cumplido 14 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación hiciera entrega al país de su Informe Final, documento que resume el trabajo emprendido durante dos años a fin de esclarecer los hechos, causas y secuelas del conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000. Dicho trabajo ha permanecido vivo en la discusión pública, así como en la actividad artística, lo que confirma la trascendencia de la labor que emprendimos con dedicación y compromiso con el Perú.

En tiempos en los que se publican textos que, con ampulosidad y poco rigor, se convierten en instrumentos de quienes niegan la existencia de violaciones a los derechos humanos, conviene resaltar un hecho poco recordado por los peruanos. Cuando la CVR inició su trabajo, emitió una Declaración de Principios y Compromiso con la Nación, en la que expresaba los fundamentos de su misión y que guiaron todos sus actos.

Asumimos, como valor supremo, el respeto y defensa de la vida y la dignidad humanas. Por tanto, hicimos nuestros los principios que sostienen los derechos humanos y condenamos toda conducta, por acción u omisión, que vulnerara los mismos.

Consideramos que la democracia era el camino para instaurar la paz, la justicia, la equidad y la garantía de una vida digna. Razón por la cual repudiamos todo acto que vulnere el Estado de Derecho, sin importar quien fuera el autor de dichas acciones.

Estuvimos y lo estamos ahora, convencidos de que una sociedad justa solo será posible cuando prevalezca el principio de igualdad entre los ciudadanos. Por ello consideramos que el país debía prestar atención a los atropellos sufridos por todas las víctimas, sin discriminación alguna.

Asumimos criterios de imparcialidad e independencia como principio rector de nuestras investigaciones, para de este modo evitar cualquier limitación, inhibición o encausamiento indebido. Y consideramos que la justicia y la reconciliación solo podrían iniciarse mediante el establecimiento y la exposición pública de la verdad.

Tales principios no expresaban otra cosa que la seriedad con la que asumíamos el compromiso ante el país para trabajar con honestidad y eficiencia en la constitución de un informe que entregado a las autoridades del Estado contuviera una relación verídica de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, con absoluta rigurosidad y dando voz a las víctimas. También nos comprometimos a convocar y conducir la búsqueda de la verdad mediante una amplia convocatoria a la sociedad peruana, a propiciar un proceso de reflexión colectivo sincero y valiente, en el que los peruanos asumiéramos un compromiso firme con la democracia y con una forma de justicia que, comprendiendo la sanción a los responsables y la reparación de los daños, fuera un paso más allá. Desde el inicio de nuestras labores, comprendimos que la reconciliación nacional implicaba una nueva forma de relación entre los peruanos, alejada de amnistías y mecanismos de impunidad.

Fue con tal espíritu que finalmente, en agosto del 2003, expresamos al Perú una verdad dura, pero fidedigna. Un relato exhaustivo y perfectible, con criterios éticos de por medio. Ustedes mismos podrán juzgar si cumplimos dicha tarea. El Informe Final está a un click de distancia en Internet. Tómense un tiempo para leerlo y conocer una historia que nunca más debe repetirse.