26/09/2014

Saweto: el Estado sigue en deuda

salomon_lerner_discursoEl asesinato de cuatro dirigentes de la comunidad ashaninka Alto Tamaya Saweto es un crimen que no debe quedar impune. El Estado tiene la obligación de esclarecer ese crimen y llevar a la justicia a los responsables. Tiene también el deber de atender con diligencia los derechos de los deudos de los ciudadanos asesinados, los dirigentes ashaninka Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Francisco Pinedo Ramírez y Jorge Ríos Pérez. Nuestro país no puede ni debe seguir existiendo como una sociedad donde hay ciudadanos de primera y de segunda clase, donde las vidas de unos valen más y reciben más protección que las vidas de otros.

Este crimen, por lo demás, vuelve a  expresar –de modo sombrío y ominoso– los grandes problemas de nuestra sociedad, cuestiones irresueltas y, más que eso, descuidadas mientras las autoridades, los sectores políticos y empresariales y la gran prensa despliegan, exhibiendo en el fondo gran incoherencia, un discurso triunfal sobre el crecimiento y el desarrollo en el Perú.

Uno de los grandes temas no enfrentados es, desde luego, la exclusión de porciones enteras de la ciudadanía de la autoridad democrática del Estado. Nuestras instituciones todavía mantienen en el abandono a grandes zonas del país, incumplen su deber de regular y hacer cumplir la ley y, por cierto, no hacen sentir su presencia para la resolución pacífica, y de acuerdo a ley, de los conflictos.

Se ha hecho notar cómo la comunidad de origen de los dirigentes sacrificados, así como varias otras, vienen demandando, desde hace mucho tiempo, una actuación más efectiva de las instituciones del Estado en el contexto de una fuerte presencia de mafias dedicadas a la tala ilegal de nuestros bosques. Se ha preferido sin embargo la negligencia, cuando no una asolapada colusión, con esos grupos ilegales, y se ha dejado a las comunidades indígenas o nativas de la zona en estado de desamparo. No exageramos si afirmamos que la muerte de los cuatro ciudadanos ashaninka que lamentamos es, a su modo, un resultado de la negligencia del Estado.

Otro aspecto a considerar es, naturalmente, el descuido inexcusable en la protección y la explotación racional de nuestros recursos naturales, así como la renuencia del Estado a proteger seriamente los derechos colectivos de nuestra población indígena o nativa. A pesar de que en las dos últimas décadas el Estado se ha fortalecido significativamente en términos económicos, aún no ha asumido tareas básicas para nuestro desarrollo como, por ejemplo, el urgente reordenamiento territorial. Se ha adoptado una visión facilista consistente en dejar hacer negocios, legales o ilegales, formales o informales, como si todo lo que el país necesitara fuera expandir la masa de dinero no importando como él se distribuye, y sin pensar tampoco los fines sociales y la protección de los derechos ciudadanos que debieran hallarse servidos por tal bonanza.

Una de las recomendaciones generales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hace ya once años, fue fomentar “la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio recogiendo y respetando la organización popular, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo la participación ciudadana”. La trágica muerte de cuatro conciudadanos ashaninka nos recuerda, de modo ingrato, que esa tarea no ha sido aún cumplida.

La República