La conjura contra el Fiscal de la Nación que se desarrolla en el Congreso es una demostración más del carácter inherentemente autoritario y, por consiguiente, antidemocrático de Fuerza Popular o, para decirlo en términos más amplios, de esa fuerza política que conocemos como fujimorismo. Todavía se recuerda el empeño de diversos líderes de opinión en convencernos, durante las pasadas elecciones, de que esta agrupación se había convertido en una organización democrática, respetuosa de las instituciones y con una agenda de interés público. Bastaba, en ese entonces, mirar el entorno que rodeaba a la candidata presidencial para notar la ingenuidad de esa creencia. Esa candidez se vio expuesta, en todo caso, desde el día mismo de la elección. Hasta hace poco, el carácter antidemocrático del fujimorismo, acicateado por un insuperado rencor por la derrota electoral, había dejado como saldo tres ministros censurados y un gabinete forzado a renunciar prematuramente. El espíritu de obstrucción y la intención de sembrar inestabilidad institucional usando la fuerza del número definen, hoy, sin lugar a discusión, a esa fuerza política.
Hoy se está dando un paso adelante en esa arremetida contra las instituciones teniendo como blanco al Fiscal de la Nación. La acusación levantada contra él –en momentos en que se reabría la investigación a Joaquín Ramírez, factótum del fujimorismo presuntamente vinculado al delito de lavado de activos– es completamente deleznable. Y, al serlo, revela que ella obedece a motivaciones subrepticias. Se acusa al Fiscal de omisión funcional, pretendiendo hacerlo responsable de faltas supuestamente cometidas por un fiscal sobre el cual el titular del Ministerio Público no tiene autoridad jurisdiccional. De otro lado, incluso si la acusación fuera contra el fiscal a cargo del caso Lava Jato se trataría de una arbitrariedad, pues se lo cuestiona por no haber realizado ciertas diligencias en un proceso que todavía está en curso.
Como se ha sido dicho antes, la única y evidente explicación para esta acusación, que resolverá el fujimorismo en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, es que se trata o de una represalia o de un intento de bloquear las investigaciones penales sobre figuras centrales de la organización, o de las dos cosas al mismo tiempo.
En todo caso, ellas reflejan de una manera clara el enorme riesgo bajo el cual está nuestra democracia hoy en día. Esta democracia fue recuperada hace 16 años después de un periodo ominoso de sometimiento y desnaturalización de nuestras instituciones. La primera tarea del gobierno transitorio que sucedió a Alberto Fujimori fue, en efecto, reconstruir el Estado de Derecho restaurando la dignidad institucional del país. Lo que tenemos hoy en día como espectáculo diario en el Congreso es la tendencia contraria: una paulatina erosión de los procedimientos democráticos básicos ante la pasividad y el silencio de las demás fuerzas políticas y la atonía, cuando la complacencia, de muchos sectores de la opinión pública. La conjura contra el Fiscal de la Nación es un nuevo paso, que puede ser decisivo, en ese proceso de degradación que el fujimorismo quiere imponerle a esta democracia que tiene de rehén.
