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Opinión 25 de noviembre de 2016

La situación de nuestro país en esta materia es preocupante. Para demostrarlo, contamos con algunas cifras. De acuerdo con la CEPAL, ocupamos el tercer lugar en América Latina en feminicidios, es decir, en aquellos homicidios cometidos por conductas basadas en el género. La Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2015, encargada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 65.2% de las mujeres con parejas han sufrido alguna agesión en su vida, mientras que el 28% de mujeres mayores de edad ha sido víctima de cualquier tipo de violencia durante los últimos 12 meses. Las víctimas, en su mayoría, se encuentran entre 40 y 49 años de edad. Este mismo documento indica que buena parte de los peruanos apoyan creencias como encasillar a la mujer únicamente en sus roles de madre, esposa o ama de casa o la necesidad de contar con un varón en el hogar para «poner orden y disciplina». Mientras que la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015 del Instituto Nacional de Estadística e Informática revela que el 70.8% de mujeres han sufrido alguna vez violencia por parte de sus parejas. La forma de violencia más extendida es la psicológica y/o verbal.

Resulta claro que estas cifras, así como diverso tipo de denuncias presentadas tanto ante el sistema de justicia como en medios de comunicación, nos reflejan cómo nuestra sociedad ha instaurado estereotipos enraizados en el hogar, la escuela y otros espacios de socialización que terminan repercutiendo en la forma como tratamos a las mujeres. Peor aún, un importante porcentaje de peruanos no observa que nos encontremos ante un problema. La ya mencionada Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2015 indica que el 54.8% de personas tolera que las mujeres sean víctimas de violencia familiar.

En esa línea, resulta indispensable que los mecanismos de denuncia y de solución sean cabalmente potenciales. Es indispensable que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuente con más prespuesto para la atención de casos de violencia de género y familiar. Lo mismo deberá hacer el nuevo presidente del Poder Judicial, entidad que nunca ha elegido a una mujer como cabeza de la misma. Pero, más allá de cuestiones estrictamente presupuestales, resulta indispensable que el personal a cargo de la atención de las denuncias sea debida y constantemente capacitado para poder atender este tipo de casos. En sentencias como las de los casos Contreras y Guillén, arriba mencionadas, así como en otros procesos judiciales, se trasluce una carga machista bastante fuerte en los operadores de justicia. Lo mismo podemos decir del personal policial – sobre todo masculino – que, con sus preguntas, termina echando la culpa a las mujeres por las agresiones de las que son víctimas en el seno de sus hogares o por sus parejas. La infeliz frase «qué habrás hecho, pues» es pan de cada día en los funcionarios que reciben estas denuncias.

Más allá de los indispensables aspectos represivos, resulta importante que los colegios y las universidades aborden abiertamente las temáticas vinculadas a la violencia de género y, sobre todo, eliminen cualquier tipo de estereotipo vinculado a roles de género. Ello no solo parte de incorporar ambas cuestiones al Currículo Educativo Escolar, como lo ha hecho recientemente el Ministerio de Educación, sino también que los profesores sepan predicar con el ejemplo y, sobre todo, detener cualquier tipo de agresión o bullying por este tipo de causas.

Finalmente, a los ciudadanos nos corresponde una tarea esencial. Sobre todo, a los hombres. Debemos ser capaces de reconocer cuando incurrimos en prácticas cotidianas que suponen un tipo de agresión contra las mujeres y, sobre todo, nunca más repetirlas y, por supuesto, denunciarlas. Seamos conscientes que debemos ser los mejores aliados en esta lucha, pero para ello, resulta indispensable ser claros en que no somos los protagonistas. Resulta necesario evitar reproducir los mismos prejuicios en los que incurren muchas autoridades cuando conocemos situaciones de violencia, como la desconfianza que se tiene contra los testimonios brindados por mujeres.

Y, en particular, debemos ser los primeros en detener aquellos rituales de hombres frente a varias botellas de cerveza que presumen de sus conquistas sexuales, la protección de instituciones educativas frente a los profesores que abusan de sus alumnas o las acosan, los tocamientos en los medios públicos de transporte, los medios de comunicación donde se destila misoginia en conductores y productores, el acoso político y, en general, cualquier tipo de violencia en un país que no demuestra respeto por sus ciudadanas.

Escribe: José Alejandro Godoy, asistente de prensa del IDEHPUCP

(25.11.2016)