El mensaje presidencial ha sido criticado desde muchos aspectos, pero pocas de estas críticas han tenido como núcleo la ausencia de medidas y políticas desde una perspectiva de derechos humanos. La carencia de este enfoque preocupa, puesto que constituye la base de una democracia y la garantía para una vida adecuada para todas las personas que habitan en la jurisdicción de un Estado. Precisamente, implica tener como eje central de la política a la persona, desde el niño o niña hasta el adulto mayor sin distinción de raza, lengua, nacionalidad, situación económica o social, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra. Se debe perder el miedo a pronunciar el término “derechos humanos” y debe desvincularse de la idea que se trata de un concepto que pertenece exclusivamente a la agenda de los partidos de izquierda. Dicho esto, resulta sorprendente que un término esencial para el correcto funcionamiento del Estado de derecho no sea mencionado ni una sola vez durante el discurso del Presidente a la nación.
Este vacío es curioso si se toma en cuenta que uno de los puntos centrales del discurso fue la inclusión social, la cual, como fue señalado en el propio discurso, incluye tanto una variable económica como su formulación en el cumplimiento de derechos. De esta manera, parece que el gobierno parece tener la intención de un abordaje de las políticas públicas desde esta perspectiva, pero no sabe cómo aplicarlas y cada vez su discurso es más ajeno a las realidades que buscan transformar.
Durante esta administración se han promulgado normas y se han planteado iniciativas importantes en materia de derechos humanos. Prueba de ello es la promulgación de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios (Ley N° 29785), la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N°29973),el impulso de un segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, la realización de una encuesta especializada en discapacidad, la creación de programas contras la desnutrición infantil o la ejecución de algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estas acciones no están articuladas en una verdadera política de derechos humanos que sea transversal a todos los sectores del Estado y quizás por ello, a pesar de responder a demandas que en algunos casos pueden satisfacer a un importante número de personas, no fueron mencionadas durante el discurso.
Una primera gran ausencia del discurso en materia de derechos humanos se refiere precisamente a la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016. Este plan que debió ser la guía del Estado sobre esta temática brilla por su ausencia y existe mucha incertidumbre sobre su destino final. Es importante señalar que el recojo de información para este documento, por medio de audiencias públicas a nivel nacional, se realizó durante el 2012, sin traducirse en ninguna política pública concreta. El fortalecimiento en derechos para la tan mencionada inclusión social no puede realizarse si no se cuenta con un diagnóstico claro de dónde nos encontramos y qué requiere la población del Perú. La falta de acceso de las personas a sus derechos repercute en todos los aspectos de su vida diaria, como la salud, la educación, el trabajo, la alimentación, el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la protección a la vida, a la integridad, a la propiedad y a muchos otros. Consultar a la ciudadanía sobre sus necesidades, sin que dichas voces se recojan en ningún documento, mella la credibilidad del gobierno.
Otra materia ausente en el discurso presidencial fue los derechos de las personas con discapacidad, a pesar que existen algunos logros que mostrar por parte del Estado como la promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, el programa “Tumbes Accesible” o la encuesta especializada en discapacidad hecha por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (ENEDIS). Precisamente, tomando como base esta última muestra, el universo de personas con discapacidad en el Perú asciende a más de un millón y medio de personas, quienes fueron invisibilizados en el mensaje presidencial.
A pesar de los avances en esta materia, quedan grandes reformas en materia de discapacidad que deben ser abordados en el futuro cercano, como la reglamentación de la Ley antes mencionada, la reforma del Código Civil, el diseño de los sistemas de apoyos, la ejecución de la cuota laboral, la reforma en salud mental y en los centros de atención para personas con discapacidad mental. Sobre esta agenda pendiente no existió ni siquiera una breve mención, lo cual demuestra que no es una prioridad para el gobierno excluyendo a un sector importante y muy vulnerable de la población.
En el caso de los derechos de los pueblos indígenas sí se hizo una pequeña mención a la consulta previa, rescatando su importancia como herramienta de comunicación intercultural y la realización de la primera consulta en Loreto. Sin embargo, existen más aspectos que abordar en la agenda indígena para proteger sus derechos y de los cuáles aún no hay desarrollo. Estos son la educación intercultural en todo nivel -incluido el superior-, la participación política, la defensa del territorio indígena- incluido la de los pueblos en aislamiento voluntario-, la protección de los recursos naturales y la lucha contra la discriminación por motivos de raza, lengua o cultura, entre otros.
