Sin duda alguna, el candidato puede o no ser de nuestro agrado, sus propuestas pueden o no estar equivocadas y sus declaraciones pueden o no ser adecuadas. Sin embargo, cuando se aborda de esta forma un tipo de noticia, lo único que queda en evidencia es la naturalización de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Como bien se ha dicho para muchos otros casos, los procesos electorales pueden mostrar lo peor que tenemos como sociedad, en particular, enfatizando en un reflejo de las deficiencias que tenemos para consolidar la vigencia de nuestros derechos. Y es que si la polarización de la segunda vuelta en el proceso electoral del 2011 nos mostró las diferentes formas de discriminación que persisten entre peruanos y peruanas; esta elección también nos va mostrando diferentes formas de violencia de género.
Esta forma de abordar la noticia ignora que, tal como señala el informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las economías para realizar los derechos, elaborado por la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres), las brechas de género entre la población económicamente activa se asocian con tasas de crecimiento más bajas de tal forma que, en América Latina y el Caribe, estas brechas en el mercado laboral reducen el Producto Bruto Interno per cápita en un 14% y que, si bien en algunos casos, estas desigualdades económicas pueden sustentar un crecimiento económico, esto se debería en gran medida por el trabajo de cuidado o doméstico que ejercen en gran medida las mujeres de nuestra región. Además, que parte del crecimiento económico en nuestra región, entre los años 1990 y 2013, se debe a esta disminución en las brechas de género, ya que el ingreso de las mujeres en la fuerza laboral pasó de 40% al 54%. Sin embargo, el trabajo informal de las mujeres llega a ser del 59% y el trabajo doméstico, que representa el 15%, sigue sin estar protegido por la legislación laboral en la mayoría de nuestros países.
Estos datos nos muestran que nuestros países aún se encuentran lejos de superar las brechas de género en el ámbito económico por lo que si un candidato menciona que su esposa ha logrado asumir los gastos familiares y eso le permite involucrarse en una campaña electoral, esto no puede ser visto como algo que descalifique su candidatura. Así, tal vez es necesario ir un poco más allá de este asunto ya que esto no es todo lo que está en juego con lo evidenciado con este tipo de noticias. Es necesario recordar que estas prácticas violentas contra las mujeres en la política ya han sido reportadas y difundidas.
Un ejemplo de estos trabajos es el estudio de Beatriz Llanos, apoyado por IDEA Internacional y ONU Mujeres, acerca de la cobertura periodística a candidatos y candidatas en procesos electorales en América Latina entre los años 2009 y 2011. Este ha demostrado que el tema de igualdad de género no llega ni al 2% de cobertura en la mayoría de países y que, en el caso peruano, este tema no llego ni al 1%. Peor aún, en siete de ocho países analizados, el sesgo con el que se trató los temas fue mayoritariamente positivo o neutro y solo en el caso peruano tuvo un 54.1% de cobertura negativa. Asimismo, en la mayoría de casos, el porcentaje de cobertura de las campañas de candidatas estuvo por debajo del porcentaje de su presencia en las listas electorales ya que, por ejemplo, en el caso peruano recibieron un 25.7% de cobertura, a pesar de componer el 34% de las candidaturas.
Considerando estos datos, se puede afirmar que los medios de comunicación siguen reproduciendo y fortaleciendo diversos estereotipos de género que se manifiestan en contextos electorales tal como el que venimos presenciando. Los titulares de prensa escrita y las columnas periodísticas que se han publicado a partir de las declaraciones del candidato Guzmán solo demuestran, lamentablemente, cómo estas prácticas siguen presentes en nuestro escenario político electoral. Sin embargo, es necesario aprovechar estos problemas para que los candidatos y las candidatas al Congreso y la Presidencia de la República puedan exponer sus principales propuestas respecto a la reducción de las brechas de género en el país. Si bien muchos de los planes de gobierno presentados colocan los temas de reducción de violencia contra la mujer y el empoderamiento económico de la mujer, por ejemplo, son pocos los que aún tienen posturas claras respecto a los derechos de las personas LGTBI. Esperamos que en las próximas semanas estos temas sean considerados dentro del debate electoral y que, no solo sea un tratamiento superficial sino coherente con una práctica política democrática e inclusiva. Recordemos que en los procesos electorales no solo intervienen los candidatos y las candidatas, sino también otros actores como son los medios de comunicación y que, finalmente, es necesario que todos y todas podamos cuestionar aquellas expresiones violentas que vulneren diversos derechos.
Escribe: Diego Uchuypoma, investigador del IDEHPUCP
(21.01.2015)
