Ir al contenido principal Ir al menú principal Ir al pie de página
Opinión 22 de enero de 2013

El 05 de noviembre de 1983, miembros del Ejército Peruano detuvieron a ciudadanos de los distritos de Pichari (Cusco) y Sivia (Ayacucho), quienes fueron llevados a la base militar de Pichari, para-posteriormente- ejecutarlos y sepultarlos en varios lugares de entierro clandestino. Estas acciones se produjeron en represalia a la emboscada a una patrulla militar, donde falleció el jefe de la base, capitán EP Juan Davelouis Salazar, y quedó herido otro oficial.

Estos restos comenzaron a ser exhumados, en el 2006, en el marco de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público para esclarecer el caso. Estos hechos fueron reportados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación e incluidos en su anexo de casos que forma parte de su Informe Final. 

Las seis víctimas cuyos cuerpos han sido entregados este martes forman parte de un grupo de 25 personas encontradas en un sitio de entierro. Las otras 19 víctimas aún no han sido identificadas, cuestión que impide cerrar el tiempo de duelo a sus familiares así como esclarecer los hechos ocurridos hace 30 años en toda su dimensión.