Además, queda sin responder la principal pregunta: ¿Quién es considerado indígena por el gobierno? Al reducir toda la agenda sobre la materia a la consulta previa, el gobierno minimiza a este colectivo, buscando excluir a comunidades de la costa, sierra o a quienes habitan en zonas urbanas. Se debe asumir que los pueblos indígenas son un grupo heterogéneo cuyas expectativas se centran en alcanzar un enfoque intercultural en la elaboración y ejecución de políticas de Estado. Si bien para ello la consulta previa es fundamental, no se puede reducir únicamente a ello las políticas en la materia, y peor aún, a un solo párrafo dirigido a la necesidad de explotación de recursos antes que a la protección de derechos.
El mensaje tampoco hizo mención de otros grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres o el colectivo LGTBI. Las mujeres tienen una agenda esencial para alcanzar una sociedad verdaderamente democrática, en el cual se encuentran temas como la violencia de género, la igualdad laboral, la inserción en educación inicial, primaria, secundaria y superior, entre otros. En el caso del colectivo LGTBI, existe toda una agenda que espera una pronta ejecución. Pero más allá de cualquier concepción ideológica o religiosa que tenga el gobierno, lo mínimo que debe garantizarse es la vida e integridad de toda persona, por lo que debe ser una prioridad que la discriminación y la violencia por motivo de orientación sexual sea erradicada.
En el discurso tampoco se mencionó a la trata de personas, problema que se incrementa cada día más, con cierta indiferencia desde el Estado, aunque existen importantes iniciativas de trabajo desde la sociedad civil. La trata de personas no constituye un asunto jurídico o policial, pues su tratamiento también involucra la prevención y la atención a las víctimas. Erradicar la trata implica atacar lastres de nuestra sociedad como la minería ilegal, la explotación sexual, la mendicidad forzada, la servidumbre en prácticas como el padrinazgo o madrinazgo de las empleadas del hogar, entre muchos otros aspectos. Reconocer y formular políticas claras en contra de la trata de personas significa tener en cuenta un problema que afecta principalmente a los niños y niñas, así como a las mujeres de toda edad.
Finalmente, y quizás la deuda más grande del discurso del presidente Humala en materia de derechos es que no se refirió en ningún momento a las víctimas del conflicto armado –incluidos a los militares y policías-. En unos días se conmemorará los 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), fecha hasta ahora desapercibida desde el gobierno. No existe una política de memoria, y más allá de algunos anuncios sobre la lucha del narcoterrorismo en el VRAEM, parece que Sendero Luminoso no existió.
El mensaje hubiera sido un buen momento para que el gobierno reconozca con un gesto sincero de arrepentimiento los abusos que existieron frente al país (como se hizo días atrás con el reconocimiento de responsabilidad internacional para algunas víctimas por casos vinculados al conflicto armado y en los cuales el Perú fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos). El Lugar de la Memoria será abierto en unos meses, sin que se establezca una política de Estado para reparar el derecho a la verdad de las víctimas, especialmente cuando los procesos judiciales sobre la materia están en su mayoría entrampados, en un país con 15 mil desaparecidos y 6500 sitios de entierros clandestinos a nivel nacional. La reparación a las víctimas parece que seguirá siendo una promesa cada vez más lejana de cumplir. El gobierno debería recordar en su política “prioritaria” de inclusión social que, tal como se mencionó en las conclusiones del Informe Final de la CVR, las reparaciones generan “confianza cívica, restableciendo las relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado, de modo que se consolide la transición y gobernabilidad democráticas y se prevengan nuevos escenarios de violencia.”
El mensaje presidencial fue poco esperanzador por diversos motivos, vinculados al momento político en que se emitió. Sin embargo,el Presidente de la República pudo haber cambiado esta percepción si hubiese pensado un poco más en los ciudadanos que vivimos en este país, quienes exigimos de nuestro Estado condiciones adecuadas para una vida digna. Existen diversidad de colectivos con agendas distintas, pero una forma de cumplir con sus exigencias es reconociéndolas y para ello, resulta esencial que los gobernantes empiecen a perder el miedo a admitir que deben tener un enfoque de derechos humanos en sus políticas públicas.
Escribe: Jean Franco Olivera, investigador del IDEHPUCP
