¿Qué significa la elección producida ayer en el Congreso de la República?
Provoca vergüenza e indignación. Instituciones que han sido concebidas para velar por la justicia, por el respeto de los derechos ciudadanos, por la defensa de quienes son atropellados, han sido traicionadas en su misma esencia por políticos desacreditados quienes, desconociendo su naturaleza, simplemente han querido cumplir con la norma que designaba a sus miembros, en función de intereses partidarios.
Peor aún, estos intereses ni siquiera significan la defensa de ideas, que se pueden debatir, sino cuestiones vinculadas a la ganancia ilícita, el amparo a acciones ilegales. Este hecho constituye una estafa a la sociedad que, lejos de estar protegida y tener confianza, se siente defraudada y alejada de las autoridades que rigen la vida de la nación. Por desgracia, esta situación viene de antiguo. El reparto de puestos ha ido tan lejos que la elección resulta clamorosa en lo que respecta a su desacierto.
En el caso del Tribunal Constitucional se ha elegido a dos abogados cercanos al actual gobierno, así como al socio del estudio que patrocina tanto a Alberto Fujimori como a procesados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico. ¿Qué señal se le da al país con la elección de estas personas?
Se trata de un mal signo. A menos que haya una conversión semejante a la que tuvo San Pablo, camino de Damasco, es imposible pensar que el señor Rolando Sousa se pronuncie en algo que contravenga las tesis que defiende el fujimorismo. Similar cuestión se puede decir de los miembros del Tribunal Constitucional que están allí gracias a los votos del nacionalismo, frente a cualquier proyecto que provenga desde el gobierno, incluido cualquier pronunciamiento sobre la legitimidad o no de la candidatura de la señora Heredia.
¿Le preocupa la trayectoria de otro de los magistrados elegidos ayer?
Hay, además, otro miembro elegido que ha adelantado opinión sobre temas controvertidos. Sabemos como piensa el señor Sardón en torno al indulto a Fujimori. También es conocida su posición en torno al tema de la Universidad Católica, donde ya se pronunció, hace algún tiempo, en contra de la autonomía e identidad de nuestra casa de estudios, asumiendo la posición del Arzobispado de Lima.
En torno a los abogados de reconocida trayectoria que han sido elegidos como miembros del Tribunal Constitucional, ¿qué espera de su conducta?
Respecto de algunas personas elegidas y que mantienen una carrera limpia y digna, con fuertes calificaciones profesionales y jurídicas, en un acto de transparencia e inteligencia, deberían apartarse de una institución que se ha manchado.
En el caso de la Defensoría del Pueblo, la situación es grave, pues se ha tenido a cuatro titulares independientes, que nunca dejaron que se politizara. Además, es la institución depositaria del acervo documentario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Los cuestionamientos hechos a la trayectoria de la señora Freitas por su sinuosa carrera política no nos deja ser muy optimistas. Me temo que la Defensoría, bajo esta nueva gestión, se puede convertir en la defensora del actual gobierno antes que de los ciudadanos.
Llama la atención, sin embargo, que para el Banco Central de Reserva sí se haya logrado escoger a personas solventes y de reconocidas calidades profesionales.
Creo que, si bien lo económico es fundamental en la vida moderna, depende de una serie de normas que deben ser aplicadas e interpretadas y también debe tener en consideración un conjunto de derechos que deben ser defendidos y protegidos. ¿Qué ganamos con una institución que marche bien en lo económico y que consolide teóricamente nuestra buena marcha si es que hay negociaciones poco claras sobre los derechos de comunidades y personas?
La mayoría de medios de comunicacion han reprobado esta elección y un conjunto de ciudadanos se han movilizado rechazando lo ocurrido en el Congreso de la República. ¿Estos signos constituyen una luz de esperanza frente a posibles nuevos atropellos?
Es un buen signo. Pero espero que no sea flor de un día y no se agote en la coyuntura. Espero que lo de ayer sea el primer paso de organización de la sociedad civil para fiscalizar las acciones que se tomen en la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Los medios de comunicación deberán estar atentos a lo que ocurra en ambas instituciones.
