Está en marcha una nueva campaña de ocultamiento de crímenes del pasado. Se trata, ahora, de desacreditar la demanda de justicia por las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Los hechos pueden parecer confusos a quien observe superficialmente la cuestión debido a la diversidad de cifras relevantes. El negacionismo explota, precisamente, esa complejidad de la información para sus fines
En resumen, se trata de lo siguiente: en la década de 1990 se aplicó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que incluía entre sus métodos la esterilización quirúrgica. En la práctica, el programa, enfocado principalmente en mujeres andinas, adquirió carácter compulsivo. Entidades privadas y públicas, como la Defensoría del Pueblo, han demostrado este carácter. Se fijaba metas de cumplimiento a los agentes estatales. Para cumplir esas metas, el personal desplegaba tácticas coercitivas. La libre voluntad de las mujeres fue doblegada de diversos modos: amenazas, engaños, acoso, ofrecimiento de dádivas, presión sobre los esposos, operaciones furtivas. Pero incluso quienes consintieron fueron atendidas en condiciones indignas y recibieron tratamientos negligentes que en muchos casos les dejaron graves secuelas.
El saldo de esta política todavía no está establecido. Es cierto que hay cifras dispares, pero todas ellas señalan la gravedad de los hechos, nunca su trivialidad. El número de mujeres intervenidas ronda las 300 mil. El número de denuncias de esterilización forzada más conocido -corresponde a víctimas organizadas- es de 2074. Ya ese número autoriza a hablar de un crimen contra la humanidad. Pero lo más razonable es pensar que hay muchos más abusos no denunciados o no investigados. Un mecanismo de documentación más amplio, que recaba testimonios y no estrictamente denuncias, registra más de 10 mil testimonios de mujeres que han sufrido diversos abusos. Se trata de un registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creado en 2015 y todavía en construcción. El mismo ministerio tiene denuncias de más de 5 mil casos de esterilización forzada. El Ministerio Público está investigando más de 2100 denuncias. Por ahora se sabe de 18 mujeres fallecidas. O se desmiente esas cifras o se acepta que estamos ante un crimen grave y masivo, no ante un accidente.
Hasta ahora la justicia ha denegado una respuesta a las víctimas. Diversas fiscalías han pretendido que se trata de malas prácticas de funcionarios o médicos aislados. También se niega que las amenazas, engaños, dádivas y presiones a mujeres pobres y privadas de instrucción configuren técnicamente una coacción.
Pero si el Estado está en falta -aún se espera una investigación de cómo funcionó el programa-, sería peor que la sociedad también desconociera los hechos. Para que haya justicia se necesita verdad. El negacionismo, el uso sofista de las cifras, tiene el fin contrario: hacer imposible la verdad, cerrar el paso a la justicia y prolongar ese racismo y esa indiferencia hacia los derechos de las mujeres, que socavan cotidianamente a nuestra democracia.
